La agonía del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de El Fuerte, Sinaloa

Si el actual titular del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas (CCPI) de El Fuerte, Ulises Astorga Mendoza, desde su nombramiento muy poco se ha presentado a trabajar, y que su nombramiento pareciera un premio a su filiación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que algunos de sus subordinados lo vean más como un aviador, hay otras irregularidades en el funcionamiento de dicho Centro que las autoridades del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) –de quien depende jerárquicamente– deberían resolver para que la oficina salga de su actual postración y agonía, como las siguientes.

El encargado de la Administración de ese Centro, Jorge Apodaca Cartagena, también coterráneo de San Blas y amigo cercano de Ulises, no tiene los elementales conocimientos en materia administrativa. Es licenciado en derecho. Su mérito para ocupar dicho cargo es ser ahijado de Ramón Ignacio Rodrigo Castro, priísta de hueso colorado, y que fue delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Sinaloa de mayo de 2013 a enero de 2017. Y fue, durante su encargo, cuando le dio trabajo en la CDI a su pupilo. Es el que se ha hecho cargo de la administración y dirección, en términos prácticos, con el auxilio de la trabajadora sindicalizada Blanca Miranda.

En lo que respecta a la responsable de la caja en ese CCPI, Maricruz Leal Pérez, al igual que el encargado de la Administración, carece de los más elementales conocimientos para desempeñar su puesto, pues su perfil es también de licenciada en derecho. A esta persona la colocó el último delegado que se tuvo en Sinaloa, Aarón Verduzco Lugo, priísta que fue presidente municipal de Sinaloa.

El Centro Coordinador Indigenista “Mayo” de El Fuerte en tiempos del extinto Instituto Nacional Indigenista (INI), y que al transformarse dicha institución en CDI, el Centro se transmutó en Centro Coordinador para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta llegar a la situación actual en CCPI, lo cual obedece a las diferentes concepciones que ha tenido el Estado para tratar de “resolver” la “cuestión india”, transitando de un indigenismo en diferentes modalidades, a las políticas transversales de los gobiernos panistas (tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón), aunque nunca dejaron de ser políticas indigenistas, hasta llegar a la actual situación donde se dice que se operará una política autonómica de los pueblos indígenas, pero lo que se trasluce es un indigenismo con un cierto halo “democrático”, pues mientras las comunidades originarias piden derechos, el Estado les da políticas, y de lo que se trata es de reconocerles poder de decisión a los pueblos indios. Se necesitan políticas sí, pero también derechos.

A decir de los trabajadores, empleados y gente que conoce el CCPI “Mayo” de El Fuerte, la situación hoy es peor. La debacle –para ellos– comenzó con el delegado Alfredo Quintero Urías. Incluso refieren que era uno de los mejores Centros a nivel nacional. Hoy la apatía, la incertidumbre y el desconcierto campean por esos lares, pues no saben qué pasará, los trabajadores sindicalizados ya se estaban acostumbrando a sólo ir a checar su entrada por la mañana y firmar su salida sin hacer nada durante su jornada y cobrar en la quincena.

Lo anterior sólo fue el recrudecimiento de las políticas neoliberales que desde 1982, con Miguel de la Madrid, se empezaron a incubar al abandonar el Estado la política social y proteccionista y acogiendo en su seno al libre mercado, concretizándose con el salinato en 1992 con las reformas constitucionales a los Artículos 27 (tierras y recursos naturales) y Cuarto Constitucional (por primera vez en la historia del país se reconocía los pueblos indígenas y la pluriculturalidad de la nación mexicana).

Conocedores del tema han dicho que la verdadera reforma indígena no fue su incorporación al Artículo 4, sino la reforma al 27, ya que le pegaba directamente a la propiedad social de los pueblos indígenas en ejidos o comunidades agrarias, al meter las tierras al mercado, y que posteriormente se fue desgranando en una serie de reformas a la Ley Agraria, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, por citar algunas leyes secundarias impactadas. Sin lugar a dudas el problema indio centralmente es la tierra o el territorio donde están sus medios de vida y donde se reproduce culturalmente.

La tan cacareada reforma al Artículo 27 constitucional de llevar certeza y seguridad jurídica, además de capitalizar el campo mexicano, resultó una falacia, pues seguridad y certeza sólo hay para los inversionistas. Los ejidatarios, comuneros, posesionarios y demás sujetos agrarios nunca se capitalizaron, sólo sirvió ese discurso para despojarlos bajo el manto del liberalismo, metiendo la tierra al mercado, pues ahora es legal vender, y en el imaginario de los campesinos creen que con la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992 tienen títulos de propiedad, aunque sólo vendan los derechos ejidales y en muchos casos como es en la rica zona del Valle del Fuerte irrigada por el río del mismo nombre y por las tres presas montadas, sí vendan títulos de propiedad en dominio pleno. También hay un fenómeno del rentismo tremendo, pues se rentan ejidos completos por varios años en todo lo largo y ancho del río Fuerte que es donde están asentados principalmente los yoremes mayo de Sinaloa. El viejo pacto entre campesinos e indígenas con el Estado se rompió desde 1992… ¿Y ante esto qué hacen instituciones como la Procuraduría Agraria o la representación del INPI en Sinaloa, o el CCPI de El Fuerte?

El común de la gente dice: “Los ejidatarios, los indígenas mayos, están vendiendo sus tierras, sus derechos ejidales o, en el mejor de los casos, las están rentando por años a los agroempresarios del Valle del Fuerte; ellos lo piden, no se les impone”. Lo que se le olvida a los que opinan así es que venden o rentan por el estado de necesidad en que se encuentran, porque es un problema estructural, más que de otra cosa, no es porque quieran per se, es que no encuentran otra salida. No nos perdamos en el efecto, en lo que se ve, sino busquemos la causa que lo provoca.

Ante la situación imperante los yoremes mayo, en concreto, y los otros pueblos indígenas de la región, necesitan reorientar el rumbo, alzar la mirada sobre el horizonte. Urge un pensamiento descolonizador, propio, donde los derechos del pueblo yoreme mayo y de otros pueblos originarios en el Estado –como los rarámuris y los migrantes del sur del país que llegan a los campos sinaloenses a trabajar principalmente como jornaleros– se pongan en el centro, es decir, se coloquen como sujetos y nunca más como objetos, con todo lo que implica, asumiendo riesgos y desafíos, y no acepten espejitos por derechos, porque lo que hasta ahora se les ha dado por el gobierno y también por la “cuarta transformación” son políticas públicas en igual de derechos.

Actor importante en el proceso de reivindicación de derechos de los pueblos originarios es que la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa (UAIS) forme de verdad cuadros indígenas que luchen por emancipar y liberar a sus comunidades a las cuales se deben y no se conviertan en operadores de intereses ajenos, que quizá ante la realidad imperante trabajen para intereses que no son las de sus pueblos, y eso les resuelva sus problemas personales inmediatos, como el económico, por ejemplo, pero a largo plazo esos intereses resultan fatales, genocidas. Los profesionistas indígenas –que no indigenistas– deben reafirmar su identidad en su contexto, en su relación con el mundo exterior, pero sin negar y despreciar su origen. No deben ser correas de transmisión de ideas y visiones etnocidas de sus pueblos.

Hoy día las amplias instalaciones del CCPI en El Fuerte lucen desoladas. Sólo se oye el zumbido de los insectos, el parlotear de las aves buscando sustento y de las iguanas y lagartijas que salen a tomar el sol ardiente de estos meses calurosos en el noroeste mexicano.  De vez en cuando se ve que sale alguien de alguna de las oficinas, que también utiliza el Delegado Regional del gobierno de la “cuarta transformación” para sus reuniones de seguridad del septentrión sinaloense; mientras la representación del INPI en Los Mochis paga una renta por tener oficinas que ronda los 30 mil pesos mensuales a un pariente del panista y exdelegado de la entonces CDI Alfredo Quintero Urías, quien fue el que se trajo la sede de la delegación de Culiacán a esa ciudad.

La agonía del CCPI en El Fuerte se puede revertir siempre y cuando se escuche a los pueblos y se respeten los derechos de los trabajadores.

Guadalupe Espinoza Sauceda*/Tercera y última parte

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*Abogado, historiador y doctor en desarrollo rural por la Univesidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas