Al Javier Lozano del peñanietismo, Alfonso Navarrete Prida, le falta cuerpo para gozar a plenitud lo que en su rosáceo mundo de fantasías considera como las primeras manifestaciones del cumplimiento de las promesas de su jefe, el César de Atlacomulco: el supuesto inicio de recuperación de los salarios reales y, por añadidura, del “bienestar de la población” y la “disminución de la desigualdad social”. Como una exultante Alicia en el país de las maravillas, dice: “habrá recuperación del poder adquisitivo”, “aunque [sea] ligera”.
Su alborozo se justifica en el hecho de que el aumento de 3.9 por ciento, en promedio, decretado en los salarios mínimos que regirán en 2013, superará en 9 décimas de punto a la inflación programada para este mismo año (3 por ciento), lo que permitirá “a los trabajadores [adquirir] más bienes y servicios”. Su júbilo se refuerza ante la posibilidad de que la economía crezca 5 por ciento, como prometió Enrique Peña Nieto, y “con la reforma laboral”, porque con ésta “el poder adquisitivo tendrá una mayor recuperación” –aunque añadió prudentemente conteniendo su optimismo: “pero sí se mal utiliza [la reforma], permitiría abusos contra los trabajadores”– y se podrán crear hasta 1 millón de empleos formales: 300 mil adicionales a los 700 mil nuevos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2012, siempre y cuando éstos se mantengan.
En la lógica de Alfonso Navarrete, con Enrique Peña la clase obrera va al paraíso (para usar el título de la película del italiano Elio Petri, premiada con la Palma de Oro y el David di Donatello).
Pero la lógica de Navarrete y del gobierno peñista es extravagante y acreedora de otra clase de laureles. Ante todo, las cuentas sobre el millón de empleos formales de Navarrete Prida son estrafalarias. Aunque pudieran mantenerse los 700 mil del IMSS, “ya considerando bajas y altas”, como dice el funcionario, éstos no podrán contabilizarse como nuevos por la simple y sencilla razón de que ya existen. Lo único nuevo será la diferencia entre las bajas y las altas adicionales observadas en los trabajadores asegurados a partir noviembre de 2012: 16 millones 295 mil. Por tanto, no se requerirán 300 mil adicionales para llegar a 1 millón, sino 1 millón más. Y se necesitarán 1.2 millones cada año durante el sexenio peñista para evitar más desempleados, informales, personas que dejan de buscar empleo porque suponen, justamente, que no lo encontrarán y la emigración hacia Estados Unidos, mayor delincuencia y el malestar social, y más descrédito del gobierno de Enrique Peña. ¿Qué oferta tienen para las 200 mil personas sobrantes y a las que queden al margen del mercado laboral si no se crea 1 millón de plazas nuevas? ¿La indiferencia, la cárcel si osan sobrevivir como delincuentes, la mentira piadosa de que algún día tendrán un trabajo formal, aunque sea “flexible” y mal pagado?
En su algarabía, a Alfonso Navarrete se le olvidó aclarar varios misterios. En 2012 la economía creció 3.9 por ciento, según estimaciones del Chicago Boy Luis Videgaray, y los trabajadores asegurados en el IMSS hasta noviembre aumentaron en 683 mil 776 mil, en promedio. De ellos, 517 mil 265, el 76 por ciento del total, fueron contratados permanentemente. El resto fueron plazas temporales. ¿Cuál fue el salario que recibieron? El salario medio de cotización en el IMSS fue de 260 pesos diarios, equivalente a 4.3 veces el mínimo. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que del total de trabajadores asalariados y subordinados, el 64 por ciento recibió ingresos equivalentes a una y tres veces el salario mínimo; el 17 por ciento, de tres a cinco veces el salario mínimo, y sólo el 9 por ciento, superiores a cinco veces. Pero de las plazas creadas en 2012, sólo el 4.3 por ciento se ubicaron en el rango de más de cinco veces el salario mínimo, y las de tres a cinco veces se desplomaron 50 por ciento. Casi todas las nuevas pagaron de una a tres veces el salario mínimo. El sacerdote de la austeridad, Luis Videgaray, proyecta un crecimiento de 3.5 por ciento para 2013. Con una declinación económica, ¿cómo se crearán más puestos laborales que en 2012? Para incorporar a 1.2 millones de personas que demandarán su primer empleo se precisa crecer en al menos 6 por ciento anualmente.
