Provocado por un niño de 13 años de edad, Elías Mussali Bissu, quien reclamó al presidente que se preocupe por los niños que, por su pobreza, no pueden estudiar, Felipe Calderón confesó ante la comunidad judía que en México se han hecho fortunas inmensas al abrigo del poder, por lo que hacen falta servidores públicos orientados al bien común.
Sin nombrarlos, Calderón aludió a los gobiernos priistas cuando declaró, en una reunión con la Cámara de Comercio de México, que el país fue educado en la cultura de la complicidad, la corrupción y la transa.
Habría que precisar ambas afirmaciones. No es el país el que se ha educado en esa cultura de la corrupción, sino el gobierno. Y no hay nada nuevo en lo dicho por Calderón. Funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se enriquecieron con el erario. Al grado de que, con cinismo, acuñaron la frase “vivir fuera del presupuesto es un error”.
Pero si la corrupción fue la marca de los priistas durante sus 70 años en el poder, ¿qué han hecho los panistas en los 10 años que llevan al frente del gobierno federal? Sería interesante que Calderón hiciera una autocrítica de su gobierno y del de Vicente Fox. Ambos, simplemente, han sido cómplices, omisos y promotores de esa corrupción que lacera a la sociedad mexicana.
Lejos de combatir la corrupción, los gobiernos panistas alentaron, en la última década, el abuso del poder, el desvío de recursos públicos, la complicidad con empresarios, el chantaje político y el encubrimiento y protección de funcionarios y políticos que han corrompido las leyes y han asaltado las arcas públicas.
Calderón puede acusar a los priistas una y otra vez, y no se va a equivocar. Pero donde falla es al excluirse de la crítica, pues las evidencias de corrupción en este gobierno y en el de su antecesor Fox son, quizás, igual o más perversas que las cometidas en los 70 años que el PRI mantuvo el poder político.
En esta columna, hemos documentado hechos vergonzosos de corrupción de servidores públicos con empresarios, y nadie en el gobierno se ha interesado por investigar y aplicar la ley. Por ejemplo, las corruptelas de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos políticos de Fox, quienes desde Los Pinos exigían al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, contratos para empresas privadas que los tenían como comisionistas. O aquella auditoría a la administración de la Residencia Oficial de los Pinos, donde la misma Contraloría documentó onerosos gastos y desvío de recursos en la reconstrucción de las cabañas y el menaje, a cargo de un amigo constructor del presidente Fox. Ese expediente se fue al archivo sin haber sancionado a nadie.
Más reciente, fue la acusación penal que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del hasta hace poco procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, y de sus hermanos, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y vínculos con bandas del narcotráfico.
Ese expediente que recibió la PGR en noviembre de 2006 fue extraviado premeditadamente para proteger a un destacado miembro del gabinete de Calderón. Han pasado cuatro procuradores, incluido Arturo Chávez Chávez (quien, por cierto, será despedido en breve), y todos han encubierto a los Patrón Laviada.
¿Qué puede entonces criticar Calderón a esa cultura de la complicidad, la corrupción y la transa si él mismo forma parte de ella y como presidente no hace absolutamente nada para combatirla y, por el contrario, la promueve, la alienta y la estimula? Cuando habla de las fortunas inmensas hechas al abrigo del poder, ¿estaría pensando en su propia familia, en la de Vicente Fox y Marta Sahagún, en la familia Patrón Laviada? ¿O sólo en la gran familia priista que incluye a los Echeverría, a los López Portillo, a los Salinas, a los Zedillo, sólo por mencionar a algunos, pues la lista es tan grande que se llenaría toda la revista sólo con sus nombres y faltaría aún espacio?
Mucho antes de que Felipe Calderón termine su mandato, menos de dos años si logra concluirlo, las tropas de Estados Unidos habrán invadido México. Los pretextos son los mismos, narcotráfico y violencia. Éstos han provocado un clima intervencionista mediante declaraciones constantes de funcionarios y militares estadunidenses, sin descontar que también Naciones Unidas se sumó a la crítica, y mediante un pronunciamiento, preparó el camino para que “fuerzas de tarea” estadunidenses ingresen a territorio nacional.
El año pasado dijeron en Naciones Unidas: las bandas del narcotráfico que operan en México son una “superpotencia”.
Ahora se conoce el verdadero motivo de la visita de Calderón a la Casa Blanca: aceptar operativos encubiertos de agentes estadunidenses en México; persecuciones en “caliente” de aviones de Estados Unidos en territorio nacional; que los policías de las agencias Central de Inteligencia, Federal de Investigación, de administración de drogas y aduanas adscritos a la embajada estadunidense en México puedan portar armas.
Sin embargo, la prensa mexicana ha documentado que desde hace muchos años esos agentes portan armas, realizan interrogatorios ilegales a testigos protegidos, tienen casas de seguridad que utilizan como centros de espionaje y de intervención de comunicaciones y participan en operaciones de persecución en contra de cualquier persona en México que signifique un “riesgo” para su país, sin importar si son políticos, legisladores, empresarios, periodistas, luchadores sociales o delincuentes.
Pero la verdadera presión de Obama fue para que Calderón autorice el acceso de las fuerzas militares estadunidenses a territorio nacional en el momento que lo consideren necesario, pues estiman que el presidente mexicano ha perdido el control del país y eso pone muy nerviosos a los grupos ultraconservadores estadunidenses, sobre todo porque vienen los procesos electorales de 2011 y 2012, que a Washington le preocupan, y donde todo hace prever que el Partido Acción Nacional perderá la Presidencia de la República.
*Periodista
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