Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social

Guillermo Castillo Ramírez*

Una sociedad que trata a los trabajadores y los migrantes como objetos es una sociedad enferma. Consigna de una manifestación promigrantes

Si no nos organizamos nosotros y nos defendemos, nadie lo va a hacer. Testimonio de un migrante jornalero

El martes 17 de marzo del presente año, después de dos intentos de negociación y como protesta para denunciar la explotación y hacer oír sus demandas de respeto a los derechos laborales, miles de jornaleros del Valle de San Quintín (al Sur de Ensenada, Baja California), convocados por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social a una movilización pacífica, llevaron a cabo un paro y el bloqueo de la carretera transpeninsular por más de 26 horas (Proceso, edición 2003; La Jornada, 21 de marzo de 2015); las zonas en las que se concentraron las acciones de bloqueo fueron justamente en las que se encontraban los ranchos agrícolas caracterizados por las condiciones de trabajo más precarias y abusivas (Proceso, edición 2003). A poco más de 1 día de iniciadas estas movilizaciones, el miércoles 26 de marzo, con el aval de las autoridades estatales y del gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega, la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno detuvo a más de 200 individuos (Proceso, edición 2003), mediante aprehensiones masivas donde se usaron balas de goma y gases lacrimógenos (La Jornada Baja California, 19 de marzo de 2015).

La génesis de la protesta

Estas movilizaciones no fueron actos aislados ni repentinos, fueron una etapa de una lucha que, como antecedente, tuvo dos hechos previos:

1. Por un lado y con relación a una situación de abuso estructural, las condiciones de explotación laboral que por años han sufrido los jornaleros en los ranchos agrícolas de la región. Muchos de estos jornaleros provienen del Sur del país (especialmente de Oaxaca) y son indígenas que se desplazaron hace años de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida y de trabajos mejor remunerados; las empresas y ranchos agrícolas se aprovechaban y a la fecha abusan de la condición de migrantes y de trabajadores temporales de estos jornaleros para escatimar los derechos laborales y las prestaciones que por ley les corresponden. Recientemente, apuntaron el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Red de Jornaleros Internos, la gran mayoría de los jornaleros agrícolas no cuenta con un contrato de trabajo formal y tiene desproporcionadas jornadas de trabajo, con un promedio de 57 horas los hombres y 65 horas las mujeres (La Jornada, 27 de marzo de 2015). Los propietarios de estos ranchos y empresas tratan a estos trabajadores agrícolas como mano de obra barata y desechable (La Jornada, 24 de marzo de 2015). A decir de los jornaleros organizados, hay 1 docena de empresas agrícolas principalmente nacionales, pero también extranjeras, que se distinguen por su falta de respeto constante y profundo a los derechos humanos y laborales elementales de los trabajadores agrícolas (Proceso, edición 2003); y de estas empresas, especialmente dos, Santa María de los Pinos (con las peores condiciones de trabajo del Valle de San Quintín) y Valladolid Aragonés, tienen o han tenido vínculos directos con el gobierno estatal, ya que los propietarios de ambas empresas han desempeñado y/o detentan altos cargos públicos relacionados con la producción agropecuaria (Proceso, edición 2003).

2. Por otra parte, y como antecedente previo, el ineficaz proceso de negociación y las dos fallidas mesas de diálogo (15 de octubre de 2014 y 22 de enero de 2015), donde las exigencias de decenas de miles de jornaleros no fueron atendidas con seriedad ni por el gobierno estatal (que no envió a la Secretaría de Trabajo de Baja California a los encuentros acordados) ni por los sectores patronal y los grupos sindicales oficialistas, quienes tampoco hicieron acto de presencia (Proceso, edición 2003). En este tenor, destaca la ausencia de sensibilidad y voluntad política del gobierno estatal y del grupo patronal para dar seguimiento, atención y resolución al pliego petitorio de este grupo de jornaleros organizados, mostrando de facto su indiferencia y desdén para con estos trabajadores agrícolas.

Éste no es un caso nuevo ni aislado de abuso laboral y marginación social de migrantes, indígenas y campesinos. Por el contrario, remite a una condición general y de carácter estructural de buena parte del país y se engarza con otros hechos de abuso social, como las recientes denuncias de explotación laboral de 200 tarahumaras en Baja California y de 49 jornaleros en Colima. De hecho, según el FIOB y la Red de Jornaleros Internos, en México hay más de 2 millones de jornaleros trabajando en 18 entidades federativas del país en condiciones de explotación y sin los derechos y las prestaciones laborales que por ley les corresponden; más de la mitad de estos trabajadores agrícolas proceden de los 10 estados más pobres, principalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (La Jornada, 27 de marzo de 2015).

La ley, letra muerta

Mientras, sujetos con capacidad de organización y resistencia social, los jornaleros delinearon sus acciones en torno tanto al reconocimiento y repudio de una condición de aguda opresión que viven en carne propia, como a la demanda de un pliego petitorio muy puntal con miras a conseguir otras situaciones de trabajo y vida. Sus exigencias son las siguientes: aumento del salario por jornal (300 pesos por día); reducción de la jornada laboral a lo estipulado conforme a la ley; que inicie el proceso de afiliación de los jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social; el pago de las prestaciones conforme a la ley; tener acceso a vacaciones y el derecho a 1 día de descanso a la semana; que las horas de trabajo extra sean voluntarias y remuneradas de manera adicional y de acuerdo con lo estipulado en la ley; el respeto y ejercicio de los derechos de las madres trabajadoras; y el cese absoluto e indagación del acoso sexual que sufren las mujeres jornaleras en los ranchos agrícolas (Proceso, edición 2003; La Jornada, 21 de marzo de 2015).

Dicho pliego petitorio refleja y denuncia dos dinámicas de marginación y exclusión socioeconómica que de manera simultánea y en diferentes ámbitos sufren permanentemente ciertos sectores de la población (indígenas, campesinos, migrantes):

a) Los procesos de explotación a los que son sometidos los jornaleros por parte de los empleadores y las empresas, que van desde el excesivo número de horas trabajadas y la nimia remuneración económica que reciben por su trabajo hasta la ausencia de contrato laboral, condiciones de trabajo seguras, prestaciones y derechos a la seguridad social, pasando por las vejaciones y las agresiones sexuales en el caso de las mujeres.

b) Que la ley laboral, que norma y supuestamente debería regir y regular los contratos entre empleado y empleador a fin de defender los derechos de todos los trabajadores (especialmente de los más desprotegidos y vulnerables) es letra muerta y una promesa incumplida. En este tenor, el Estado, al no hacer valer y ejercer la ley laboral, incumple con una de sus obligaciones fundamentales para con sus ciudadanos: tener acceso a un trabajo justo, seguro y bien remunerado, que le permita tener una vida digna.

Guillermo Castillo Ramírez*

*Maestro y doctor en antropología; autor de proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de trabajo en migración nacional e internacional y procesos de movilidad geográfica de grupos indígenas y campesinos en México

[OPINIÓN]

 

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 Contralínea 432 / del 12 al 18 de Abril 2015