La trata de personas en el Caribe, un negocio floreciente y aberrante

A raíz de denuncias recientes sobre policías involucrados en la trata de personas en Bahamas, el ministro de Seguridad Nacional de ese país, Marvin Dames, aseguró que los responsables serán sancionados severamente. En una conferencia de prensa, el funcionario lamentó la ruina de la “fibra moral del país ante la trata de personas que sufre esta nación.

 

 

En ese sentido, dio a conocer los planes del comisionado de Policía, Anthony Ferguson, para investigar las acusaciones sobre agentes policiales que supuestamente son dueños de algunos clubes nocturnos ilícitos.

 

Reiteró que el gobierno sancionará y perseguirá duramente a quien esté relacionado con este flagelo, considerado una de las mayores lacras de la humanidad y de los mayores negocios blanqueadores en paraísos fiscales y que se ha convertido en la actividad delictiva transnacional de más rápido crecimiento en la región y el mundo.

 

El mes pasado, los funcionarios de inmigración arrestaron a 12 mujeres extranjeras de tres clubes de  striptease en Nueva Providencia, tras una operación conjunta; ocho de ellas fueron acusadas de trabajar ilegalmente.

 

Sin embargo, los empleadores que dieron trabajo a esas mujeres indocumentadas no fueron acusados, lo que generó la crítica de la magistrada adjunta en funciones Carolyn Vogt-Evans.

 

“Como dije antes, nadie está por encima de la ley y yo esperaría que la policía, cuando investigue, que lo vean [el problema] de manera integral”, subrayó el ministro Dames.

 

“Pero ésta es una preocupación para nosotros cuando se está reclutando a personas de países vecinos para que vengan aquí y trabajen en estos clubes; eso es una forma de trata de personas y las sanciones son severas”, recalcó.

 

La esclavitud moderna

 

El engaño para que personas realicen labores que violenten sus derechos básicos es actualmente uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial.

 

La trata de personas, denominada como la “esclavitud del siglo 21”, es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial que genera 32 mil millones de dólares de ganancias ilegales cada año, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

Pero Bahamas no es un caso aislado, en el Caribe. Al igual que en casi todas las regiones del mundo, la región está afectada por la trata de personas, tanto para la explotación sexual como para la explotación laboral.

 

Aunque no hay cifras sistemáticas de la región, a nivel global se estima que 40.3 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud moderna.

 

El 80 por ciento de las víctimas de este fenómeno en América Central y el Caribe son mujeres y, de ellas, más de la mitad son niñas. Las menores representan el 55 por ciento de las víctimas documentadas y las adultas el 25 por ciento, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

 

Pero también niños y hombres, en menor medida, son arrastrados por inescrupulosos al comercio de seres humanos, en donde se degrada el valor de una persona, al compararla con una cosa o mercancía.

 

El pasado año 24 expertos y funcionarios de gobierno de 15 Estados y territorios del Caribe se reunieron en Trinidad y Tobago donde formalizaron la primera red en esta región enfocada en la lucha contra la trata de personas.

 

La reunión celebrada en abril y organizada por el gobierno de Trinidad y Tobago sirvió para mejorar el intercambio de información y la cooperación regional para prevenir y responder a este delito.

 

Estuvo respaldada por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración.

 

Esta red forma parte de la lucha de los gobiernos locales en coordinación con instancias internacionales contra este flagelo y en virtud de esa cruzada América Central y el Caribe también destacan por una elevada tasa de detección de casos de trata, así como de condenas.

 

Esto indica una mejora en las capacidades nacionales para luchar contra este delito, señala la ONU.

 

Sin embargo, el problema persiste y a veces se invisibiliza por sus maneras diversas y cambiantes de ejecutarlo.

 

Y es que no hay una estrategia de prevención a largo plazo y en particular porque la mayoría de las personas esclavizadas son captadas por las mafias que trafican en gran medida con migrantes empobrecidos.

 

La pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades socioeconómicas, la violencia basada en el género, la discriminación y la marginación son algunos de los factores que contribuyen a hacer a las personas vulnerables a la trata.

 

En el año 2000, la ONU definió a este fenómeno complejo, multifacético y poco analizado como una secuencia de actividades delictivas cuyo propósito incluye diversas formas de explotación. Esa secuencia inicia con la captación de las víctimas, continúa con el traslado –dentro o fuera del país– y concluye con la explotación.

 

Son llevadas a este escenario inhumano a través de la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.

 

La ONU señala las distintas formas de explotación consideradas en la trata: prostitución ajena y otras modalidades de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y extracción de órganos.

 

En diciembre de 2000, la Asamblea General de la ONU abrió a firma la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

 

Pero falta mucho por hacerse, sobre todo el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas para su prevención, combate, sanción y erradicación, punto de vista de muchos expertos que coloca, en el centro del debate, las desigualdades sociales las cuales eternizan patrones de dominación sobre las mujeres, y trasgreden los derechos humanos de gran parte de la población.

 

Odalys Troya Flores/Prensa Latina

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