Huajuapan de León, Oaxaca. El pasado 16 de marzo, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) logró la liberación de Dolores –una mujer oaxaqueña, jefa de familia y madre de una niña de 7 años– que el 8 de mayo de 2014 fue detenida arbitrariamente, acusada de la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad. Dolores pasó 2 años 11 meses en prisión preventiva debido a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos que se le imputaron.
Este caso de abuso de prisión preventiva, desafortunadamente, no es aislado en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Oaxaca, en el que Dolores estuvo privada de su libertad. El 75 por ciento de las mujeres en esa situación no cuentan con una sentencia que compruebe su culpabilidad; esto es representativo de la violencia de género que existe en el ámbito del acceso a la justicia.
Debido a la ausencia de una investigación sólida que contribuyera al esclarecimiento de los hechos, Dolores fue víctima de violaciones a su derecho de acceso a la justicia. Entre las principales violaciones que Dolores sufrió durante su proceso están la realización de una audiencia sin su presencia, así como la omisión al deber de objetividad y lealtad de la fiscalía, quien sabiendo que tanto la vinculación a proceso como la acusación estaban basadas en pruebas no sólidas, no promovió el sobreseimiento con el que se reconocía la inocencia de Dolores, sino hasta el 16 de marzo de 2017, día en el que dio inicio la etapa de juicio en el caso.
Después de múltiples argumentaciones por parte del abogado y coordinador del Área Jurídica de Asilegal, Edgardo Calderón, el Ministerio Público finalmente admitió que no contaba con las pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad de Dolores. El hecho de que tuvieran que pasar más de 2 años para que el Ministerio Público pudiera llegar a esa conclusión demuestra su incapacidad para hacerle frente a un sistema de justicia de corte acusatorio adversarial, que requiere de operadoras y operadores de justicia capacitados para lograr los objetivos esenciales del proceso penal. Entre éstos, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune; lo anterior, bajo el principio fundamental de presunción de inocencia y debida diligencia, principios vulnerados en todo momento en contra de la joven oaxaqueña.
Además de las violaciones al debido proceso, Dolores fue víctima de una grave violación a sus derechos reproductivos, ya que 5 días después de haber sido detenida le fue practicado un legrado sin que se contara con las condiciones médicas necesarias, sin informarle del procedimiento y sin que se le hubiera dado el tiempo necesario para su recuperación, pues después de ésta fue trasladada de inmediato al Centro de Reinserción Social. Asimismo es importante mencionar que en el hospital, en el que finalmente le hicieron el legrado, en un principio le negaron la atención porque “no estaba aseada”.
Uno de los problemas que desde Asilegal identificamos en la instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la dificultad para la correcta valoración de la evidencia probatoria, la cual quedó demostrada en la omisión de la debida diligencia por parte del órgano investigador y del cuerpo pericial que conocieron del caso de Dolores.
En Asilegal queremos enfatizar el impacto que tiene el rompimiento de vínculos afectivos importantes, como son los familiares, cuando las mujeres son acusadas de un delito que no cometieron. En el caso de Dolores, por ejemplo, ella era el único sustento de su hija que ahora cuenta con 7 años de edad.
Desafortunadamente este caso constituye un referente de las deficiencias que prevalecen en el sistema de justicia penal y son prueba de la necesidad de que en las instituciones se cuente con personal capacitado para instrumentar el sistema de justicia penal acusatorio con base en el respeto a los derechos humanos.
En Asilegal estamos contentos y contentas con esta resolución, pero no dejaremos de denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en las que incurren las instituciones de justicia en nuestro país.
Atentamente: Asistencia Legal por los Derechos Humanos
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