Hacienda amplía lista de las PEPs

El gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara nuevas medidas en el sistema financiero mexicano para prevenir el blanqueo de capitales producto del crimen organizado, así como la introducción de dinero proveniente de sobornos y chantajes a políticos y funcionarios.

Después del último escándalo de la naviera Oceanografía, que ha conmocionado a los sectores empresarial y político en el mundo, el titular de Hacienda, Luis Videgaray, está dispuesto a enfrentar el tema y ya prepara acciones para identificar las empresas, nacionales y extranjeras, así como a sus accionistas principales, que representan un alto riesgo para la banca y otras fuentes de financiamiento, en lo que popularmente se conoce como “Personas Políticamente Expuestas” (PEPs).

Sin duda se trata de una nueva medida, pues esta lista de los PEPs que desde hace mucho tiempo elabora la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, estaba más dirigida a políticos y funcionarios, así como líderes sociales y partidistas, pero ahora se ampliará a empresarios, hombres de negocios, cabilderos y accionistas que representen un riesgo para el sector financiero por presumir que pueden utilizar dinero sucio proveniente de fuentes nada confiables.

Así, al regresar de la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del cónclave del Grupo de los 20 con una gran noticia, el secretario Videgary anunció que México tendrá su propia lista para el control de activos, con el propósito de bloquear del sistema financiero a compañías y personas que utilicen dinero proveniente del narcotráfico y actos de corrupción con el sector público.

Como la lista de la Oficina para el Control de Activos (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense, la SHCP daría a conocer en algunos días la relación de personas y compañías relacionadas con el tráfico de estupefacientes y actividades terroristas a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El objetivo será entregar información a las instituciones financieras para que se abstengan de hacer negocios con dichos actores.

A Videgaray, sin embargo, le hizo falta mencionar que el gobierno mexicano bajo la administración de Enrique Peña Nieto, también debe obligar a la banca (de origen extranjero y a la de capital nacional) a respetar las medidas dirigidas a evitar los negocios con Personas Políticamente Expuestas (PEPs), contempladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como por la Financial Action Task Force (FATF), como grandes fuentes de riesgo para la introducción de dinero sucio proveniente de actos de corrupción.

En muchas ocasiones, al ignorar las medidas para evitar negocios con PEPs, los bancos, las casas de bolsa, las casas de cambio e intermediarios no bancarios (regulados o no) permiten el ingreso a los circuitos del sistema de pagos de dinero sucio que se obtuvo de sobornos para obtener contratos con el sector público.

Después del escándalo de la naviera Oceanografía, que está probado otorgaba sobornos a funcionarios petroleros e involucraba a familiares de políticos (la familia política del expresidente Vicente Fox) y el equipo de Felipè Calderón) Shagún), Luis Videgaray debería haber contemplado que el problema de la banca – que por cierto ha permitido en al menos tres casos publicitados ampliamente el ingreso del dinero sucio vinculado con actos de corrupción, chantajes y sobornos – ha sido la permisividad de directivos y hasta accionistas para realizar negocios con políticos, sus familiares o con sus testaferros.

En la conferencia de prensa realizada en Washington el pasado 11 de abril, Videgaray adelantó que la versión mexicana de la lista de la OFAC – la cual acaba de agregar una nueva relación de compañías relacionadas con cárteles de la droga – incluiría muchas de las compañías que ya han sido bloqueadas por el gobierno estadounidense. La noticia sería, sin embargo, que el gobierno mexicano comenzara a incluir a ciudadanos estadounidenses y a compañías de ese país que no sólo lavan dinero a través de bancos con operaciones en ambas naciones, sino que invierten en sectores formales de la economía.

Sin embargo, es poco probable un escenario de este tipo, porque la principal fuente de información será, precisamente, la OFAC, mediante el cruce de datos entre ambos gobiernos. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda promete publicar una relación de compañías con las cuales el sector financiero deberá evitar cualquier relación de negocios, aunque hasta ahora es obligación de bancos y casas de bolsa intensificar a una PEP.

La buena noticia es que Videgaray ha dado un paso importante para consolidar información que los bancos tendrán obligación de observar, conocer e investigar para después, bajo su propio riesgo, decidir si se aventuran a cerrar negocios con empresas cuya reputación y expedientes negros son ampliamente conocidos.

En otras palabras, no bastará una denuncia pública para que los banqueros se den por enterados de la mala reputación de un gran cliente. Ahora se remitirán a la lista con el sello de la SHCP para darse por enterados, aunque convenios internacionales y compromisos firmados por el propio gobierno así ya lo establecen.

Para empezar, las reglas contra el lavado de dinero signadas por el gobierno de México reconocen la obligación de los bancos de abstenerse de establecer negocios con PEPs. Según la OCDE, han sido las constantes revelaciones y a gran escala – de corrupción que ha saqueado los bienes del Estado, lo que ha llevado a organismos multilaterales a que exijan un mayor escrutinio de las relaciones financieras con PEPs. También se ha advertido durante la última década sobre los posibles riesgos de lavado de dinero asociados con estos clientes.

