Nuestros lectores

Selva Lacandona, por el respeto a las comunidades y al medio ambiente

La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala-México (MODH), que tendrá lugar del 10 al 16 de noviembre, comparte las exigencias de miles de mujeres y hombres mayas que habitan la Selva Lacandona en Chiapas.

A partir de la segunda quincena de octubre, organizaciones sociales y autoridades de comunidades y pueblos indígenas que habitan la Selva Lacandona se han pronunciado contra las políticas gubernamentales de militarización. En particular, contra la formación de la Gendarmería Ambiental, en el marco de la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) el 14 de abril de 2016.

El pasado 19 de octubre, la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática se pronunció en contra de la presencia de la Gendarmería Ambiental en ANP, bajo el pretexto de “restablecer el orden y la paz públicos”. También denunció los proyectos hidroeléctricos y la expansión de las plantaciones de palma africana que devastan miles de hectáreas de selva en los municipios de Benemérito de Las Américas y Marqués de Comillas.

El pasado martes 25 de octubre de 2016, miles de mujeres y hombres, niñas, niños, ancianas y ancianos de los pueblos mayas que habitan la Zona Lacandona, se aglutinaron en Nueva Palestina y Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, para pronunciarse en defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

Los Bienes Comunales de la Zona Lacandona (BCZL) protestaron enérgicamente contra:

-La militarización de los Montes Azules y otras áreas naturales protegidas de su territorio, a partir del anuncio de creación de la Gendarmería Ambiental.

-La destrucción de la selva por el fomento gubernamental de plantaciones y proyectos extractivistas.

-La represión y criminalización de autoridades de pueblos y organizaciones indígenas que se oponen a las políticas de despojo y mercantilización de los bienes naturales.

-Las políticas sociales y económicas que generan desigualdad, injusticias y discriminación.

-El incumplimiento de tratados internacionales sobre derechos de pueblos originarios.

Sus demandas principales son:

-Terminación de cierre poligonal para la elaboración de un Nuevo Plano, apegado a la realidad y acordado con comunidades que habitan dentro del polígono y con sus organizaciones.

-Administración de las siete reservas que se encuentran dentro del polígono de los BCZL.

-Diálogo firme y respetuoso entre gobierno y las autoridades de la Comunidad Lacandona.

Mientras los gobiernos federal, estatal y municipal, se empeñan en imponer un proyecto de mercantilización de la selva con un discurso ambientalista que contrasta con sus políticas y programas, las comunidades indígenas con sus autoridades y organizaciones avanzan en otra dirección.

Ponen al descubierto los intereses ocultos que tienen las grandes corporaciones sobre esta región, que aunque representa sólo el 0.16 por ciento del territorio nacional, alberga el 20 por ciento de la diversidad biológica mexicana, hidrocarburos, recursos minerales y el 30 por ciento de los recursos hidrológicos del país.

Pero sobre todo, nos muestran que a partir del diálogo horizontal y la construcción de acuerdos, es posible la defensa de la Madre Tierra y de sus territorios.

La Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), red de organizaciones de Guatemala y México, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las poblaciones fronterizas, anuncia el inicio de la MODH nace de múltiples espacios de encuentro entre organizaciones de ambos lados de la frontera, donde hemos ido dialogando y tejiendo poco a poco esta alianza social y ciudadana entre pueblos de Guatemala y el sur de México para visibilizar nuestro caminar, las causas que nos unen en la defensa de los derechos humanos y las luchas que compartimos en defensa de los territorios, los géneros y las migraciones.

Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala-México

Solidaridad con defensor de derechos humanos en la Región Lagunera

Jorge Alejandro Saucedo Alvarado es estudiante de noveno semestre en la Universidad Iberoamericana Torreón. Activista y defensor de derechos humanos en la región, busca generar espacios de reflexión, criticidad y análisis en La Laguna. En los últimos meses ha sido objeto de diferentes amenazas donde sus derechos se han visto vulnerados y no ha podido ejercer su activismo en su totalidad.

El 11 de mayo del 2016 por la madrugada, comenzó a surgir un perfil falso con su nombre y una página de Facebook que hacía alusión a su página de Facebook. Durante 1 hora, agregaron a la mayoría de sus amigos, tanto de universidad como de la iglesia, trabajo y familia. En ella aparecían sus fotografías con algunos mensajes y además diferentes publicaciones con mensajes hacia su persona. En menos de 1 hora la página y el perfil fueron dados de baja y sus amigos le mandaron capturas de pantalla de lo que se había publicado. Estos mensajes hacían referencia a la libertad de expresión y a que lo iban a desaparecer.

El 23 de octubre del 2016 por la madrugada, entre las 2: y las 2:30 horas, circuló un perfil con un nombre similar al suyo (Jorge Salcedo) utilizando sus fotografías y con diferentes mensajes  en ellas, como: “Te vamos a matar”, “te vamos a callar como debíamos haberlo hecho”, “el 44 serás tú Saucedo y morirás perro tú y tus medios”. Esto fue señalado por sus amigos y familiares quienes empezaron a ser agregados y vieron que además se habían publicado estos mensajes, lamentablemente no pudieron ser copiados porque la página fue dada de baja en menos de 30 minutos.

En un estado de derecho no es posible que se atente contra la libertad de expresión, cuando es de los principales pilares de la democracia. Como ciudadano, estudiante y activista, no puede existir un intento de censura o amenaza a quienes dan voz por las causas de los derechos humanos.

Por lo tanto, condenamos las amenazas que Jorge Alejandro Saucedo Alvarado sufrió en los últimos días. Asimismo exigimos la investigación de estos hechos, se busque al o los responsables y se les lleve a la justicia. Del mismo modo exigimos se vele por su integridad y por pleno el ejercicio de su activismo.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana

La Fiscalía no será autónoma

Los nombramientos recientes de los nuevos procurador General de la República y secretaria de la Función Pública son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una Fiscalía autónoma. En más de una ocasión, las personas y organizaciones firmantes hemos enfatizado la importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado. Sólo así se logrará construir la confianza y legitimidad necesarias para este nuevo sistema y también asegurar el nombramiento de perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo.

Sin embargo, lo que acabó de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones. El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto. Estas prácticas debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del Sistema Nacional Anticorrupción asimismo es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto.

El nombramiento de la nueva secretaria de la Función Pública viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para nombrar a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia se obligó en septiembre de 2016 a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al Secretario o Secretaria. Esta consulta nunca se realizó.

Por otra parte, el nombramiento del Procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México. Tan sólo días después de que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia, diálogo que incluye la selección del perfil más adecuado que deberá operar éste, el Presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad (por ejemplo, sobre su conocimiento del sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia).

Se debe recordar que el año pasado Cervantes Andrade fue considerado como posible integrante de una terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como ahora, su perfil fue severamente cuestionado. La designación de un senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos.

Sirva lo anterior también como un extrañamiento directo y claro para el Senado de la República: su papel en la ratificación del Procurador anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal. Una designación del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho no debe realizarse como un simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado de la República resolvió la designación presidencial.

Las personas y organizaciones firmantes exigimos que estas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador, pues consideramos que no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están.

Atentamente,

Alianza Cívica, Arkemetría Social, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, CCiudadano Construcción y articulación de lo público, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Nacional de Comunicación Social, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Colectivo por la Transparencia, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, Defensoría de los Derechos de la Infancia, Dejemos de Hacernos, Equis Justicia para las Mujeres, Freedom House México, Fundación para el Debido Proceso, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Inclusión y Equidad, Consultora Latinoamericana, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Información Accesible y Rendición de Cuentas, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Iniciativa Sinaloa, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Justicia Pro Persona, México Unido Contra la Delincuencia, Programa de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Sonora Ciudadana, Visión Legislativa, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana

[NUESTROS LECTORES]

Contralínea 513 /del 07 al 12 de Noviembre 2016