Pese a los cambios positivos que supuestamente traerían los acuerdos derivados de las negociaciones de mayo y junio pasados entre los voceros de los jornaleros organizados de San Quintín, los funcionarios de los gobiernos estatal y federal y los representantes de los propietarios de los ranchos agrícolas, las situaciones laborales y de vida de los trabajadores agrícolas de este valle no han mejorado en absoluto; por el contrario, han empeorado, volviéndose todavía más precarias sus condiciones de existencia material (“No se ha cumplido ninguno de los 13 acuerdos, denuncian jornaleros de BC”, La Jornada, 26 de agosto de 2015). Como desde hace décadas, y derivado de los procesos de reestructuración productiva del campo relacionados con las políticas neoliberales en el ámbito rural, el valle de San Quintín encarna hoy día un microcosmos social desigual y asimétrico –caracterizado por extremos opuestos–, que refleja lo que acontece en gran parte del agro mexicano contemporáneo (“Jornaleros de San Quintín: entre la explotación y la resistencia”, AlaiNet, 25 de marzo de 2015). Por un lado, muchos empresarios agrícolas indolentes que fincan buena parte de su prosperidad económica y ganancias monetarias en relaciones laborales abusivas e ilegales (“Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social”, Contralínea, 12 de abril de 2015), y, por otra parte, trabajadores agrícolas desposeídos y empobrecidos que laboran en condiciones que rayan en la esclavitud, ante la imperiosa necesidad de ganarse el sustento para la vida diaria (“San Quintín, reflejo de la ignominia y los reclamos de justicia”, La Jornada del Campo 94, 18 de julio de 2015). Sobre la generalizada y lacerante miseria de las decenas de miles de jornaleros se erige la riqueza de un reducido y voraz grupo los patrones.
En este tenor, San Quintín condensa tres complejos procesos socioeconómicos y políticos de carácter nacional relacionados entre sí.
El segundo proceso alude a las formas de cómo, a través de las dinámicas de enganche y las cadenas de contratación, muchos de los agroempresarios del centro y Noroeste de México, de manera alevosa, se aprovecharon de las condiciones de precariedad de estos cuantiosos contingentes de campesinos desposeídos y desocupados provenientes, principalmente, del Sur del país para incrementar sus ganancias. Ante las imperiosas necesidades de empleo de estos desheredados y olvidados del campo, muchos de los propietarios de los campos agrícolas y los ranchos –como es el caso de varias empresas en San Quintín– les impusieron condiciones laborales que, además de violar flagrantemente la Ley Federal del Trabajo, claramente pueden ser catalogadas como explotación moderna: ausencia de contrato laboral, carencia de seguridad social y de las prestaciones de ley, jornadas laborales que por semana rondan en las 60 horas, además de la falta de respeto a los derechos humanos en diversos niveles (“Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social, Contralínea, 12 de abril de 2015; y “En semiesclavitud, más de 2 millones de jornaleros, La Jornada, 6 de abril 2015).
El último y tercer proceso tiene que ver con la ausencia del Estado respecto a sus obligaciones de defensa y garantía de los derechos de los jornaleros, lo cual se manifestó a través de una política oficial selectiva que se orienta a beneficiar a grupos de poder económico. Por un lado, y desde un marco histórico-estructural previo, las instituciones estatales no garantizaron el contexto socioeconómico indispensable para que, además de la posesión y/o acceso a la tierra –como medio de subsistencia–, los campesinos tuvieran las condiciones e infraestructura de trabajo y desarrollo para tener una vida digna y justa –acorde al marco jurídico constitucional– en sus lugares de origen. Por otra parte, y desde la consideración de su etapa de trabajadores fuera de su lugar de origen, una vez que estos campesinos-migrantes ya eran jornaleros en la producción mercantil hortícola, las instituciones oficiales tampoco pudieron hacer valer y respetar sus derechos laborales, sociales y humanos.
