Durante las últimas semanas los diarios destacaron los resultados del estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De acuerdo con éste, la pobreza multidimensional ha aumentado en México de 48.8 millones de personas en 2008, a 52 millones en 2010, es decir que en sólo dos años 3.2 millones de personas pasaron a ser oficialmente pobres multidimensionales. Ésta es la nueva denominación que se añadió a la pobreza, al crear nuevos modelos de medición en cuyo diseño participan expertos, pero no los que son evaluados, solamente se les indica que tan pobres son.
¿A qué se refiere el término multidimensional? Desde hace ocho años, dada la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, oficialmente se incorporaron los derechos económicos, sociales y culturales a la estrategia de medición de pobreza. También se consideran los avances de programas sociales para cumplir esos derechos, (independientemente del ingreso económico con que cuenta cada familia). Se mide, por un lado, el acceso a la educación, seguro social, piso firme, agua, alimentación, etcétera; y, por el otro, el ingreso económico familiar. Por ejemplo, si una persona es privada de un derecho social y del ingreso económico necesario para satisfacer sus necesidades, se le considera dentro del conjunto de pobreza multidimensional. También, se estima pobreza cuando coinciden las carencias de más de tres beneficios sociales e ingreso menor al costo de la canasta básica (11.2 millones de personas en 2008, de acuerdo con esta medición oficial).
Si bien es cierto que no hay que menospreciar este esfuerzo por optimizar las estrategias de medición de pobreza y reconocer, el esfuerzo que implica, es necesario señalar algunas consideraciones desde el ámbito integral de los derechos humanos y, sobre todo, de los sociales. La primera de éstas, (reconocida por el Coneval), es la imposibilidad de comprobar la calidad de un servicio social que se considera cumplido. La estrategia de medición, por razones de costos y practicidad, requiere medir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales desde una lógica binaria, es decir, se cumplen o no. El derecho a la salud, por ejemplo, se considera efectuado cuando una persona cuenta con seguro médico, y no cumplido cuando no existe afiliación alguna. Si el servicio médico brindado por una institución de salud es limitado, eso ya no queda registrado como una carencia.
Otro problema en este tipo de estrategias de medición utilizadas como una herramienta política. Puede darse el caso de que algunos funcionarios, al saber cuál es la carencia que más destaca en una entidad, enfoquen los programas sociales para agudizarla o inhibirla, de acuerdo con las conveniencias del erario, su bolsillo y, también muy importante, su imagen.
Consideremos –aunque sea sólo como una suposición– que el de los datos que provee el Coneval no son su responsabilidad y que existe una verdadera vocación de servicio social en quienes lo dirigen (tanto interna como externamente). Aun así persiste una dificultad: la constancia de definir la pobreza desde fuera y sólo al considerar su cara material. Se ha pretendido agregar los derechos económicos, sociales y culturales a la medición de calidad de vida, pero en realidad no todos éstos están tomados en cuenta, sino sólo los que se pueden cuantificar económicamente o como una aportación concreta y directa del gobierno (programas de vivienda, salud, educación). Esta estrategia de medición deja fuera todos los derechos que, si bien, son observables, no son cuantificables. Entre éstos uno que parece suele ser olvidado por las autoridades (pero reconocido en tratados internacionales): el derecho a la libre determinación de los pueblos y con éste todo un conjunto de derechos que son más de percepción interna (o de altos costos de medición) que de observación externa, como el derecho a vivir en un ambiente sano y en paz, a la vivienda y a la alimentación adecuada, a la no discriminación, a ser consultados, a la información y varios más.
El Coneval mide la constancia con que una familia se alimenta, pero no la calidad del alimento ni la penetración de la comida chatarra en su dieta; considera si la vivienda cuenta con acceso al agua, pero no su calidad, no considera el efecto tóxico de los desechos industriales en ríos y aire; toma en cuenta la distribución territorial, pero no los desplazamientos forzados (cada vez más comunes en México y en el mundo por la construcción de mega proyectos). Mucho menos los efectos negativos que los programas sociales originan, como la corrupción, escisiones y enfrentamientos entre integrantes de comunidades, pérdida de la identidad social, asistencialismo. En fin, existe una estrategia integral de conteo, pero ninguna para atender la primera demanda del excluido: ser escuchado.
Los estudios del Coneval son importantes para el avance en el combate a la pobreza y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales; y es innegable el beneficio que aportan los programas sociales a millones de mexicanos; sin embargo, mientras las estrategias de medición de pobreza y programas sociales no se integren con estrategias de candados al uso político y mientras el gobierno no dé la potestad de la demanda de sus derechos a quienes los manifiestan quebrantados; mientras tanto las matemáticas estén por encima de la sensibilidad social; las instituciones se adjudiquen el poder unívoco de determinar que derechos sí y cuáles no son ponderables y asistibles; hasta que no se integre al propio interesado en las decisiones de políticas públicas y se le catalogue su pobreza desde fuera; y mientras no se escuche y se actúe a pesar del otro y por su bien, como pueblo, los mexicanos seguiremos inmersos en el círculo vicioso de sustituir un problema por otro (hambre por sobrepeso y diabetes, por ejemplo) y la sospecha del uso político de programas sociales prevalecerá sobre cualquier otra motivación.
*Integrante del área de de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
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Revista Contralínea 273 / 26 febrero de 2012
