Ahora sí, el cínico empresario Amado Yáñez Osuna, corruptor de funcionarios petroleros (Petróleos Mexicanos) y directivos bancarios (Banamex-Citibank), finalmente ha sido acusado de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, delitos graves que deben mantenerlo preso por muchos años. Por lo pronto, ya está recluido en un penal del Sur del Distrito Federal.
Aquellas investigaciones periodísticas sobre Oceanografía le causaron al equipo de reporteros de la revista Contralínea sendas demandas por supuesto daño moral inducidas por el abogado de Amado Yáñez, Ulrich Richter, quien negaba que su empleador estuviera implicado en hechos de corrupción y fraudes a instituciones de crédito como Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Interacciones y Banamex-Citibank.
Una vez capturado, Yáñez Osuna empezará a enfrentar la soledad de la prisión y hasta entonces entenderá que no tenía amigos sino intereses y complicidades, y que todos sus exsocios lo han abandonado, algunos siguen prófugos y otros niegan su estrecha relación y asesoría que le otorgaban a cambio de jugosos contratos y beneficios económicos que recibían por ayudarle a cometer fraudes y asesorarlo legalmente para infringir leyes y reglamentos.
En esas acciones legales en contra de Yáñez Osuna –instrumentadas directamente por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien en los últimos días no encuentra soluciones a todos los conflictos que se han presentado– extrañamente no aparecen sus cómplices en la comisión de los fraudes. Entre éstos estarían los altos directivos de Banamex-Citibank, y algunos exsocios, como los integrantes de la familia Bribiesca Sahagún, que son también parientes políticos del expresidente Vicente Fox, quien durante su gobierno se ocupó de limpiar los expedientes de sus hijos políticos.
Tal parece que la procuración de justicia en este caso seguirá el mismo esquema de sacrificar al más expuesto a la corrupción pero el de menor rango en la estrategia delictiva, pues aunque Yáñez es el accionista mayoritario de Oceanografía, la realidad es que se trata de un nuevo empresario rico que puede ser sacrificado sin problema. Así, no hay disposición de la autoridad para llevar a juicio a dos de los directivos más importantes de Banamex: Javier Arrigunaga y Manuel Medina Mora.
El primero, director general del banco y quien sólo fue castigado por el Consejo de Citibank, que le pidió su renuncia por estar involucrado en el fraude. Hasta ahora, Arrigunaga no es molestado por la PGR ni siquiera para que declare dentro del expediente judicial abierto en contra de Yáñez Osuna.
El segundo, Medina Mora, presidente del Consejo de Administración de Banamex y copresidente del Citigroup, pronto dejará el cargo por el relajamiento de los controles internos y, tal vez, por su participación en el fraude. Tampoco a este directivo del banco lo investiga el procurador Murillo Karam, quien practica una justicia selectiva.
En este contexto, la familia política de Fox, los Bribiesca, tampoco se les ha citado a declarar a pesar de que se les probó su involucramiento corrupto con Amado Yáñez en los gobiernos panistas (Vicente Fox-Felipe Calderón) al traficar con sus influencias en Los Pinos para obtener contratos petroleros para la empresa Oceanografía. Pero la PGR ha hecho un lado todos esos nexos políticos corruptos de Amado Yáñez y ha preferido hasta ahora omitir investigarlos, quizás por algún acuerdo de no tocar a la familia política del expresidente de la República.
Y para seguir con las prácticas corruptas de Banamex-Citibank, las autoridades financieras mexicanas investigan un nuevo caso, concretamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) a petición de la propia institución financiera, al descubrir mediante auditorías el desvío de recursos y espionaje clandestino que se hizo en Banamex vinculado con Amado Yáñez.
Se trata del caso que involucra a Federico Ponce Rojas –subprocurador general de la República cuando Ignacio Morales Lechuga era el abogado de la nación–, quien está acusado en México y Estados Unidos de desviar recursos de Banamex a una empresa particular por casi 20 años.
