Impúdicos acuerdos de reparto de poder se disfrazan tras el nombre de Pacto por México
La evaluación eterna y externa
No ocultaron los dirigentes de los tres partidos políticos “mayoritarios” su júbilo por la aprobación de las leyes secundarias en materia de educación: la General de Educación, la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la del Servicio Profesional Docente. Publicaron el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática un desplegado a nombre de su Pacto por México en el que afirman que con esos textos legales se gana lo siguiente: a) se fortalece la política del Estado en la materia; b) se dignifica la profesión y la vida de los docentes y sus familias; y c) se mejora la calidad de la educación que reciben nuestros hijos (La Jornada, 6 de septiembre de 2013, página 19). Como si las leyes fuesen mágicas y trajeran consigo una cauda de beneficios.
No cabe duda que cada quien mira la realidad conforme a sus intereses. Los profesionales de la política, que toman decisiones por cuenta nuestra, están felices porque se cumplió al pie de la letra lo ordenado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se legalizó el restablecimiento de los gremios en el trabajo docente. En el futuro, habrá aprendices de profesores a los cuales tutele un maestro, quien los enseñará a callar y obedecer. Si se queda en el gremio, el aprendiz llegará algún día a maestro y a su vez tutelará a nuevos aprendices. Todos serán interinos porque estarán sometidos a la evaluación eterna y externa.
El golpe a la estabilidad en el empleo es demoledor. El docente nunca será definitivo pues será evaluado durante toda su vida útil (“educación para toda la vida”, llaman eufemísticamente a esto los neoliberales). Y el contenido de lo que debe saber lo determinarán los expertos del INEE, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial y la OCDE. Difícilmente podemos acordar que esto fortalece la política educativa del Estado, y mucho menos que dignifica a los maestros y sus familias.
El mejoramiento de la calidad tampoco se logrará con el sistema de evaluación que infunde terror a los maestros. De nuevo veremos a los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación vendiendo los exámenes y favoreciendo a sus cercanos. Sabe el oficialismo que con las evaluaciones puede deshacerse de la “molesta” Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ha mostrado ser una fuerza en crecimiento, que hoy por hoy ha cosechado apoyo en sectores estudiantiles de la Ciudad de México.
En resumen, este round lo va ganando el gobierno, pero enfrente tiene a un magisterio muy consciente y combativo.
La estoica resistencia de la CNTE
No obstante que fueron desalojados del Zócalo capitalino en una acción brutal de las policías Federal y del Distrito Federal, los maestros aseguran que no están derrotados. Sabían que el gobierno los estaba entreteniendo con su falso diálogo (los escucho, pero no cambio nada, parafraseando a Peña Nieto), pero persistieron en ese camino. Ahora elevaron la calidad de sus demandas, pues a la derogación de las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se suma la derogación de las tres leyes secundarias. Difícil pero no imposible con un contingente tan bravo y aguerrido como el de la CNTE.
La población capitalina ha tenido reacciones diversas: un sector se deja llevar por las televisoras y los periódicos gubernamentales y pide a gritos que se vayan los maestros democráticos. Otro, en cambio, los provee de los víveres que requieren para permanecer en la ciudad. Ésta paga el precio de ser la capital y de concentrar aquí los poderes de la Federación.
Quienes valoramos la esforzada lucha de la CNTE debemos cobijarla solidariamente, para ayudarla a conseguir el triunfo y para que no se repita la represión del 15 de septiembre.
Gracias, maestros democráticos, por el ejemplo de congruencia que nos ofrecen.
19 de septiembre de 2013.
*Coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero
