Hace décadas que se desató la propaganda para convencernos de lo positivo que es abrirse a la “competencia” o a la “modernización”, como le llaman a la entrega de bienes públicos y empresas públicas a la voracidad de corporaciones privadas. Ahora Enrique Peña va tras el petróleo y ya en el extranjero, y en su Pacto Anti-México, anunció la intención de abrir puertas y ventanas al capital privado en el sector del petróleo. Poco le importa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que él juró cumplir y hacer cumplir, en sus artículos 27 y 28 prohíbe expresamente las concesiones y contratos en este sector estratégico que ha de ser monopolio exclusivo de la nación.
Lo cierto es que luego de que privatizaron bancos, ferrocarriles, teléfonos, minas, carreteras, televisión, puertos, aeropuertos, aerolíneas, ingenios, el resultado ha sido desastroso para el país y su economía y también para el pueblo mexicano. Tras las privatizaciones viene el encarecimiento de precios y servicios, la quiebra de las empresas, el rescate por parte del gobierno, la reprivatización, los despidos, el desempleo, la desaparición de empresas nacionales competitivas.
Miguel de la Madrid, obediente de los organismos financieros internacionales, encubrió muchas privatizaciones bajo el término de “desincorporaciones”, como parte del “Plan Nacional de Desarrollo”. Tan sólo en 1988 hubo más de 750 “desincorporaciones” de sectores como el minero, manufacturero, química básica y azucarero, en donde el 93 por ciento de las empresas fueron incorporadas a capitales privados. De las 1 mil 150 empresas públicas que existían en 1982, al terminar el gobierno de Carlos Salinas (1994) sólo quedaban 200.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo siguieron las privatizaciones: de 1995 a 2000 se impulsaron muchas modificaciones a la Constitución. Una de esas fue suprimir del listado de las áreas estratégicas la comunicación vía satélite y también los ferrocarriles. En lugar de estar entre las estratégicas, sólo quedaron como “prioritarias”, y así se podía permitir la inversión de capitales privados nacionales y extranjeros en este sector. Así Zedillo procedió a privatizar los ferrocarriles, que ahora están en manos extranjeras, y para colmo, luego se fue a trabajar con la Union Pacific.
Se cambiaron también leyes “secundarias” para luego modificar la Ley del Seguro Social y entonces crear las Afores (administradoras de fondos para el retiro) que abrir la puerta para privatizar los fondos de pensión y los servicios médicos y hacer de las pensiones un jugoso negocio para los bancos, en detrimento de los derechos de los trabajadores, quienes luego de toda una vida de trabajo no tienen asegurado un ingreso en su vejez. Es sabido que el dinero de las Afores lo ponen a especular en la Bolsa de Valores. Por otra parte, hoy ya está parcialmente privatizado el servicio de salud pública, en virtud de que son privadas las empresas que surten las medicinas, los equipos, insumos, materiales de curación y muchos de los trabajadores ya no son contratados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o la propia Secretaría de Salud, sino por empresas de subcontratación (outsourcing) que les proveen de personal administrativo y de intendencia. Los laboratorios nacionales que producían todas las vacunas han sido desmantelados y hoy se compran a laboratorios extranjeros, lo que da pie a la corrupción y a los altos precios.
Gravísima ha sido la privatización bancaria y ahora el 90 por ciento de los activos bancarios está en manos extranjeras; esto le ha quitado a México el control del sistema financiero que es vital para impulsar el desarrollo que le conviene a México y para colmo estamos “rescatando” a esos bancos extranjeros a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y luego del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, lo que nos ha costado más de 1 billón de pesos, y cada año pagamos alrededor de 35 mil millones de pesos para apoyar bancos extranjeros que abusan al máximo de los ahorradores y los deudores, cobrando comisiones abusivas que no aplican a sus clientes en otros países, y que en algunos casos son hasta 10 veces más caras, obteniendo de esta forma ganancias colosales en México que no consiguen en otros lugares.
Otros sonados fracasos han sido el remate en partes a empresas extranjeras de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y las privatizaciones y rescates de aerolíneas, como Mexicana de Aviación –que fue quebrada y saqueada– o de Aeronaves de México –que está bajo el control de grupos extranjeros y lo único mexicano que conserva es su denominación–, lo que ha llevado a la pérdida de la soberanía aérea de México y la ruina de los trabajadores.
Los ingenios azucareros que Vicente Fox, gobernante salido de las filas del Partido Acción Nacional, tuvo que expropiar pagándole 46 mil millones de pesos a los inversionistas privados, se privatizaron bajo el esquema de una supuesta “modernización” que no se dio y sólo sirvió para favorecer a los latifundistas y especuladores. Tras años de saneamiento con recursos gubernamentales, ahora los ingenios se han devuelto al sector privado.
Teléfonos de México (Telmex) es otro gran ejemplo de lo nocivo de las privatizaciones. Escandalosamente la empresa Telmex fue vendida a Carlos Slim muy por debajo de su valor, y es tan buen negocio que ha contribuido a convertirlo en el hombre más rico del mundo, gracias a la carestía en el servicio, y sobre todo, a que recibió una empresa sumamente productiva que nunca debió ser privatizada. Todos los recursos públicos que se invirtieron durante más de 50 años, todo el dinero gastado en tendido de líneas y postes para llegar a las comunidades más remotas, la infraestructura, equipos, vehículos, edificios, toda la capacidad técnica que generó la empresa pública se le entregó a este empresario a precio de risa, para que el público obtuviera a cambio las más altas tarifas y convirtiera el pago de servicios telefónicos en una alta renta mensual para engordar más los capitales de Slim.
