Es preocupante observar los diversos escenarios para México que, de suceder, podrían poner en riesgo su estabilidad y viabilidad.
Uno de éstos, de corte catastrófico, imaginado por actores en los ámbitos de la seguridad dentro y fuera del país, afectaría el resultado de la elección y situaría al país al borde de una crisis peor a la que se experimentó en 1994 con el alzamiento armado en Chiapas y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el de José Francisco Ruiz Massieu, entonces diputado electo y futuro coordinador de la Cámara de Diputados.
Una de las acciones potenciales más terribles que hay que tomar en cuenta que dichos grupos intenten asesinar a uno de los candidatos a la Presidencia. Al igual que en 1994, la muerte de un candidato sembraría la confusión entre la opinión pública y arrojaría la sombra de sospecha sobre el poder Ejecutivo, con el consiguiente daño al Partido Acción Nacional (PAN) y sus posibilidades de continuar en el poder.
Para llevar a cabo esa operación, los grupos de poder requerirían de la capacidad para realizar una operación de guerra sicológica a gran escala, lo que sólo sería posible si contaran con aliados dentro de las estructuras políticas y de seguridad del gobierno.
Aunque el país no ha estado exento del asesinato reciente de candidatos a puestos de elección popular, un ataque a los aspirantes presidenciales lo situaría en una de las crisis políticas, económicas y sociales más severas de su historia reciente.
Varias debilidades de la política del gobierno actual podrían facilitar que cualquiera de esos escenarios pueda ocurrir: la pretensión casi enferma de algunos grupos de poder en el PAN para impedir a toda costa (con todo lo que eso implique) que Andrés Manuel López Obrador gane la elección y conquiste la Presidencia de la República. En este ambiente de incertidumbre, nada impediría que la franja decisiva del voto volátil rechace la continuidad del PAN en el poder, la posibilidad del regreso del PRI y se incline hacia el Partido de la Revolución Democrática.
Los excesos y abusos de las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado contra los grupos de la delincuencia organizada, que incluirían la probable ejecución extrajudicial y desaparición forzada de narcotraficantes, la multiplicación de víctimas no relacionadas con el conflicto, son a final de cuentas una debilidad importante porque disminuyen el apoyo popular.
En este espectro de vulnerabilidades también se encuentra la proliferación de grupos paramilitares y de seguridad privada que están librando su propia lucha armada contra bandas criminales rivales. Aún se desconocen los contactos de estos grupos con los cuerpos de seguridad, pero la posibilidad de que existan y sigan activos no debe de descartarse.
Los cambios en el aparato de seguridad han dejado al país sin una capacidad adecuada de contrainteligencia, lo que podría afectar a los escudos del gobierno contra la infiltración del narcotráfico y otras organizaciones criminales y abrir una gran ventana de vulnerabilidad.
La renovación del equipo de las Fuerzas Armadas no ocurre al mismo ritmo de las exigencias de movilización que ha tenido en esta administración. Los militares siguen encabezando el combate al narcotráfico en contra del marco jurídico vigente y sin una inversión suficiente en equipo, armas, logística y efectivos para una lucha que se libra prácticamente en todo el territorio nacional.
La política gubernamental contra la delincuencia organizada se basa casi exclusivamente en la aplicación de la fuerza y ha dejado de lado otros componentes sociales, políticos y económicos que podrían disminuir los espacios de dominio criminal, acrecentar el apoyo de la población y crear las bases para una redefinición de las políticas de seguridad.
Estas vulnerabilidades han sido analizadas por observadores extranjeros que también han esbozado escenarios pesimistas. Uno de éstos es la hipótesis del México fallido, como una situación grave de ingobernabilidad que se materializa como la peor consecuencia para un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de la población, confrontar a la delincuencia organizada, mantener la integridad territorial e impedir el desbordamiento de la influencia criminal sobre las instituciones. Para dichos analistas varias porciones del país ya son pequeños Estados fallidos.
Entre los escenarios que han sido pensados por personajes de seguridad de Estados Unidos aparece la posibilidad de que sus Fuerzas Armadas invadan al país para derrocar a un grupo de narcotraficantes que habría tomado el poder con ayuda de una fracción desertora del Ejército.
Otros consideran el escenario de bandas criminales que se comportan más como una guerrilla que como grupos de la delincuencia organizada. Algunos ven el problema como una evidencia de que los grupos criminales intentan construir su propia capacidad insurgente con el apoyo de sectores de la población que no ven otras alternativas de sobrevivencia que no sean las de unirse a la delincuencia organizada.
Aún es a tiempo de reducir drásticamente las posibilidades de que esas catástrofes ocurran. Pero eso no sería posible si al mismo tiempo no se revisan y corrigen las políticas que no han hecho más que profundizar la debilidad gubernamental y abonar el terreno para los peores escenarios.
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington
