Ciudad de México, 19 de julio de 2018
Al señor don
Miguel Badillo
Director de la Revista
Contralínea
De mis consideraciones,
Me refiero al artículo publicado en la revista “Contralínea”, el 17 de julio pasado, en el cual el autor del mismo, señor Javier Calderón Castillo, se permite realizar una serie de afirmaciones que, además de ser inexactas, ponen en tela de juicio el combate a la corrupción en el que se halla inmerso el Ecuador y que cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano.
El artículo contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático de mi país.
En efecto, el referido proceso ha tenido como uno de sus puntos más relevantes la celebración del referéndum y consulta popular, verificados el 4 de febrero pasado. En el texto aprobado en dicha consulta y referéndum, se destaca el respaldo que el pueblo ecuatoriano expresó, por abrumadora mayoría, a las propuestas emanadas del amplio diálogo que sostuvo el presidente Lenín Moreno con diversos actores de la sociedad ecuatoriana.
Cabe recordar que una de las preguntas clave en esa consulta fue la restructuración del Consejo de Participación Ciudadana, que daba por terminado el período de sus entonces miembros. Los nuevos integrantes del Consejo se encargarían de evaluar el desempeño de las autoridades, pudiendo anticipar la terminación de sus períodos. Esa pregunta fue aprobada con el 63% de los votos positivos de los ecuatorianos.
La conformación de dicho Consejo fue acogida con beneplácito por el pueblo ecuatoriano. Sus integrantes son profesionales honorables, empeñados en recobrar la institucionalidad del Ecuador, sin depender de fuerza política alguna, lo cual es fácilmente verificable, en razón de la dilatada y reconocida trayectoria y accionar de cada uno de ellos. En virtud de todo ello, la aceptación de su gestión bordea, en los actuales momentos, el 70%. Sectores diversos de la sociedad ecuatoriana: organizaciones sociales, indígenas, campesinas, políticas, académicas y sociedad civil en general han manifestado, de manera firme y permanente, su respaldo a esta gestión transparente y ciudadana, que constituye un puntal fundamental de la nueva ética pública que se ha implementado en el Ecuador.
En esa línea, el caso que se sigue en contra del ex presidente de la República, Rafael Correa, ha sido manejado de manera independiente por dicha función judicial en el Ecuador. Se trata de un proceso de plagio (secuestro) y asociación ilícita que son delitos de acción penal pública. La sustanciación de dicho proceso se realiza apegada al ordenamiento jurídico ecuatoriano, observando todas las garantías constitucionales y procesales, sin ningún tipo de injerencia política.
Ni en este, ni en ningún otro caso, existe persecución política alguna. Al contrario, la Función Judicial persigue los delitos para que no queden en la impunidad y obra con probidad con base en el ordenamiento jurídico vigente, el mismo que es aplicable a todos los ciudadanos ecuatorianos sin distinción alguna, sin perjuicio del fuero (se aclara que se ha respetado irrestrictamente el fuero del ciudadano en cuestión) del que se encuentren investidos. En tal virtud, el Ecuador exige respeto a su soberanía, a su institucionalidad y al estado de derecho, de la misma manera en la que el Ecuador ha actuado respecto de las decisiones de otros países.
De acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República, la jurisdicción y competencias de los Poderes del Estado están perfectamente definidas, lo cual garantiza una total autonomía e independencia entre ellos.
De esta forma, la Justicia ecuatoriana obra sin ningún tipo de presiones. En el Ecuador se registra una auténtica separación de poderes. El proceso de selección de funcionarios realizado respecto de la Función Judicial, ha dado como resultado que profesionales probos, de carrera y, ante todo, sin filiaciones ni personales ni políticas con la autoridad de turno, asuman esa tarea con patriotismo y teniendo como único compromiso los altos objetivos del Ecuador.
Respecto de la autonomía e independencia de la que goza la Función Judicial en los actuales momentos, instancias internacionales y regionales se han expresado sobre su imparcialidad y efectividad.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle, señor director, mis sentimientos de consideración y estima,
Leonardo Arízaga Schmegel
Embajador del Ecuador en México
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