Historia negra de Bancomext

Con los cambios de grupos políticos en la conducción de un país, uno esperaría que los problemas disminuyan y que los nuevos gobernantes se ocupen en mejorar las condiciones de vida de la población; sin embargo, en México no sucede eso, y en lugar de ello continúan los abusos y excesos de los burócratas.

Un ejemplo es la banca de desarrollo, la cual históricamente ha estado marcada por los fraudes y abusos de sus directivos, quienes además perciben onerosos salarios y prestaciones exorbitantes para un país que su mayoría de la población se debate en la miseria extrema.

Este es el caso del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en donde su director general Enrique de la Madrid Cordero no ha terminado de entender después de dos años la misión de esa institución financiera y está más preocupado en promover su imagen en la prensa que en atender los problemas del banco encargado de otorgar financiamientos a empresas participantes en el comercio exterior.

En Bancomext hay seis direcciones generales adjuntas y una coordinación técnica de la dirección general, con sueldos que oscilan alrededor de 200 mil pesos mensuales, más prestaciones y lo que puedan pescar por sus buenos oficios.

En el caso de los jubilados en otro banco de desarrollo, Nacional Financiera (Nafinsa), por ejemplo, tienen un sueldo adicional, lo que representa para estos un ingreso mucho mayor al del mismo presidente de la República.

En el despilfarro de dinero público hay que incluir aviadores, pagos irregulares a la función del banco, compromisos políticos, estructura paralela de outsourcing, gastos innecesarios, compras indebidas, trafico de influencias y sobornos por créditos otorgados.

En un correo de Ana Sainas Serrano, quien es directora de Diesa, filial de Bancomext, pero en sus comunicados y correos firma como Coordinadora Técnica de la Dirección General de Bancomext (aunque el responsable real de este cargo desde mayo de 2012 es Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez), enviado a Constanza Montserrat Munlloch Noguera, directora de Comunicación Social del banco, y Salvador Leal, secretario particular, les advierte de un asunto “muuuuuuuuuuuy importante”, pues se trata de instrucciones directas de Enrique de la Madrid para promover su imagen en columnas periodísticas de diarios nacionales dispuestas a escribir lo que les ordenen desde Bacomext.

El correo de Sainas Serrano enviado a Montserrat Munlloch y cuya copia fue entregado a esta columna dice textualmente:

“Le volví a preguntar a Emc (abreviatura usada entre directivos del banco para referirse a Enrique de la Madrid Cordero) lo del cacareo y me dijo que ya habíamos quedado que una vez por semana Montse (directora de Comunicación Social) le tiene que llevar las propuestas de cacareo de la semana de Arana, Hoyo y Siliceo, todas las semanas y que eso tiene que aparecer A FUERZAS con un columnista, que eso era lo hablado y lo acordado.

“Que quiere una explicación breve de en qué consiste cada tema para poder escoger.

“Que tiene que haber una estrategia de por qué se está escogiendo a determinado columnista. Y, recado textual, ‘que no lo quiere volver a repetir’.

“Que la semana que entra quiere ya que aparezca una columna con esto y que no ha recibido aún las propuestas.

“Eso es independiente de los tuists (sic) de él, los de Presidencia (de la República) y demás.

“Besos.

“Ana Sainas Serrano

Coordinadora Técnica de la Dirección General”

Empecemos por el director general adjunto Financiero, Miguel Siliceo Valdespino, quien en la lista de servidores públicos sancionados de la Secretaría de la Función Pública aparece su expediente CG-SRI-019-99 con fecha del 14 de febrero de 2000, en donde sólo fue sancionado con un “apercibimiento privado” por violación a la leyes y a la normatividad presupuestal cuando se desempeñó como director general adjunto de Finanzas en Bancomext y posteriormente se desempeñó como director general de Administración en Banobras.

Con maestría en Economía del Tec de Monterrey y un posgrado en la Universidad de Londres, Siliceo Valdespino también se desempeñó como director de Administración en Banobras durante la gestión de Georgina Kessel, y ahí enfrentó varias acusaciones que no prosperaron por abuso y desvío de recursos públicos, hasta que llegó la nueva administración y lo despidió Alfredo del Mazo.

Pero gracias a su relación con el panista Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda en la época en que el panista Ernesto Cordero fue su titular, ingresó a Bancomext en donde lo adoptó Enrique de la Madrid, sin importar su sanción durante su gestión en el mismo banco.

Otro exfuncionario panista incrustado en las filas de Bancomext es Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, coordinador técnico de la Dirección General, con nivel salarial de director general adjunto, quien en el gobierno de Felipe Calderón se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda con Ernesto Cordero.

En los pasillos de Bancomext aseguran que Ochoa se jacta que su padrino político es Agustín Carstens, ni más ni menos que el gobernador del Banco de México, por lo que es prácticamente intocable, aunque la mayor parte de su tiempo lo dedica al juego de tenis o a ver series y películas en su lujosa oficina del banco.

Otro caso que comentar es el del director del Órgano Interno de Control del banco, Sergio Manuel Cancino y León, jubilado de Nafinsa, pero con el apoyo de su amigo Mario Laborín Gómez llegó a Bancomext como contralor en aquella época que buscaban fusionarse con Nafinsa. Con amplias recomendaciones del medio periodístico, Cancino y León es inamovible.

El director general adjunto de Crédito, Miguel Ángel Ochoa Salas también es jubilado de Nafinsa y amigo de Laborín Gómez y Héctor Rangel Domene, por lo que tiene una posición clave y estratégica en Bancomext. Durante la administración de estos “banqueros panistas” varias empresas del Grupo Monterrey se han visto beneficiadas con créditos blandos.

