El 5 de junio de 2009 por la mañana, en el predio baldío contiguo al improvisado bodegón con techo de láminas combustibles y paredes endebles, que albergaba a la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se dio luz verde para quemar documentación comprometedora del corrupto Plan Sonora Proyecta (consultar Contralínea-Sonora de noviembre de 2007), desde el despacho del exdesgobernador. En ese predio, que también se usaba como estacionamiento del transporte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tanques de gasolina, para la campaña electoral del entonces senador Alfonso Elías Serrano, estaba, pues, esa papelería y se decidió prenderle fuego. No era inocente la acción incendiaria. Y entre las 13 y 14 horas de ese sábado, las llamas alcanzaban las láminas de la guardería donde había 123 niños, desde casi recién nacidos hasta de 4 y 5 años de edad, a quienes sus padres recogerían al filo de las 16 horas.
Pero las llamas abrazaron a la guardería, muriendo 49 de ellos en ese infierno y quedando 74 más con daños físicos y mentales de por vida; y sus madres y padres hasta la fecha, en su mayoría, con serios problemas sicológicos. Pero desde hace 7 años, con denuncias y protestas públicas en esa entidad y en la capital del país, más las informaciones en los medios de comunicación, no han dejado de exigir el deslinde de responsabilidades penales y civiles contra José Eduardo Robinson-Bours Castelo, entonces en la recta final de su corruptísimo sexenio.
Con un documento a todas luces falso (da cuenta en su información la reportera Diana Baptista (Reforma, 13 de septiembre de 2016), recogiendo las declaraciones del abogado de los padres organizados en la asociación Manos Unidas, en el sentido de que ese documento sirvió como distractor “de las investigaciones para evitar acusaciones contra el gobierno estatal por un incendio provocado para eliminar documentos oficiales” de la administración de Robinson-Bours. El oficio falso con las siglas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de fecha 26 de julio de 2005 donde supuestamente se daban indicaciones para mejorar la seguridad de la guardería, sirvió para encontrar penalmente responsables a cuando menos cuatro funcionarios y otros empleados de esa guardería.
La historia de esa tragedia está narrada por el periodista Diego Enrique Osorno, en su libro: Nosotros somos los culpables. La tragedia de la Guardería ABC, con prólogo de Ricardo Rocha, editorial Grijalbo, 2010. Es verdad que la guardería estaba en pésimas condiciones y con una mínima seguridad, empezando por el techo de láminas inflamables. Sin embargo, el verdadero culpable fue el incendio provocado en las bodegas del gobierno de Robinson-Bours, para desaparecer pruebas de los más de 10 mil millones de pesos que jamás fueron utilizados por el Plan Sonora Proyecta, y se fueron por el desagüe de la inmensa corrupción de ese gobierno. Obviamente y salvo prueba en contrario, se buscaba, también, provocar el incendio de la guardería para tapar la incineración de los papeles de Sonora Proyecta.
Empero, la muerte de 49 niños y 74 más daños de por vida, si bien ha dejado en el olvido los 10 mil millones de pesos del agandalle, ha permitido que la tragedia de la guardería ABC se mantenga a pesar de las complicidades del corruptísimo panista Guillermo Padrés, del entonces presidente de la República Felipe Calderón y del actual inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto. Éstos se negaron y Peña se niega, con su Procuraduría General de la República (PGR), a llegar a las últimas consecuencias de la tragedia por intereses creados con Matilde Altagracia Gómez del Campo (familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo). Y los arreglos de Peña con Calderón; para que, primero, Calderón despejara el camino a Peña para la sucesión presidencial del 2012. Y ahora Peña estaría haciendo lo mismo: despejar el camino franco a Margarita Zavala, en un toma y daca, en lo que sería: el PRI por el Partido Acción Nacional (PAN) y ahora el regreso del PAN (con el sonriente Meade de nueva cuenta en Hacienda y el regreso de Videgaray, casado con prominente panista, a Relaciones Exteriores, máxime si triunfa Trump).
En el despacho de la procuradora Arely Gómez está la denuncia de los padres de los 49 niños fallecidos, contra el desgobernador Robinson-Bours y el procurador Abel Murrieta, por falsificación de documentos, alteración del lugar de los hechos (la bodega donde se ordenó incinerar el agandalle de los 10 mil millones de pesos de Sonora Proyecta). Y sobre que el incendio tenía como objetivo indirecto, que la guardería fuera devorada por las llamas. La información de la reportera Diana Baptista sobre los hechos y la denuncia de que fueron sentenciados, con ese documento más que presumiblemente falso, dos personas: Sandra Télles y Antonio Salido, quienes purgan una sentencia de 28 años de prisión, abre un nuevo enfoque.
Así que nuevamente el incendio de la Guardería ABC está al rojo vivo, porque, además, dicen los padres de familia de Manos Unidas, la PGR quiere dar carpetazo a la investigación con una cuarta inspección-peritaje, como lo informó la reportera-corresponsal Cristina Gómez (La Jornada, 10 de septiembre de 2016), que busca echar abajo las que dictaminaron que el doble incendio fue provocado por el desgobernador Robinson-Bours Castelo.
Álvaro Cepeda Neri
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]
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