La disputa de los comandantes supremos

La disputa pública reciente que se ha librado entre el presidente Felipe Calderón y el expresidente Vicente Fox es, en realidad, la disputa de cómo actuaron como comandantes supremos de las Fuerzas Armadas y cuál de las dos estrategias para combatir al narcotráfico fue la mejor.

Aunque nunca ha aclarado exactamente lo que quiere decir, el presidente Calderón afirma que si su antecesor hubiera actuado a tiempo contra el narcotráfico, México no estaría viviendo la situación actual. Fox, por supuesto, califica de idealista a su sucesor, propone la salida del Ejército de la lucha contra el narcotráfico y defiende la legalización del consumo y tráfico de drogas como la única salida posible al problema.

Pareciera como si los dos presidentes hubieran elegido estrategias completamente distintas. Sin embargo, las medidas adoptadas por cada quien han sido semejantes y siguen una línea de continuidad. Fox, por ejemplo, movilizó a las tropas a través del operativo México Seguro. Calderón le cambió el nombre a su “nueva” estrategia: le puso Operativo Conjunto México, y aumentó progresivamente el número de militares desplegados en promedio contra el narcotráfico. Las tendencias principales, sin embargo, siguen siendo las mismas en ambos gobiernos.

Los dos hicieron uso de operaciones encabezadas por el Ejército y movilizaron a la Infantería de Marina. Ambos mantuvieron intocable la legislación militar, a pesar de que la justicia militar estaba puesta bajo cuestionamiento por parte de las organizaciones de derechos humanos que criticaban la impunidad de los militares en los tribunales castrenses. En ambos gobiernos, ha predominado la tendencia de nombrar generales retirados o con licencia como jefes de seguridad pública municipal o estatal. Ambos presidentes emplearon a grupos de fuerzas especiales para operaciones de alto impacto y a bases de operación mixta para establecer retenes carreteros.

Ha habido diferencias, por supuesto; pero éstas han tenido que ver con la intención de aprovechar las carencias de las Fuerzas Armadas para obtener su respaldo y justificar su empleo. Calderón ordenó así un incremento en los haberes de los soldados que, a final de cuentas, no solucionó el atraso económico ni la pobreza en la que viven las tropas. Otra diferencia importante es que Calderón reinició los ascensos de los mandos navales que estuvieron congelados durante todo el sexenio del presidente Fox. Calderón intentó también aumentar el presupuesto de inversión en las Fuerzas Armadas para paliar el congelamiento de este rubro del gasto militar en el gobierno anterior. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destaca, en sus informes de labores, cómo fue suspendida en 2008 la inversión de 300 millones de pesos en la Fuerza Aérea que ya había sido previamente aprobada por la Cámara de Diputados un año atrás.

Contrario a la percepción pública y al propio discurso gubernamental, ambos gobiernos incrementaron la militarización de la lucha contra el narcotráfico, pero usaron la fuerza militar en forma limitada, sin lograr el financiamiento completo que requerían las operaciones y los gastos en mantenimiento y actualización de los sistemas de armas.

Esas limitaciones se expresaron en un ejercicio austero del gasto de las Fuerzas Armadas, que a su vez limitó la renovación del armamento, la disponibilidad de las unidades militares y la procuración del apoyo logístico para las tropas en combate contra el narcotráfico.

Si a esa situación le sumamos el hecho de la inexistencia de una reforma policial, las estrategias elegidas han dado como resultado una política débil e ineficiente para reducir la violencia y controlar a los grupos del crimen organizado, cuya capacidad de fuego ha permanecido constante y sus niveles de violencia han aumentado de manera desproporcionada, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos.

De los dos países, México es quizá el socio cuyo discurso ha enfatizado más el uso del poder militar como la política de seguridad contra el narcotráfico en la región fronteriza.

Sin embargo, el despliegue estratégico en la frontera Norte ha seguido siendo igual al que se gestó durante los gobiernos priistas. Fox y Calderón heredaron y mantuvieron una concentración de fuerza militar constante en la región fronteriza, con 11 del total de 46 zonas militares y la mitad de las 26 guarniciones militares del país. Ahí está concentrado el grueso de los batallones de caballería motorizada.

A pesar de la publicidad que recibieron los primeros operativos militares en la zona fronteriza, la verdad es que el despliegue militar realizado en los primeros dos años de este gobierno fue apenas algo más que tímido y regular. La Sedena reportó que reforzó la vigilancia tanto en la frontera Norte como en la frontera Sur con un promedio de 1 mil 397 efectivos militares y 80 vehículos para realizar patrullajes en ambas zonas fronterizas.

