Bastarían 75 años para que las razones históricas y los orígenes de la expropiación petrolera de 1938 sean sepultadas por las políticas neoliberales, que ahora en su intención privatizadora impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan, sin el consentimiento del pueblo de México, regresar sus viejos privilegios a las compañías extranjeras, mismas que en las primeras décadas del siglo pasado mantuvieron en condiciones de semiesclavitud a los trabajadores petroleros del país y a los que el entonces presidente Lázaro Cárdenas apoyó en su organización sindical y en la conquistas de sus legítimos derechos, al restituir con su patriótico deber las riquezas del subsuelo en beneficio de la nación.
La inexplicable involución histórica que se intenta concretar sería la culminación de una política de desmantelamiento de las empresas públicas que se ha venido ejecutando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora busca abrir de par en par las puertas de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en Petróleos Mexicanos (Pemex), al argumentar de manera artificiosa, como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, inviabilidad financiera, cuando han sido las desatinadas políticas fiscales que le han impuesto una desorbitada carga impositiva las causantes de su quebranto financiero.
Pemex, dicen, requiere de multimillonarias inversiones para echar a andar sus proyectos de exploración y perforación en los potenciales yacimientos del Golfo de México, para la construcción de nuevas refinerías y para renovar su tecnología, pero los gobiernos neoliberales se niegan a modificar el sistema de recaudación para que se frene la evasión fiscal de las grandes empresas, y con ello evitar que las millonarias ganancias de la entidad sean la caja chica de los déficits fiscales sino la palanca de su propio desarrollo.
Es prioritario refrescarles la memoria a aquellos que ahora buscan de nueva cuenta, como si se tratara del gobierno de Porfirio Díaz, entregar la mesa puesta a las mismas empresas que hace 1 siglo desangraron al país al robarle, a cambio de migajas, sus riquezas del subsuelo y explotar de manera inhumana a sus trabajadores.
Razón por la cual el 1 de junio de 1936 el presidente Cárdenas promovió y apoyó el Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías extranjeras la firma de un contrato colectivo que les permitiera tener mejores condiciones de trabajo, pues los trabajadores estaban expuestos a la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremosos, insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, y como había ocurrido con los mineros en Cananea, Sonora, eran discriminados en sus salarios pues, aunque eran obligados a trabajar mayores jornadas de trabajo, ganaban menos que los extranjeros.
Las empresas extranjeras –donde sobresalían entonces las de capital británico y estadunidense– fueron emplazadas a huelga pues, falazmente, argumentaban ante el gobierno mexicano ser insolventes para sufragar los 26 millones de pesos, y a cuyo pago a favor de sus trabajadores habían sido conminadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; los ensoberbecidos empresarios se atrevieron incluso a poner en duda la palabra y la calidad moral del presidente Cárdenas, quien en un acto de conciliación los invitó a resarcir la deuda laboral que tenían con sus obreros.
Como parte del honroso nacionalismo de nuestra historia quedó consignado lo sucedido en la junta del 7 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó ante los capitalistas extranjeros el pago de los 26 millones como una garantía para levantar la huelga; uno de los dueños de una de las compañías preguntó: “¿Y quién lo garantiza?”. “El presidente de la República”, contestó, con voz firme, el general Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño respondió, insolente: “¿Usted y quién más?”. En ese momento Lázaro Cárdenas dio por terminadas las pláticas.
Fue así que el 18 de marzo se concretó la expropiación petrolera, que dio la pauta a un hecho también digno de recordarse: el apoyo de todo el pueblo de México, que acudió días después a las puertas del Palacio de Bellas Artes a cooperar con dinero, gallinas, cerdos o lo que tuviera a su alcance para saldar la deuda del país con las voraces, pero entonces derrotadas, firmas extrajeras.
Pero recordemos cuáles fueron las empresas que formaron parte de la expropiación de 1938:
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (London Trust Oil-Shell); Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco, la segunda empresa petrolera a nivel mundial) con sus tres subsidiarias, Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; The Waters Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora ExxonMobil, la más grande empresa petrolera del orbe); Californian Standard Oil Company of México; Compañía Petrolera Agwi, SA; Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Pennzoil); Stanford y Compañía Sucrs; Richmond Petroleum Company of Mexico (ahora BP, Plc, fusionada con Arco, Castrol, entre otras); Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial, SA; Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation (sigue siendo Sinclair Oil Corporation); Consolidated Oil Companies of Mexico, SA; Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf).
Paradójico es que sean los empresarios extranjeros que en 1938 dejaron a las plantas petroleras sin refacciones, sin materias primas y sin técnicos calificados (con el fin de sabotear a la industria) los mismos que ahora estén en poder de recuperarlas en condiciones aún más favorables para ellos. Sea pertinente también recordar que el primer intento privatizador de Pemex se dio durante el gobierno de Miguel Alemán al otorgarse 17 contratos de perforación o contratos de riesgos a empresas estadunidenses. Años más tarde, fue el presidente Adolfo López Mateos quien reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dejar clara la prohibición de realizar concesiones o contratos a empresas.
Correspondió a Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex, negociar el finiquito anticipado de los contratos existentes para recuperar el dominio de la nación sobre el petróleo, situación que cambió drásticamente durante el gobierno de Salinas de Gortari, en 1989, cuando se dieron las reformas a las leyes y los reglamentos en la materia para comenzar la sustitución del control directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica, con la participación de empresas nacionales y extranjeras. Pemex quedó dividida en cuatro subsidiarias y un corporativo para, supuestamente, maximizar el valor financiero del crudo. Un sexenio después, el expresidente Zedillo empeñó Pemex a cambio de un crédito de 20 mil millones de dólares para salir de la crisis conocida como el error de diciembre de 1994, que provocaría a nivel mundial el “efecto tequila”.
Silenciosamente, la privatización de Petróleos Mexicanos es ya una lamentable realidad: la Auditoría Superior de la Federación reportó en 2007 que al menos 22 empresas extranjeras tenían participación de negocios con la paraestatal. Además, con la reforma energética de 2008 se abrió la opción de diseñar los contratos incentivados mediante los cuales Pemex contrata por concurso a empresas privadas para que extraigan petróleo de sus yacimientos y les paga en efectivo el 75 por ciento de lo que invierten más un pago en dólares por cada barril producido.
En este esquema ya legalizado, son las petroleras internacionales como Royal Dutch Shell, BP, Plc, ExxonMobil, Chevron Corporation, Statoil y Petrobras, las únicas con las soluciones integrales para explotar campos petroleros complejos, y aunque suelen mostrarse interesadas en los contratos incentivados de Pemex, su negocio es producir y comercializar petróleo, no ser contratistas.
Como se deduce fácilmente, la reforma energética que ahora se plantea buscará flexibilizar aún más los canales de participación extranjera bajo dudosos modelos de coinversión, al poner a Pemex en manos de las voraces firmas extranjeras a las que puso en su sitio el general Cárdenas, pero a las que los políticos neoliberales de hoy les permitirán venir por la revancha en agravio del patrimonio de todos los mexicanos.
Por eso, las organizaciones sociales y civiles del país hemos convocado a la movilización este 18 de marzo, a las 17:00 horas, para que marchemos juntos del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Porque estamos convencidos de que hoy, como ayer, la movilización de los obreros, campesinos y el pueblo debe ser por la defensa del patrimonio nacional, en rechazo de la pretendida involución histórica de los gobiernos neoliberales.
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