Otro funcionario de Bancomext es José Alonso Medina y Medina, director general adjunto de Administración y Finanzas, recomendado del subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, y de quien dicen al interior del banco que se ganó el cargo por sus méritos en campaña, pues adentro poco sirve a la institución crediticia de segundo piso.

Aunque el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, parece que tiene un control férreo en su sector, lo cierto es que poco le sirven estos funcionarios panistas que desde Bancomext impulsan la reforma financiera.

En información documental obtenida de Bancomext a través de los órganos de transparencia, se documenta ampliamente la corrupción de Amado Yáñez y su empresa. Hay créditos que ese empresario obtuvo mediante engaños y simulaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior por más de 30 millones de dólares, al utilizar cinco facturas apócrifas de Pemex que sirvieron de garantía para obtener financiamiento ilegal de dicha institución financiera. Esto lo hizo en 2004 y 2005.

Las evidencias son un par de oficios enviados por el coordinador de Recursos Financieros de Pemex Exploración y Producción (PEP), Pedro Martínez Alonso, al gerente de Auditoría B del Órgano Interno de Control de Bancomext, Raúl Muñuzuri Becerra, en donde le solicita su intervención para esclarecer el caso relativo al contrato PEP-0-IE-504/05 de la empresa Oceanografía.

Otros casos se documentan desde el 16 de noviembre de 2005, cuando la Secretaría de la Función Pública, bajo el mando de Eduardo Romero Ramos, ejerció su facultad de atracción sobre varias auditorías e investigaciones que se llevaron a cabo en el Bancomext, cuyo titular era Héctor Reyes Retana, y que involucraban a unas 12 empresas en fraudes por 38 millones de dólares, algo así como 500 millones de pesos, al presentar documentación apócrifa para la obtención de créditos.

Eduardo Romero es un panista de Chihuahua que siempre estuvo cobijado por su paisano y antecesor en Función Pública, Francisco Barrio Terrazas. Fue él directamente quien ordenó al director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Jesús María Robledo Sosa, enviar el oficio DG/311/2008/2005 al Órgano Interno de Control en el Bancomext, solicitándole la remisión del expediente original y todas sus constancias, mismo que fue enviado mediante el oficio 06/305/OIC-139/05, con fecha 23 de noviembre de 2005.

Esos casos con pruebas de evidente corrupción se mantienen en el anonimato desde hace muchos años, por eso es relevante dar cuenta de ellos, pues esos expedientes atraídos por Función Pública fueron ocultados y guardados en los archivos de esa Secretaría de Estado para proteger a funcionarios corruptos y encubrir millonarios desfalcos cometidos por empresarios cómplices en perjuicio del patrimonio del Bancomext.

¿Cuántos casos más oculta la Secretaría de la Función Pública para proteger a funcionarios que en lugar de servir a la nación se han servido del presupuesto público para enriquecerse junto con amigos y familiares?

El 27 de marzo de 2001, se solicitó al Consejo Directivo del Bacomext la autorización del esquema de Financiamiento Automático de la Cartera de Exportación (FACE), bajo el supuesto de que esta institución no asumiría riesgos crediticios en estas operaciones porque recaían en la aseguradora de crédito o en la empresa garante.

Pero omitieron informar al Consejo que la aseguradora únicamente indemnizaría hasta el 90 por ciento de la pérdida neta y sólo cubría el riesgo de mora prolongada, quiebra o suspensión de pagos del comprador, a pesar de lo cual el Consejo autorizó instrumentar el FACE.

El conflicto de interés radicó en que los mismos funcionarios del Banco que habían hecho la propuesta al Consejo integraban la administración de la aseguradora de crédito.

Desde el inicio de la presentación y operación del FACE, hubo múltiples fallas, como efectuar el descuento de documentos sin realizar el estudio de crédito y el Banco quedaba al margen de la cobertura del seguro al no comprobar la revisión o validación de los documentos presentados por las empresas, muchos de los cuales eran apócrifos.

Como consecuencia de las fallas estructurales y operativas, funcionarios del Bancomext en complicidad con empresarios cometieron irregularidades administrativas en perjuicio del patrimonio de la institución.

Las operaciones del FACE se iniciaron en 2001, cuando el director general del Bancomext era José Luis Romero Hicks, y para el 31 de marzo de 2005 había 45 empresas acreditadas por 74 millones de pesos y 34.7 millones de dólares, de los cuales se enviaron confirmaciones a 21 empresas y se determinó que 12 compañías presentaron documentación apócrifa para disponer de 457 millones de pesos.

Un ejemplo fue lo ocurrido en 2003, cuando funcionarios del Banco tuvieron conocimiento de que el cliente final de la acreditada Ditumex no existía y el área jurídica del Bancomext no informó al área de promoción de crédito del fraude cometido, a fin de que ésta estableciera los controles necesarios para evitar nuevos quebrantos patrimoniales.

En aquella ocasión, sólo presentaron una denuncia de hechos en contra de Ditumex, que ocasionó un perjuicio al Banco por 1.7 millones de dólares.

En el periodo 2003-2004, se descubrieron siete acreditadas del programa FACE que cayeron en cartera vencida por un monto de 60.9 millones de pesos, pero, en opinión del área jurídica, en seis casos había fraude con utilización de facturas falsificadas. En marzo de 2005, hubo un caso más de cartera vencida y fraude por 107.9 millones de pesos.

Esta es la actuación de funcionarios a lo largo de la historia de Bancomext y ahora sería bueno que Función Pública vigile la actuación de Enrique de la Madrid y su grupo de directores generales adjuntos.

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