—Sí, sí le entramos. Es muy grave todo esto –resolvió sin titubear Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Bucio había escuchado atentamente la solicitud que le hice en mi carácter de periodista e integrante de la Asamblea (ciudadana) Consultiva del Consejo.
—Tenemos que intervenir –le pedí–. Los agravios contra los periodistas se han incrementado geométricamente hasta derivar en un clima extraordinario de exclusión y violencia, que claramente configura el delito de discriminación.
—Para mí está claro. El Consejo debe actuar frente a ello –reiteró–. Tenemos que ver cómo le hacemos para que nuestra intervención sea efectiva.
Era el 5 de marzo de 2009. Bucio, en su oficina, se preparaba para presidir la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Conapred. Él fue designado apenas en diciembre.
Allí concordamos que yo, como consejero ciudadano, elaboraría urgentemente un documento con los datos más recientes del fenómeno y, sobre todo, con propuestas para la acción del Consejo. Salimos rumbo a la sesión.
Al terminar la junta, ambos le comentamos su decisión a José Antonio Guevara, responsable de la unidad de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (también integrante de la Junta de Gobierno del Consejo), quien comentó: “Muy bien, yo puedo apoyar desde mi posición”.
Es perfectamente documentable cómo, en todo el país, se ha generalizado una actitud, con fuertes rasgos de violencia, contra los periodistas que incomodan, cavilé mientras buscaba los datos más antiguos al respecto.
El origen de este ciclo bien puede ubicarse en aquel 30 de mayo de 1984, hace 26 años, cuando fueron asesinados en lugares y momentos distintos el reportero Javier Juárez Vázquez, en Minatitlán, Veracruz, y el columnista Manuel Buendía Tellezgirón, en la ciudad de México.
Desde entonces, se aceleró el carácter violento de la intolerancia contra nosotros. El de Veracruz fue un crimen cometido presuntamente por una banda de narcotraficantes de la zona, conocida como La Matancera. A Buendía, según la primera fiscalía especial que hubo en México, y la única que ha sido efectiva, lo mataron para acallarlo, para que no revelara los nexos de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico, que crecía aceleradamente y, claro, también para mandar el mensaje de silencio a los demás periodistas.
En uno y otro caso, los periodistas más preocupados nos movilizamos por años, investigando, pidiendo justicia y coadyuvando con la fiscalía especial. Nuestra preocupación era que, de no lograrse el castigo rápido del asesinato contra Buendía, sobrevendría una oleada de agravios contra ese tipo de periodismo.
Los presuntos autores del homicidio del columnista fueron apresados en 1989 y condenados después. La mayoría está libre ya. El otro no se aclaró. Lo peor es que no logramos frenar ese tipo de reacciones contra el periodismo incómodo.
Allí comenzó este ciclo
Hurgué en mis archivos. Reuní los datos que había recogido durante los días recientes en reuniones y presentaciones de informes de las fuentes más confiables. Corroboré otros. Y el 8 de marzo entregué al presidente del Conapred lo más contundente para respaldar su decisión de defender a los periodistas.
La siguiente es una sinopsis del documento Causas y razones para la intervención urgente del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación ante los agravios y asesinatos contra periodistas.
En México ocurre una serie de hechos extraordinarios y recurrentes que han derivado en un clima de intolerancia, de exclusión y de violencia contra un grupo (social) con diversificación nacional, el de los periodistas, que atenta contra su dignidad e integridad humanas, que le disminuye el ejercicio pleno de sus libertades de prensa y de expresión, y que, además por efecto colisión, también restringe el derecho a la información de amplios sectores de la población mexicana y produce anomia, es decir, situaciones de desconcierto y tensión social extraordinarias.
Los periodistas conforman un grupo social de características nacionales porque su función es extraordinaria, al cumplir con un trabajo especializado, de características únicas y necesario para la salud social: los periodistas realizan cotidianamente la labor de captar, procesar y difundir la información de interés publico con formas y medios profesionales, con evidentes efectos en la comunicación social que se requiere entre gobernantes y gobernados y para la buena marcha de los procesos democráticos.
El Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, en un documento fechado el jueves 4 de marzo, reportó:
“México es ya la nación con más agravios y asesinatos cometidos contra periodistas que lo han convertido en el segundo país de más alta peligrosidad para ejercer la profesión de periodista, sólo superado por Irak, nación que se encuentra en guerra.”
La afirmación de este Frente tiene respaldo en los datos que han documentado diversas asociaciones independientes o autónomas. Aunque cada una tiene métodos y resultados distintos para sus registros, todas las cifras indican incrementos paulatinos y preocupantes de agresiones, aun las más conservadoras.
El 10 de febrero de 2010, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la asociación civil Artículo XIX aseguraron que, en 2009, fueron 244 los agravios.
El 22 de febrero de 2010, la asociación civil Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) reportó 184 agresiones en 2009.
El 5 de marzo de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó su informe de actividades 2009, donde reportó 79 quejas por agresiones.
En cualquiera de estos registros, resulta preocupante la cantidad y la recurrencia de agravios: en el caso más alto, de 225 en un año, el promedio sería de una agresión cada día y medio; en la cifra más baja, de 79, la recurrencia sería de una cada cuatro días y medio.
La CNDH, que registró el número menor de agravios en 2009, de todos modos interpreta que el “(…) aumento en la frecuencia y la gravedad de las amenazas y las agresiones directas contra periodistas y medios de comunicación, hasta convertirlos en destinatarios de actos violentos (es) en mucho mayor medida que en ningún otro momento de la historia reciente”.
Los organismos independientes coinciden con la CNDH en que este tipo de hechos han ido creciendo, consecutivamente cada año, en cantidad y violencia. El Centro Miguel Agustín Pro tiene documentado que el total de agravios con Ernesto Zedillo (1994-2000) fue de 157; con Vicente Fox, 208. Cencos y Artículo XIX computan un total de 514 en los primeros tres años de gobierno de Felipe Calderón (143 en 2007, 127 en 2008 y 244 en 2009). Ésta es la peor época de agravios contra periodistas, según los casos conocidos.
Los registros de todas las fuentes también son altamente coincidentes en la ubicación de los presuntos agresores. Cencos y Artículo XIX aseguran que el 65.67 por ciento de los agravios de 2009 fueron de servidores públicos; 7.79 por ciento, de integrantes o simpatizantes de partidos políticos.
El Cepet, que tiene el registro más exhaustivo, indica: “Prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario”.
La CNDH, por su parte, documentó que “los agravios más frecuentes contra los periodistas son: amenazas, intimidación, trato cruel o degradante, detención arbitraria, incumplimiento de la función pública de procurar justicia, negativa al derecho de petición y robo, así como en menor medida se registra la imputación indebida de hechos, empleo arbitrario de la fuerza pública, cateos y visitas domiciliarias ilegales, retención ilegal y hostigamiento”.
En todos los registros de presuntos agresores, los grupos de la llamada delincuencia organizada ocupan el rango menor (6.15 por ciento), aseguran Cencos y Artículo XIX. En tanto que el Cepet sostiene que fue alrededor del 5 por ciento en 2009 (12 de un total de 244 agravios).
Es presumible que estos organismos sólo hayan registrado los asesinatos por ser noticias inocultables, y no otro tipo de agravios que los afectados ocultasen por temor –y que no denuncien ante la autoridad–, al haber sido cometidos por la delincuencia organizada.
Los asesinatos son la expresión más violenta de los agravios. También en este aspecto, los registros varían por las diferentes formas de recopilar la información y porque cada metodología elige ámbitos de acción más limitados o amplios de los agraviados.
En cualquier caso, los crímenes contra personas vinculadas al ejercicio del periodismo también han ido creciendo en proporción geométrica. Ése es el motivo de mayor preocupación, pero no el único.
Esta alza se confirma con el cruce de datos de los tres organismos que han hecho registros históricos de los asesinatos: el Informe 2008, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; la Recomendación General 17 de la CNDH, emitida el 19 de agosto de 2009, y los informes de la asociación civil Reporteros sin Fronteras.
Según esos registros, de 1970 a 2010, en poco menos de 40 años han sido asesinadas 185 personas ligadas al ejercicio del periodismo. Esa cantidad, de por sí alta, crea preocupación porque la incidencia de este delito igual se incrementó durante el actual gobierno federal: tan sólo entre enero y marzo de este año, ocurrieron cinco homicidios, en promedio uno cada 20 días; en 2009 fueron 13, uno cada 28 días; en 2008 se registraron 12, uno cada 30 días; en 2007 fueron cuatro, uno cada 91 días.
Así, en los 40 meses del actual sexenio, han sido 34 los crímenes. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos sostiene haber registrado 37 sólo en 2009, pero no ofrece la relación de nombres, fechas y función del agraviado. Como fuera, en la mitad de este sexenio ya se superó el total de todo el anterior, cuando ocurrieron 30.
Los 64 crímenes en los 10 años más recientes (de diciembre de 2000 a marzo de 2010) contrastan con los 121 registrados en los 30 años anteriores. Todo esto revela que el crecimiento de asesinatos a personas vinculadas el ejercicio del periodismo también ha sido geométrico (ver cuadro).
A esos lúgubres resultados en casi 10 años, hay que agregar las desapariciones de otras cinco personas en Tamaulipas, que se suman a las nueve registradas desde 2000; esto es, 15 desaparecidos.
Los organismos referidos y otros internacionales coinciden en que los agravios aumentan extraordinariamente en número y frecuencia, gracias al clima de impunidad que los rodea; clima que produce miedo y autocensura.
El fenómeno que comenzó como periodistofobia ya se convirtió en discriminación, es decir, en delito federal tanto de particulares como de autoridades, por acción y por omisión.