Ninguno de los dos presidentes logró, sin embargo, elevar el gasto en las operaciones militares de la zona fronteriza. Durante el gobierno del presidente Calderón, ese gasto ha, incluso, disminuido. Los datos sugieren que la carencia de recursos de operación podría colocar a esos soldados en el riesgo de la inefectividad y debilidad operativa en el contexto de una violencia exacerbada proveniente del crimen organizado.

Las tres regiones militares fronterizas con Estados Unidos recibieron el 7.16 por ciento del total del presupuesto militar (42 mil 451 millones de pesos para el año fiscal 2010) y apenas el 5.9 por ciento del total del gasto de operaciones militares de la Sedena (6 mil 751 millones de pesos para el año fiscal 2010). Esos porcentajes se redujeron en el proyecto de presupuesto 2011 en 6.8 y 5.6 por ciento, respectivamente.

Una de las observaciones más importantes que podría hacerse a la política militar del presidente Calderón es que la decisión de poner a las Fuerzas Armadas al frente del combate al narcotráfico no estuvo precedida de los recursos que requería esa aplicación de fuerza.

Los documentos de la Sedena presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante este gobierno hablan del desgaste rápido del equipamiento de transporte, de la utilización de vehículos que no sólo habían llegado al fin de su vida útil, sino que no eran propios para los escenarios de operación urbana que implicaba la estrategia antinarcóticos.

A eso habría que agregar la obsolescencia de los equipos de comunicación militar. Según la Sedena, sus equipos son de una tecnología muy antigua que ocupa un ancho de banda satelital muy grande y reduce el número de empleados que pueden utilizar el sistema simultáneamente.

“Los equipos de comunicaciones que actualmente son utilizados para cumplir con esta misión son de tecnología antigua; fueron adquiridos a finales de la década de 1980 y no son adecuados para manejar grandes volúmenes de información como actualmente es requerido”, explica otro documento de la Sedena dirigido a Hacienda.

El documento explica que, “en ocasiones, existen retrasos en la expedición de información ocasionando trastornos negativos en el correcto cumplimiento de las misiones de los diversos mandos territoriales”. La situación se agrava con la interrupción temporal de las comunicaciones satelitales, debido a la pérdida del satélite Solidaridad II.

¿Cuál ha sido entonces el elemento distintivo de la estrategia del presidente Calderón? Uno es que ha enfocado sus fuerzas en el desmantelamiento de los cárteles de Juárez, de los hermanos Beltrán Leyva, y del grupo de Los Zetas. El cártel de Tijuana ya había sido diezmado durante la administración de Fox, y el gobierno de Calderón se ha encargado de reprimir la multiplicación de las células restantes. Sin embargo, los golpes contra el cártel de Sinaloa han sido de menor envergadura en los dos gobiernos, lo que ha hecho pensar a los analistas de seguridad en el desequilibrio de un ataque selectivo a los cárteles.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas han logrado la detención de jefes y mandos intermedios relevantes de esas organizaciones del mundo criminal, así como de decenas de miles de pequeños distribuidores y otras personas que colaboran como soldados de las organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, como lo vemos a diario, la violencia no ha cesado y está rompiendo récords históricos.

¿Qué podría seguir? El mismo presidente Calderón y diversos funcionarios de su gobierno han insistido en que no habrá marcha atrás. Sin recursos ni inversión militar, ni el diseño adecuado de una reforma policial, la estrategia de combate frontal hacia el narcotráfico parece ser más una política fallida que impacta en la moral de las Fuerzas Armadas e impulsa al surgimiento de grupos vigilantes y paramilitares para confrontar a los narcotraficantes. El Ejército ha hecho un esfuerzo significativo para contener las críticas a los casos de violación a los derechos humanos y reducir la deserción masiva de soldados que pasan al crimen organizado; pero con estas políticas, ¿cuánto tiempo más logrará resistir y evitar la desmoralización institucional?

Fox y Calderón ahora se han enfrascado en un intercambio de críticas y en una colisión política. La realidad es que sus políticas han sido de continuidad y no de ruptura y ambas han sido erráticas e insuficientes para contener la ola de violencia que aqueja al país, ofrecer una estrategia integral y atacar al narcotráfico por todos los frentes, incluido el social, el económico y el político. Emplear casi exclusivamente a las Fuerzas Armadas y exigirles más operativos sin financiar sus necesidades logísticas, materiales y humanas, equivale no sólo a sostener una política errónea, sino también a ejercer una estrategia equivocada en un contexto de máxima debilidad.

jlsierra@hotmail.com

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington

Fuente: Contralínea 208 / 14 de Noviembre de 2010