En este adverso contexto y tras la emergencia de un movimiento organizado de jornaleros que se caracterizó por movilizaciones durante varios meses (tomas de carreteras, encuentros, manifestaciones, aparición en los medios de comunicación, caravanas, alianzas con sindicatos y organizaciones sociopolíticas y de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeras), los trabajadores agrícolas de San Quintín lograron crear las condiciones para un arduo y complejo proceso de negociación; proceso en el que, debido a la presión mediática y social, se vieron forzados a sentarse a dialogar las autoridades estatales y federales y los representantes y voceros del grupo de propietarios de los ranchos agrícolas (“Balances y saldos de las movilizaciones de jornaleros de San Quintín, Bilaterales, 16 de junio de 2015).
A pesar de los obstáculos y los intentos de sabotear el proceso de negociación por parte del sector patronal (“Patrones rechazan pagar 200 pesos al día a jornaleros de Baja California, La Jornada, 16 de mayo 2015) y de los sindicatos oficiales (Confederación de Trabajadores de México, Confederación Regional Obrera Mexicana) coludidos con los dueños de los ranchos agrícolas (“Defiende la Confederación Regional Obrera Mexicana a los patrones de San Quintín”, La Jornada, 17 de mayo 2015), en mayo y junio del presente año se consiguieron más de 1 decena de acuerdos, que en la tesitura del convenido entre las partes involucradas y sin haber logrado la expectativa de 200 pesos por día trabajado para los jornaleros, se contemplaba no sólo el apego parcial a la Ley Federal del Trabajo en lo concerniente a la situación laboral de estos trabajadores agrícolas (como afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, derecho a contrato laboral, incremento del salario), sino también el compromiso de mejoría de sus condiciones materiales de vida a través de la operación de programas oficiales de desarrollo social y el respeto al ejercicio de los derechos de organizarse como gremio laboral –con miras a formar un sindicato independiente– y manifestarse por sus demandas laborales y sociales (“Trece acuerdos logrados entre jornaleros de San Quintín y autoridades, Animal Político, 14 de mayo de 2015).
No obstante, hoy día y a más de 3 meses de la conclusión de la negociación, los acuerdos a que se llegó no han sido cumplidos en absoluto, ni por parte del sector patronal en lo referente a la mejoría de las condiciones laborales de los jornaleros, ni de las autoridades estatales y federales en lo relativo al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y a lo acordado en la mesa de negociación. A la fecha, los jornaleros siguen sin contar con seguridad social y acceso a servicios médicos, no se han aplicado los incrementos salariales convenidos, la gran mayoría de estos trabajadores agrícolas carece de contrato laboral y continúa cobrando a destajo, tampoco se han llevado a cabo las categorizaciones e inspecciones de las empresas (“No se han cumplido ninguno de los 13 acuerdos, denuncian jornaleros de Baja California, La Jornada, 26 de agosto de 2015).
De hecho, la situación de vida y trabajo de los jornaleros no sólo no ha mejorado, sino que, por el contrario y de facto, ha empeorado como resultado del recrudecimiento de las embestidas del sector patronal. Entre otras medidas de coerción –principalmente dirigidas a los participantes en las movilizaciones–, los propietarios de los ranchos han realizado despidos masivos de jornaleros, asimismo han elaborado listas negras de personas involucradas –en la lucha por la defensa de los derechos laborales– para que no sean contratadas en otras empresas vecinas.
Lo que acontece en San Quintín muestra cómo, lejos de que el ejercicio irrestricto y generalizado de la ley sea una de las relaciones primordiales y primarias del Estado mexicano con sus ciudadanos, la ausencia permanente y estructural del respecto básico a los derechos –laborales, sociales y humanos– beneficia abiertamente a unos pocos (los empresarios) y perjudica drásticamente a decenas de miles (los jornaleros). En un país donde no hay justicia, la ley –o su ausencia– garantiza los privilegios de unos cuantos y produce y reproduce la miseria de grandes porciones de la población.
Guillermo Castillo Ramírez*
*Maestro y doctor en antropología; autor de proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de trabajo en migración nacional e internacional y procesos de movilidad geográfica de grupos indígenas y campesinos en México
[OPINIÓN]
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