De acuerdo con la indagatoria –iniciada por el consorcio estadunidense Citigroup y en la cual ya participan autoridades financieras de Estados Unidos y judiciales y financieras de México–, el abogado habría defraudado entre 1994 y 2013 a Banamex por un monto total de más de 15 millones de dólares, según las primeras indagatorias.
Como titular de la Dirección Profesional de Empresas Afiliadas, SA, Dipeasa, propiedad al ciento por ciento de Banamex, Ponce habría inflado los costos de operación de esta empresa de seguridad para desviar los excedentes a otra unidad económica no relacionada con el consorcio financiero.
Contralínea entrevistó a principios de 2013 a Ponce Rojas en su calidad de director de Dipeasa y de Servicios Especiales del Grupo Financiero Banamex Citigroup. Entonces el también catedrático en la Universidad Anáhuac condenó la falta de resultados en el combate al lavado de dinero y asentó: “Debemos ser claros: seudoempresarios que evaden al fisco y lavan dinero podrían ser tan peligrosos como los narcotraficantes que nos presentan los medios, encadenados en oro”.
Consultado acerca de los mecanismos legales para combatir el lavado de dinero en México, declaró que el Estado mexicano nunca contó –durante el sexenio de Calderón– con el arma principal: una ley que golpeara las finanzas de los cárteles, los cuales se convirtieron –en menos de 6 años– en las empresas delictivas más rentables del mundo. Por si fuera poco –observaba– la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un documento “inaplicable”.
Dipeasa fue creada por Banamex en 1994 para proteger a los directivos del banco. Desde entonces y hasta diciembre de 2013 fue dirigida por Ponce Rojas. Citigroup controla Banamex desde 2001. En enero de 2014 fue relevado por el general José Armando Tamayo, quien fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Entonces en Citigroup se conocieron las “conductas ilegales” en que habría incurrido Ponce Rojas. Y es que los señalamientos también incluyen el espionaje e intervención de comunicaciones.
Ponce Rojas declaró a Contralínea en enero de 2013 que el lavado de dinero “debe combatirse de manera firme y contundente, pero de manera integral junto con todos los demás delitos”.
En otro hecho de corrupción, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que desmantelaron una red delincuencial de evasión en la importación de textiles mediante la subvaluación de mercancías, la cual involucra a 219 actores y significó un daño al fisco por 1 mil 500 millones de pesos.
A finales de 2012, cuando Felipe Calderón preparaba sus maletas para huir del país que había dejado destrozado, publicamos en esta columna cómo funcionarios del gobierno de Estados Unidos, por conducto de sus áreas de inteligencia y policiales, aseguraban estar preocupados por la enorme corrupción e impunidad que había desbordado a todos los órganos de vigilancia, auditoría, fiscalización y procuración de justicia de México; lo que, consideraban, se había traducido en una complicidad cínica y descarada del gobierno de Calderón.
Ante ello, el Departamento de Estado dio instrucciones al Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Agencia estadunidense contra las drogas (DEA) y hasta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para investigar y denunciar ante la justicia de México hechos de corrupción que estaban impunes.
Explicaba en aquella columna: “Preocupa a Estados Unidos un caso de corrupción, soborno y contrabando de textiles que durante más de 10 años ha afectado las finanzas y la industria de México, y sus autoridades se niegan a investigar y procesar a los responsables que se esconden en la comunidad judía que vive en el país. Se trata, principalmente, de empresarios de origen judío que armaron desde el año 2000 una maquinaria de corrupción y complicidad aduanal para traer telas desde China y Corea, y cruzarlas por territorio estadunidense para evitar pagar los impuestos correspondientes amparados en el Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN).
“Este importante caso que le ha significado al fisco mexicano dejar de cobrar impuestos por miles de millones de pesos en más de 1 década, fue descubierto por el ICE estadunidense e investigado directamente por el Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, cuyos agentes especiales armaron un expediente completo, con pruebas y declaraciones suficientes, que entregaron a México por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Administración General de Aduanas.
“A pesar de ello, las autoridades mexicanas han sido incapaces de concluir la averiguación previa y consignarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión fiscal, contrabando, soborno y los que resulten.