Una PEP es un individuo que se desempeña o se ha desempeñado en funciones públicas y que, por lo tanto, tendrían la posibilidad de abusar, a través de familiares o prestanombres y hasta directamente, de su posición e influencia para aceptar y exigir sobornos, así como para malversar activos del Estado.

Por ello, la aplicación de un régimen de PEPs eficaz y transparente resulta, según la OCDE, en un componente crítico de la prevención y detección de transferencias del producto del delito y por lo tanto en última instancia en el proceso de recuperación de estos productos de la corrupción .

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC ) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) han publicado 40 recomendaciones sobre lavado de dinero que deben aplicar sus países miembros – incluido México – para asegurar que las instituciones financieras apliquen sistemas para la identificación y verificación de clientes PEPs y mejorado los procedimientos de debida diligencia en la apertura de la cuenta, pero también negando los servicios para reducir riesgos.

Sin embargo, en los esfuerzos de muchas instituciones financieras y las autoridades regulatorias para prevenir PEPs corruptas del acceso y la utilización del sistema financiero para el blanqueo de los productos de la corrupción, ya se registra un fracaso general en la aplicación efectiva de los sistemas basados en el riesgo para detectar el producto del desvío de fondos.

Oceanografía es un ejemplo clásico de corrupción empresarial vinculado con una empresa del Estado, en donde funcionarios petroleros permitieron al dueño de la empresa corromper autoridades y abusar de su influencia para obtener contratos multimillonarios y sobornar a todo aquel que fuera necesario.

Este caso de Oceanografía confirmaría que en México el control de los negocios del sector financiero con PEPs simplemente ha fracasado. En primer lugar, la empresa que preside Amado Yáñez era públicamente conocida por sus problemas de corrupción y por su vinculación con PEPs: los hermanos Bibriesca Sahágun y, por supuesto, con el desaparecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Banamex, sin embargo, prefirió ignorarlo para mantener sus negocios con Oceanografía y ganar mucho dinero, bajo el riesgo de que fuera descubierto y los accionistas de esa institución financiera estadunidense salieran perjudicados, como ocurrió con el fraude por más 400 millones de dólares. Ese es el riesgo que la banca de Estados Unidos está dispuesto a correr a cambio de mantener su negocio.

A Citibank-Banamex no sólo deberían sancionarlo por su falta de control contable y de contraloría en la autorizaciones por más de 400 millones de dólares, sino porque omitió cada una de las recomendaciones respecto a PEPs, situación que lo colocó contra la pared y bajo los reflectores de la opinión pública que no tiene otro remedio que recordar que los negocios con políticos son ya una tradición en Citibank.

Hay que recordar que es el mismo banco extranjero que en otro momento aceptó el dinero sucio producto de la corrupción del gobierno mexicano de parte Raúl Salinas de Gortari, hermano de quien fuera expresidente de la República. Fue en la década de los noventa cuando Citibank dejó en claro dejaron claro que está dispuesto a aceptar dinero de políticos y funcionarios corruptos sin importar de donde provengan los fondos, pues el lema de esa institución financiera extranjera es hacer crecer el negocio a costa de lo que sea, por ello los funcionarios involucrados en las operaciones irregulares están tranquilos, pues es una vieja práctica lo que hace el banco.

La corrupción y los sobornos al inició de un gobierno que ha restringido los contratos públicos y que se encuentra bajo sospecha de comenzar a dirigirlos a grupos “amigos”, deberían ser un tema central contra el lavado de dinero en el sector financiero.

La SHCP, no obstante, enfrentaría un grave conflicto de interés en un momento clave en el que grupos “empresariales” vinculados con intereses políticos buscan afianzar negocios para garantizar la permanencia del régimen. Situación muy complicado por donde quiera que se observe.

El Fincen, a propósito de nuevas formas y fuentes de dinero sucio, ha confirmado que en México las casas de bolsa – nacionales y extranjeras – están empezando a llevar dólares en efectivo a territorio estadounidense, para depositarlo directamente en bancos que operan en ese país. Por ello, el Fincen ha advertido a las instituciones locales que deben observar el gran riesgo de cerrar negocios con casas de bolsa que traen dinero en efectivo de México.

Se trata de operaciones tan sofisticadas que no estarían vinculadas sólo con el tráfico de dólares, sino actos de corrupción y sobornos en donde los actores involucrados tienen conocimientos corporativos y operan negocios con el sector público.

Los bancos en México y las casas de bolsa deberían estar alertas ante las PEPs. No obstante, los conflictos de interés son claros cuando el principal cliente de las instituciones de crédito es, precisamente, el gobierno en sus tres niveles.

Así, gobernadores, secretarios de Estado, gobernadores y presidentes municipales, entre otros funcionarios menores, se engarzan en negocios muy rentables con los bancos que si bien comienzan con préstamos o emisiones de deuda para estirar las participaciones federales, muchas veces terminan en negocios privados.

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