Laura Zamarriego Maestre*/Centro de Colaboraciones Solidarias
España es, tras Bélgica, el segundo país de la Unión Europea con más alumnos en aulas privadas o concertadas, esto es, privadas subvencionadas: un dato no desvinculado de los 4 mil 630 millones de euros de fondos públicos dedicados a la educación que se han recortado desde 2012. Esto sitúa a España hasta 22 puntos por encima de la media europea, donde el 90 por ciento de los escolares cursan primaria y secundaria en la enseñanza pública.
Los recortes impuestos desde Europa han servido como pretexto para el desmantelamiento de pilares básicos del Estado de bienestar, como la enseñanza. La menor inversión de las administraciones abre la veda a la entrada de dinero externo. Los grandes fondos privados de inversión no han perdido el tiempo ni el apetito ante el pastel de 2 billones de dólares al año –según cifra del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia– que representa el sector educativo. El capital busca nuevas oportunidades de negocio y siempre son una apuesta segura los servicios esenciales, como la educación o la salud.
Dinamia Capital Privado Sociedad de Capital Riesgo, SA, explica las oportunidades de negocio que ofrece la educación española: “existe una creciente demanda de centros privados debido a la preocupación por la educación, que está llevando a las familias con rentas medias-altas a buscar una mayor calidad para sus hijos”. Entre sus negocios está también el grupo de perfumería Bodybell o la empresa de aparcamientos Eysa. Dinamia ha vendido su participación del 49.3 por ciento en Colegios Laude al fondo de inversión International Schools Partnership. Colegios Laude opera siete centros privados en España, con más de 5 mil alumnos y unos ingresos superiores a los 37 millones de euros.
“Dejar la educación a merced de las fuerzas del mercado implica desconocer que está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, a juzgar por lo que se comienza a ver, esta macdonalización parece suponer que la investigación está motivada no por lo que conviene al bien común, sino por lo que las grandes empresas consideran lucrativo”, apunta Rafael Cuevas Molina, profesor-investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en Costa Rica.
La Constitución Española dice que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos. Pero los especialistas de la Universidad de Londres, Stephen J Ball y Deborah Youdell, ya advirtieron sobre la “privatización encubierta” que consiste, según ellos, en reducir el peso de los recursos públicos y obligar a las familias a pagar por segmentos de educación que tienen un valor diferencial: extraescolares, refuerzos y apoyos, idiomas, informática, música, etcétera.
Por su parte, la profesora emérita de la Universidad de Upsala (Suecia) Ulla Riis relaciona este boom privatizador con el aumento de la segregación en los colegios: “los alumnos con mejor nivel sociocultural han ido a las escuelas concertadas, y los de peor estatus a las públicas”, explica. “Eso ha provocado la pérdida del llamado efecto del compañero de pupitre, según el cual los alumnos con mayor rendimiento académico ayudan a mejorar los resultados de todo el grupo”, abunda.
En palabras del profesor Cuevas Molina, “bajo la racionalidad neoliberal, el sistema educativo es analizado con relación a tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, que fueron originalmente acuñadas por la pedagogía estadunidense del eficientismo industrial y que trasladan al campo de las ciencias humanas conceptos empresariales. De esta manera, se vincula mecánicamente el sistema educativo con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo”.
*Periodista
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