“Este tema, que dimos a conocer por primera vez en esta columna el 26 de agosto [de 2012], ha arrojado nuevos datos: por ejemplo, que fueron los mismos empresarios mexicanos involucrados quienes compraron directamente las telas en los países asiáticos y armaron una red de complicidades con empresas de Estados Unidos para que la mercancía fuera recibida en ese país y allí falsificaran facturas y certificados de origen, a fin de exportarla a México sin el pago correspondiente que, según expertos en cuestiones fiscales, se trata de miles de millones de pesos en más de 10 años que tienen de aplicar este sistema de contrabando textil.
“Los empresarios mexicanos de origen judío constituían empresas fantasmas que eran las receptoras de la mercancía en México, y cuando los investigadores fiscalistas del SAT llegaban a sus domicilios para revisarlas, se encontraban con que éstas no existían físicamente, sólo en papeles porque habían desaparecido y no había forma de localizarlas. Esto, sumado a la corrupción de algunos funcionarios de Hacienda, permitía que nadie siguiera las huellas de este cuantioso contrabando de textiles que ha evidenciado a las autoridades fiscales mexicanas como las más corruptas y torpes en la persecución de delitos.
“Los empresarios cómplices habían constituido una verdadera maquinaria de corrupción y complicidad con algunas autoridades hacendarias que los solapaban y encubrían; por eso ahora que el expediente de Estados Unidos fue entregado al gobierno mexicano, éste no sabe qué hacer, pues ya no tiene justificación para archivar la información y dejar en la impunidad un verdadero caso que afecta a las finanzas públicas y en general a la industria textil del país.
El proceso que se sigue en Estados Unidos –de donde este reportero obtuvo la información, porque en México nadie quiere hablar del tema– lo lleva el fiscal Roel Canales, en el Distrito de Texas, División de Laredo; mientras que por México tienen conocimiento de este hecho de corrupción que sigue impune después de más de 10 años: el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la procuradora General de la República, Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo Sanciprián; el administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez, y el administrador Central de Programas Especiales de la Administración Federal del SAT.
“Estos funcionarios están preocupados por la entrega recepción de su administración al equipo de transición del próximo gobierno y han hecho a un lado su responsabilidad de gobernar. Apuestan a que sólo les faltan poco más de 2 meses en sus responsabilidades y después nadie se acordara de ellos. Por lo pronto, el gobierno de Felipe Calderón ha decidido, como en muchos otros casos de corrupción, abuso e impunidad, olvidar este expediente incompleto por su incapacidad de integrarlo y denunciarlo ante un juez federal.
“De acuerdo con el expediente abierto en Estados Unidos y cerrado en México, se trata de una red muy bien articulada que opera en México, Estados Unidos, China y Corea, dedicada a contrabandear productos textiles fabricados en esos países asiáticos y que son introducidos a México de manera ilegal vía Estados Unidos, en donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir el pago de los impuestos correspondientes. Es una vez más en el vecino país en donde evidencian la complicidad y omisión de la justicia mexicana.
“De acuerdo con documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, los empresarios involucrados son destacados miembros de la comunidad judía en México, y sus empresas habrían sido las beneficiadas con el contrabando de productos.
“Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/FISM08/185/2011 en México por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. Empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el TLCAN, con el fin de engañar al gobierno mexicano de que dichas mercancías se producían en Estados Unidos y por eso entraban exentas de impuestos.
“Con base en el Acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV.
“Mientras en México el caso está prácticamente cerrado –por lo menos en lo que concluye la actual administración–, en el expediente de Estados Unidos se afirma que entre los involucrados destacan Elías Hamul, presunto socio de Fred Lukach y quien se encargaba de obtener el pago o soborno de los empresarios para posteriormente contactarlos con Vahram Aynilian.
“La lista de empresarios mexicanos que son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres aparecen en documentos oficiales del ICE, son: José Husni Micha; Salomón Cojab Fallena; David Cojab Cohen; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel Venado; Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Simón Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez; Mauricio Niño Mora.”
Miguel Badillo*
*Periodista
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