En ese sentido, es elocuente la Recomendación General 17 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en diciembre de 2009 para diversas autoridades federales, estatales y municipales:
1) Terminar con la impunidad; 2) Lograr la protección del ejercicio periodístico; 3) Una actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia; 4) Sancionar a las autoridades que actúen con dolo o negligencia; 5) Garantizar la seguridad de los periodistas que cubren situaciones de riesgo; 6) Hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación del daño; 7) Revisar la competencia de las diversas autoridades y sus mecanismos de rendición de cuentas.
Los organismos defensores y las asociaciones referidas coinciden en señalar que los periodistas se han convertido en un grupo social altamente vulnerable para el ejercicio de su labor, en su integridad y dignidad, al igual que sus familias. También acusan que la ineficaz acción del Estado los ha excluido de las garantías de seguridad que el Estado debe proporcionales.
Eso es discriminación, según el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Además, la mayoría de organismos señala, como correlato, que el fenómeno ha lastimado el ejercicio pleno de las libertades de expresión y de prensa, y se afectaron los derechos de amplios sectores de población.
Este panorama es, a mi juicio, suficiente motivo para la intervención urgente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Las acciones posibles que recomendé son:
1) Encabezar estudios específicos del fenómeno, tales como un mapa de riesgos y un diagnóstico sobre los derechos de los periodistas en México; 2) Participar en el diseño y operación del mecanismo protector de periodistas en alto riesgo, lo que significa solicitar su pertenencia al comité que tomará las decisiones; ser factor para la concurrencia de periodistas y organizaciones de periodistas en el diseño y operación del mecanismo para la protección, organizando o participando en foros nacionales, encuentros multilaterales y reuniones trilaterales con los funcionarios de gobierno involucrados; participar al comité de protección de los datos y estudios académicos que realice y sean insumos que le ayuden a sus labores de protección; solicitar su pertenencia al eventual comité de evaluación de riesgos extremos a periodistas y comunicadores; participar en el diseño y aplicación de protocolos de prevención, medidas cautelares, salvaguarda, refugio y otros que garanticen la integridad de los amenazados; y ser factor para los apoyos complementarios a periodistas en situación de contingencia o riesgos extremos para ellos o sus familias, tales como médicos, sicológicos, educativos, empleo temporal, etcétera, que puedan prestar otras dependencias del gobierno federal integrantes de la Junta de Gobierno del Conapred; 3) Definir y proponer políticas públicas para la investigación ministerial y castigo a los agresores, y otras preventivas para la defensa e impulso de la libertad de expresión, en la pluralidad y la libertad, como reclaman los periodistas.
—¿Qué sigue? –pregunté en varios momentos a Ricardo Bucio. Comedido fue explicando en cada ocasión:
“Evaluar si las acciones propuestas son las más pertinentes, si se pueden realizar otras. Hablar con Gobernación para determinar nuestra participación en el comité de protección a periodistas; buscar el presupuesto de los magros recursos autorizados para el Consejo en 2010, y designar a la persona o personas que encabecen esta tarea…
“Pero sí intervendrá el Consejo. Ya le presenté los datos al subsecretario buscando apoyo…”
Mientras, calculo yo, vendrán más agravios, otros asesinatos, seguirá creciendo la periodistofobia ya convertida en pauta social de comportamiento discriminatorio. Y junto con ello seguirán más fuertes los reclamos de periodistas y organismos internacionales porque, en los hechos, no se ven respuestas efectivas del gobierno federal, entre otras causas porque las cámaras de Senadores y de Diputados parecen escleróticas frente a este fenómeno.
| Periodo | Presidente | Asesinatos | Incidencia |
| 1970-1976 | Luís Echeverría Álvarez | 6 | Uno cada 12 meses |
| 1976-1982 | José López Portillo | 12 | Uno cada seis meses |
| 1982-1988 | Miguel de la Madrid | 33 | Uno cada 2.2 meses |
| 1988-1994 | Carlos Salinas de Gortari | 46 | Uno cada 1.5 meses |
| 1994-2000 | Ernesto Zedillo P. de L. | 24 | Uno cada tres meses |
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| 121 |
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| 2000-2006 | Vicente Fox Quesada | 30 | Uno cada 2.3 meses |
| 2006-2010 | Felipe Calderón (40 meses) | 34 | Uno cada 1.17 meses |
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| 2007 | 4 | Uno cada 1.5. meses |
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| 2008 | 12 | Uno cada 60 días |
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| 2009 | 13 | Uno cada 28 días |
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| 2010 (enero-marzo) | 5 | Uno cada 20 días |
| Datos hasta el 20 de marzo de 2010 Fuentes: Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Informe 2008; CNDH, Recomendación General 17; Centro Miguel Agustín Pro, Informe 2008; Centro Nacional de Comunicación Social y Artículo XIX, Informe 2009, Reporteros sin Fronteras. | |||
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