Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. Aquella frase de la sabiduría popular de evitar tirar piedras al vecino cuando el techo propio es de vidrio parece hoy obviada de forma conveniente por el amnésico gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Estado emitió un comunicado de prensa el pasado 12 de octubre en el cual informó la intención de utilizar la sala del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas para el lanzamiento de la campaña denominada “Jailed for what” (“Encarcelados por qué”) en contra de la isla caribeña.
De acuerdo con la representante permanente de la mayor de las Antillas ante la ONU, Anayansi Rodríguez, Washington intenta empañar el nombre de Naciones Unidas en un acto contra un Estado miembro, Cuba, en contradicción con los propósitos y principios de la Carta del organismo multilateral.
El pasado 15 de octubre, la embajadora solicitó el apoyo del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) ante el uso politizado de las salas de conferencia de Naciones Unidas.
“Cuba apreciará como un acto solidario la no participación de los miembros del Mnoal de la farsa que Estados Unidos pretende orquestar, en caso de que el evento se mantenga”, señaló.
También alertó a la Secretaría de la entidad internacional que sería responsable de cualquier incidente que pudiera ocurrir el 17 de octubre. [Finalmente, ese día se presentó la campaña y, durante el acto, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, señaló que las condiciones carcelarias de, por lo menos, 130 presos políticos en Cuba son deplorables” (1)]
Para Rodríguez, el carácter de la nota de prensa distribuida muestra claramente los objetivos del evento, al anunciar el inicio de una falaz campaña contra Cuba e incluir frases insultantes, añadió, como “la naturaleza represiva del régimen”.
Estados Unidos alega la supuesta existencia de 130 presos políticos y acusa al gobierno cubano de ser responsable de violaciones de sus derechos humanos y del uso continuado de detenciones arbitrarias, explicó la diplomática.
Sin embargo, recalcó, esas son sólo acusaciones engañosas para silenciar al pueblo cubano, y aseveró que dicho evento constituye “una farsa política del peor gusto, edificada sobre falsos argumentos y con actores de reparto de un oscuro historial al servicio de una potencia extranjera”.
Esto se suma a la escalada de acciones contra Cuba de la actual administración estadunidense, que pretende justificar la política genocida del bloqueo económico, comercial y financiero hacia la isla, impuesta durante casi 60 años, aseguró Rodríguez.
Mientras Estados Unidos protagoniza, apoya o encubre algunos de los más grandes y escandalosos atropellos que se cometen contra los derechos humanos en el mundo, intenta singularizar a Cuba con una campaña engañosa de calumnias, puntualizó.
Incluida la actual, las administraciones estadunidenses han rechazado decididamente el concepto de que los derechos económicos y sociales son derechos humanos plenos. Pero la negación no elimina la responsabilidad, ni tampoco anula las obligaciones, agregó en un informe a finales de 2017 Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas, sobre una visita que realizó a Estados Unidos durante 2 semanas.
Dicho texto plantea que la normativa internacional de los derechos mencionados reconoce el de la educación, la atención médica, la protección social a quienes la necesiten, y a un estándar de vida adecuado.
En la práctica, sostiene, Estados Unidos es el único entre los países desarrollados en insistir que si bien los derechos humanos son de importancia fundamental no incluyen los que protegen contra morir de hambre, por falta de acceso a atención médica asequible o crecer en un contexto de indigencia total.
Según Alston, la riqueza, el poderío y la tecnología estadunidense no se están aprovechando para abordar la situación en la cual 40 millones de sus habitantes continúan viviendo en la pobreza.
“Encontré mucha gente que apenas sobrevive en el área de Skid Row en Los Ángeles, y fui testigo cuando un policía en San Francisco le decía a un grupo de indigentes que se desplazara pero era incapaz de responder cuando le preguntaban adónde podían hacerlo”, contó el relator.
“Me enteré –anotó– que miles de pobres reciben actas de infracciones leves al parecer intencionalmente diseñadas para que rápidamente se conviertan en deudas impagables. Observé cómo las aguas residuales cubren los jardines en estados donde los gobiernos locales no consideran que las instalaciones sanitarias son su responsabilidad”, precisó.
“Escuché acerca de las crecientes tasas de mortalidad y la destrucción de familias y comunidades provocadas por la adicción a medicamentos y otras drogas”, expuso.
Alston señaló que mientras conversaba con la gente en los diferentes estados norteamericanos, frecuentemente le preguntaban cómo se compara su país con otros, y a continuación refirió varios aspectos.
Entre los datos del reporte se encuentra que Estados Unidos gasta más en defensa nacional que China, Arabia Saudita, Rusia, Reino Unido, India, Francia y Japón de manera conjunta.
Las enfermedades tropicales desatendidas, incluyendo el zika, son cada vez más comunes en territorio estadunidense, y se estima que unos 12 millones de personas viven con una infección parasítica sin tratamiento.
Referido a términos de acceso al agua potable y saneamiento, Estados Unidos ocupa el puesto 36 en el mundo, y tiene la tasa de encarcelamiento más alta del orbe. Por otra parte, subraya el reporte, la automatización y robotización están apartando a muchos trabajadores de mediana edad de trabajos en los cuales ellos alguna vez creyeron estar seguros.
Solamente un mínimo porcentaje de la población en la economía del siglo XXI está inmune de la posibilidad de caer en la pobreza como consecuencia de situaciones negativas fuera de su propio control.
También recalca que la piedra angular de la sociedad estadunidense es la democracia, pero está siendo socavada constantemente, y el principio de “una persona, un voto” se aplica sólo en teoría, al encontrase muy lejos de la realidad.
En Estados Unidos, enfatiza la fuente, existe la inhabilitación manifiesta de un gran número de criminales, una regla que predominantemente afecta a los ciudadanos negros pues ellos son quienes de manera específica resultan objeto de penalización.
Además, existe el requisito a menudo de que las personas que ya pagaron su deuda con la sociedad no puedan recuperar su derecho a votar hasta que liquiden todas las multas y cargos pendientes.
[1] Nota de Contralínea.
Diony Sanabia/Prensa Latina
[OPINIÓN][ARTÍCULO]
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