¿Acaso fue un año atípico caracterizado por la temporalidad de los contratos y la generación de plazas de bajos salarios o es la reafirmación de la tendencia hacia la precarización del mercado de trabajo registrada en México y a escala global bajo el capitalismo neoliberal? ¿La “reforma” laboral revertirá ese fenómeno y estimulará la permanencia en el empleo con mejores pagos?
Alfonso Navarrete Prida vio “positivo” el alza del salario mínimo medio en 3.9 por ciento, es decir, en 2.37 pesos diarios. Menos locuaz pero no menos sinvergüenza, el facho de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), Juan Pablo Castañón, dijo que tal aumento “es congruente” con la política de gobierno, el “gran esfuerzo del sector privado” y “las características que hoy tiene el país” para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, para “compensar” la inflación de 2013.
Pero una cosa es “fortalecer” y otra “compensar”.
Y es que en términos contantes y sonantes: ¿a cuánto equivale la “recuperación del poder adquisitivo, aunque [sea] ligera”? A 53 centavos, ya con el descouento de la inflación, la cual podría acumular 3.19 pesos en el sexenio peñista. ¿Cuántos bienes y servicios adicionales se pueden adquirir con 2.37 pesos nominales o 50 centavos reales más diariamente? Que cada codicioso se deleite en ese ejercicio imaginativo ocioso y odioso. Con tan generoso aumento negociado entre peñistas, empresarios y líderes del sindicalismo corporativo, se necesitarán alrededor de 400 años para que los salarios mínimos recuperen su poder de compra que tenían en 1976, su máximo histórico. Los contractuales, poco más de 100 años, aunque podría ser similar a aquellos, pues su registro estadístico data de 1975.
Señores trabajadores, prohibido morirse antes de ver y disfrutar de este prodigio. Hace poco, el simpático titular de Salud calderonista, Salomón Chertorivski, dijo que la esperanza de vida de los mexicanos pasaría de casi 77 años a 100, en una década. Con un poco de suerte, Mercedes Juan López, su sucesora peñista, resulta más campechana y la eleva a 400 años en un lustro.
Pero Navarrete y Castañón no señalaron que para que sea real esa “ligera recuperación o compensación adquisitiva”, al menos en 2013, tiene que cumplirse un requisito: que la inflación esperada sea igual a la alcanzada. Si es mayor, la “recuperación o compensación” se esfumarán. ¿Qué garantiza que se verifique lo anterior? En 30 años del experimento neoliberal, sólo en 7 (¿accidentalmente?) el alza del salario mínimo superó el nivel de los precios al consumidor o el de la canasta básica programados. La eficacia de los expertos en la economía vudú es de 23 por ciento. Pero aunque se cumpliera tal condición, el resultado sería una ilusión estadística. El ajuste en el precio de uno o varios productos, por ejemplo, el del gas, la electricidad o las gasolinas que aplicará el peñismo, eliminará la “ligera recuperación” y ampliará la pérdida adquisitiva de los salarios reales. En 2012 Calderón elevó los mínimos en 2.69 pesos, y en 10 meses el costo de una canasta de 25 bienes básicos pasó de 829.03 pesos en promedio, equivalentes a 13.3 salarios mínimos, a 864.33, es decir, 35.3 pesos más (Susana González, La Jornada, 16 de diciembre de 2012). El analista Luis Lozano estima en más de seis salarios mínimos el precio de la canasta básica indispensable (cerca de 400 pesos) para una familia de cinco miembros.
¿Cuál es la pérdida media del salario mínimo y contractual reales? La del primero será de 76 por ciento en 1976-2013. La del otro, de 49 por ciento.
Desde la época de Carlos Salinas y Pedro Aspe se dice que si se eleva la productividad los salarios mejorarán. Pero sólo es una mentira nada piadosa. El periodo 1983-2012 evidencia un aumento en la productividad manufacturera y una baja en el costo de la mano de obra y de las remuneraciones pagadas. Es decir, la productividad y la tasa de ganancia descansan en la desvalorización salarial y de las prestaciones sociales, en el menor empleo formal, en la pobreza y la miseria de los trabajadores. Un mayor bienestar implicaría la reducción de aquéllas. Ése es el resultado de la lucha de clases perdida hasta el momento por los asalariados. El deterioro de los ingresos reales de los trabajadores es una estrategia deliberada del gobierno y los empresarios.
La superación de las crisis de la década de 1980, de 1994-1996 y 2009, a través de los programas de estabilización y ajuste estructural fondomonetaristas (la crisis fiscal del Estado y el pago del servicio de la deuda externa enfrentados por el menor gasto público), la contención de la inflación por medio de la represión de la demanda interna (el consumo y la inversión productiva, con el recorte de los salarios y el alto costo del crédito que premia la economía del casino), las contrarreformas neoliberales (el retiro del Estado de la economía, la desregulación interna, la indiscriminada apertura externa y la sobrevaluación cambiaria que abaratan las importaciones y destruyen la producción local), la desventajosa integración a la economía mundial (por medio del Tratado de Libre Comercio y otros), y la búsqueda por elevar la competitividad y restaurar la tasa de ganancia han descansado en la represión de los salarios reales, la pérdida de su poder adquisitivo, el recorte de las prestaciones sociales y en el gasto de bienestar. Enrique Peña y Luis Videgaray aplican la misma terapia.
Esa tarea ha sido facilitada por el estancamiento económico y los cambios en el proceso productivo que provocan la escasa creación de empleos formales y el temor de los trabajadores de ser arrojados a la fila del desempleo, la informalidad o cualquier otra forma de supervivencia; el control y desmantelamiento de los sindicatos, el despotismo gubernamental y el control empresarial del poder político; las migraciones y sus remesas que atemperan la pobreza y el malestar social; el abandono de la regulación de los precios de los bienes básicos, cuyas variaciones dependen del exterior ante la pérdida de la soberanía alimentaria, entre otros mecanismos. La “flexibilidad” laboral sólo agravará esa situación.
Esa estrategia calificada de genocidio económico no es exclusiva de México. Es el nuevo orden mundial instaurado con el triunfo de la contrarrevolución neoconservadora desde la segunda mitad de la década de 1960. Con el colapso europeo, dice el economista francés Michel Husson, la búsqueda de la salida a la crisis fiscal del Estado, de productividad y la rentabilidad, ha descansado en la austeridad fiscal (más impuestos regresivos, menos gasto) y el freno o el retroceso deliberado de los salarios reales y nominales. La caída de la demanda ha profundizado la recesión y ampliado el desempleo, que ayudan a someter a los ocupados a las terapias de choque y los obligan a aceptar el desmantelamiento de sus conquistas sociales y el Estado de bienestar. “En otras palabras, [el ajuste fiscal y] la restauración de la tasa de rentabilidad [se realizan] a expensas del crecimiento (y por tanto del empleo), de la austeridad salarial y por ganancias de productividad ‘regresivas’, es decir, al reducir las plantillas”.
Ilegalmente Peña y Videgaray decretaron la austeridad fiscal: recortaron el 5 por ciento de los sueldos y salarios de los mandos medios y superiores de la administración pública federal, así como congelaron cualquier contratación de personal eventual o por honorarios. La medida afectará a más de 71 mil 800 empleados públicos e implicará un “ahorro” por 2.4 mil millones de pesos. Pero al mismo tiempo aumentará en 40 mil millones la nómina burocrática. Sólo en la Presidencia de la República se elevará 8.5 por ciento.
Pero la austeridad es para una parte de la burocracia y los trabajadores del sector privado. Calderón recibirá por 6 años de servicio un sueldo mensual de 215 mil pesos, un aguinaldo anual de 43 mil, un seguro de vida por 8 millones de pesos y un familiar de gastos médicos mayores por 390.6 mil pesos. La percepción neta de Enrique Peña será de 203 mil 310 pesos, más un seguro por riesgos por 49.8 mil. Los cortesanos y los desprestigiados fámulos electorales recibirán 509.9 mil pesos brutos. Un secretario de Estado, 276.1 mil. Un diputado, 158.7 mil. Un senador, 227.3 mil.
¿Qué representa socialmente una baja de 5 por ciento para la casta divina política? ¿O que la oligarquía no sacrifique nada?
Una afrenta para los 3.2 millones de trabajadores asalariados subordinados –el 10 por ciento de 32 millones– que ganan un salario mínimo y recibirán una alza salarial de 2.37 pesos diarios. Para los 8.2 millones (26.8 por ciento) que reciben de una a dos veces el salario mínimo. Para los 8.4 millones (26.3 por ciento) que perciben de dos a tres veces el salario mínimo. Para 5.6 millones que lo obtienen de tres a cinco veces… En total, 25.7 millones (el 80.4 por ciento del total) de miserables, empobrecidos, excluidos e indignados, sacrificados a los dioses tasa de ganancia y austeridad fiscal.
*Economista
Fuente: Contralínea 318 / enero de 2013
