La Supervía Poniente, a la luz de los derechos humanos

El Gobierno del Distrito Federal dio a conocer, en diciembre del año pasado, el decreto mediante el cual se anunció la intención de construir un Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur-Poniente en la ciudad de México. Llamó la atención sobre la necesidad de otorgar una concesión para explotar y administrar una vía de comunicación urbana de peaje. Poco después, en marzo de 2010, se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2010, que plantea el establecimiento de alternativas de transporte público sustentables y de calidad en favor de la ciudadanía.

Sin embargo, la Supervía Poniente contradice en los hechos el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, ya que la realización de la obra no toma en cuenta la interdependencia de los derechos humanos; en cambio, sí violenta el cumplimiento del derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la información y a la participación. Además, con base en los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 19 de octubre en la colonia La Malinche, también se observa con preocupación la probable criminalización de la protesta social y el uso excesivo, sin justificación, de la fuerza pública.

Desde un inicio, el proyecto ha estado repleto de irregularidades, pues carece de justificaciones técnicas, jurídicas y sociales que lo sustenten. Resalta igualmente la falta de transparencia en la licitación y en la toma de decisiones de las autoridades, ya que los estudios técnicos que deberían fundamentar la figura jurídica de “utilidad pública”, bajo la cual se pretenden hacer las expropiaciones, no han sido revelados.

Entre las principales quejas de los colonos, se observa, en efecto, la falta de acceso a la información de quienes se ven directamente perjudicados, lo que les ha impedido armar una estrategia jurídica para defender su derecho a la vivienda.

Asimismo, bajo el argumento de que “ya está hecho”, las autoridades han presionado a los vecinos de las colonias afectadas para que desalojen sus viviendas y acepten el pago por las expropiaciones. Junto con la introducción de maquinaria pesada y el avance de las obras, han creado inclusive una guerra sicológica, con la que pretenden despojar de su patrimonio a cientos de familias.

El proyecto contempla además una cuota de 28 pesos por cada viaje, lo que representaría algo inviable para los residentes cercanos a la ruta de la Supervía. Y ante la falta de opciones de viabilidad, las ya de por sí saturadas vías de comunicación de la zona se volverían aún más intransitables, cuando supuestamente lo que se busca es la movilidad.

Dado que la Supervía Poniente no beneficia a todos y, por el contrario, ha desatado un conflicto social en el que se mezclan violaciones a los derechos humanos, como herramienta de exigibilidad de sus derechos, diversos grupos, colectivos e individuos conformaron el Frente Amplio Opositor a la Supervía Poniente, como un movimiento que mantiene un plantón permanente en la colonia La Malinche. Sin embargo, el pasado 19 de octubre trabajadores enviados por la Dirección General de Obras del Gobierno del Distrito Federal se presentaron, según miembros del Frente Amplio, con la intención de comenzar la construcción de la obra, inclusive haciendo uso de la violencia. El enfrentamiento, que se prolongó a lo largo del día, dejó un saldo de 15 personas heridas, entre ellas dos mujeres. Por ello es preocupante y de suma gravedad el uso de métodos represivos para resolver un conflicto social, en el que los involucrados defienden legítimamente sus derechos humanos, exigiendo un diálogo responsable, pacífico y documentado.

Pese a que, en el Distrito Federal, el discurso de las autoridades pone énfasis en la importancia de contar con un programa de derechos humanos, el conflicto en torno a la construcción de la Supervía Poniente revive el debate sobre la importancia del cumplimiento efectivo de los derechos humanos por encima de la productividad y el desarrollo económico en la planeación de las políticas públicas; aunque esta idea no predomine aún en el accionar del gobierno.

*Filósofo, sociólogo y teólogo; fundador y director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

Contralínea 207 – 7 de Noviembre de 2010