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Nahuas de Michoacán denuncian reactivación de los Caballeros Templarios

A los pueblos de México y del mundo:

La comunidad indígena de Santa María Ostula (Michoacán) comunica que el 4 de septiembre del presente año realizó una asamblea general de comuneros en la que acordó reactivar en forma indefinida el retén que está instalado en la carretera costera 200, con la participación de los comuneros y policía comunitaria de la totalidad de la comunidad.

Lo anterior debido a que los extemplarios, a través de lugartenientes como el Tena, el Tuco y Chuy Playas, se han estado reagrupando y tomando control de regiones enteras de la Costa-Sierra de Michoacán, ante el silencio omiso de la Secretaría de Marina-Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad; y ante el fracaso evidente, en todo el estado, del mando único policial.

Por otro lado, las concesiones mineras otorgadas dentro de nuestro territorio, sobre todo a trasnacionales como Ternium, no han sido canceladas, en tanto que dentro del juicio agrario 78/2004, mismo que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima, se han realizado toda clase de trapacerías tendientes a modificar los linderos inmemoriales de nuestra comunidad con el fin de favorecer a los templarios de La Placita y a las empresas mineras interesadas en nuestras tierras.

Igualmente, el Estado mexicano ha sido incapaz de cumplir las elementales exigencias de justicia hechas por nuestra comunidad; por dicha razón invitamos nuevamente a los pueblos de México y el mundo a apoyar nuestra lucha en el cumplimiento de las siguientes exigencias:

-Desmilitarización de la región de la Costa-Sierra de Michoacán, el castigo a los mandos y a los integrantes de las corporaciones militares y policiacas que asesinaron al niño Hidelberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de Ostula y la devolución de los siguientes artículos: cuatro radios de comunicación, el sello e identificaciones del consejo de vigilancia, una pistola con registro y cuatro juegos de llaves.

-Aprehensión de los jefes del cartel templario en la región, Federico González Medina, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias el Chacal, y desarticulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica.

-El respeto y otorgamiento de garantías para la libertad de los integrantes y el funcionamiento de la Policía Comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.

-Presentación con vida de los seis comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 4 años.

-Respeto al territorio que en forma inmemorial corresponde a nuestra comunidad y cancelación de las concesiones mineras otorgadas dentro de dicho territorio a personas ajenas a nuestra comunidad.

Xayakalan, Ostula, Michoacán

Atentamente,

 “Nunca más, un México sin nosotros”

Comunidad Indígena de Santa María Ostula

México debe cumplir recomendaciones de Grupo de Trabajo de la ONU

El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos.

Los testimonios que escucharon durante su visita los señores Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros.

En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur.

En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos.

En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia.

En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”.

Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU.

En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos, la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras.

El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50 por ciento de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales.

Quienes integramos la coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a:

Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor.

Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones.

A las empresas a:

Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.

Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente; Bios Iguana; Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País; Cartocrítica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local; Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; Centro de Reflexión y Acción Laboral; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Colectivo Sí a la Vida No al Basurero Tóxico en Noria de la Sabina; Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales; Comités de Cuenca Río Sonora; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali; DECA Equipo Pueblo; DH Rayoactivo; El Barzón Chihuahua; EcoRed Feminista la Lechuza Buza; Enfoque DH; Estancia del Migrante en Querétaro; Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla; Greenpeace México; Grupo de Estudios Ambientales; Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Organic Consumers Association (México); Oxfam México; Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, Universidad Iberoamericana; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Red Mexicana de Afectados por la Minería; Semillas de Vida; Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados; Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: NUESTROS LECTORES]

Contralínea 507 / del 26 de Septiembre al 01 de Octubre 2016