Lo mismo sucedió en Fertimex (Fertilizantes Mexicanos, SA de CV), que fue vendida a empresas extranjeras a un precio muy por debajo de su valor, a pesar de que era una productora de fertilizantes rentable y con altas ganancias; o Dina (Diesel Nacional), empresa automotriz que se vendió a un precio muy bajo para beneficiar armadoras extranjeras, como Chrysler, Ford, General Motors y para que México dejase de producir sus propios vehículos. En cambio, cuando la crisis de 2008, el gobierno de Felipe Calderón estuvo apoyando a las automotrices extranjeras con recursos públicos, pagando la tercera parte de los salarios, además de que obligó a los obreros a renunciar a otra tercera parte de su ingreso para que las corporaciones pagaran sólo la tercera parte. En cambio a Dina, en su momento, no se le apoyó. Los gobiernos del PRIAN (contracción de las siglas PRI y PAN) están claramente al servicio de las corporaciones extranjeras.
La privatización de las carreteras es un ejemplo patético por las enormes ganancias que ha generado para empresas privadas con negocios que han realizado comprando terrenos por donde va a pasar la carretera a campesinos pobres que son esquilmados. Cuando, por mala administración, las carreteras han tenido pérdidas, han sido rescatadas con dinero público, nuestro dinero. Luego de que Salinas privatizó las 52 autopistas más rentables, ante su fracaso, el gobierno de Zedillo comenzó el rescate que para el gobierno de Fox ya ascendía a los 167 mil millones de pesos. Luego de sanear las finanzas con recursos públicos les fueron devueltas a los propietarios privados. Hoy, el 70 por ciento de las carreteras son privadas, con concesiones a 25 y 30 años. Además de que los mexicanos sufrimos las altísimas cuotas por el uso de caminos que no tienen mantenimiento adecuado y son causa de innumerables accidentes. El accidente del 7 de mayo de 2013 en Xalostoc, que cobró 24 víctimas, es sólo un ejemplo. La Constitución consagra la libertad de tránsito, pero hoy por hoy hace falta mucho dinero para poder gozar de esa libertad.
La privatización del Instituto Mexicano de la Televisión, empresa gubernamental de televisión pública que fue vendida para integrar el duopolio privado que, sin pagar los permisos por el uso de los espectros análogo y digital como lo dicta la legislación mexicana, ha cerrado las puertas a una televisión pública de calidad que ayude al desarrollo y la información de los mexicanos. El duopolio televisivo está al servicio de los intereses de unos cuantos poderosos que desinforman a la sociedad mexicana además de anular la calidad televisiva.
En el caso de la electricidad, aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue siendo una empresa pública, el 50 por ciento de la energía eléctrica es producida por corporaciones privadas, y la propia CFE ha gastado miles de millones de dólares en contratos con empresas extranjeras como Repsol. El resultado ha sido negativo por las altas tarifas e incluso las inundaciones que ha provocado el uso por abajo de su capacidad de las hidroeléctricas, y por consumir la electricidad de empresas como Unión Fenosa, Iberdrola, Intergen, TransAlta y otras, a las que además de comprar caro, vende barato el gas para la operación de las centrales privadas.
Durante años se nos ha dicho que la gran solución para México es la inversión extranjera, que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se abrieron todas las puertas a las corporaciones foráneas, pero es todo lo contrario. En 1980 había alrededor de 10 mil millones de dólares de inversión extranjera, en 2006 el Banco de México anunció que sumaba 504 mil millones de dólares. Cincuenta veces más, pero ¿estamos mejor? No. Vamos de mal en peor. La inversión extranjera –por lo general– lleva a despidos masivos, destrucción de empresas nacionales, dependencia de suministros foráneos, parálisis del desarrollo tecnológico. Si la inversión extranjera fuera tan benéfica como nos han dicho, ¿por qué nuestra economía se ha estancado desde 1982 a la fecha, periodo en el que más inversión extranjera ha habido en la historia de México? Sólo hemos crecido a un promedio del 2 por ciento anual, al mismo ritmo de la población, es decir que estamos estancados. La realidad es clara y contundente. No nos dejemos engañar, puesto que privatizar lleva directamente a la extranjerización de nuestros sectores económicos, eso lo demuestran las privatizaciones que iniciaron De la Madrid y Salinas y han continuado Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña, que alegremente pronostica un monto de 40 mil millones de dólares para este 2013 gracias al Pacto…
El Pacto Anti-México es sólo una burda manera de encubrir las intenciones de privatizar el petróleo, la educación, la asistencia social, la tierra y todo lo que pueda quedar en manos de la corporaciones más voraces; es continuar con una vía que sólo ha traído carestía, desempleo, deuda, salarios de hambre, desastre económico, saqueo y corrupción. En términos del desarrollo de México y el bienestar de la población, las privatizaciones han sido todo un fracaso: sólo han enriquecido a unos cuantos y han afectado a nuestro país.
Pero el pueblo de México ha dicho ¡ya basta! Y prepara grandes movilizaciones, como la que convoca el Movimiento Regeneración Nacional el próximo domingo 8 de septiembre a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, en contra de la privatización de nuestra industria petrolera. ¡Asistamos!
*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía
Fuente: Contralínea 344 / julio 2013
