Sólo falta un mes para que Felipe Calderón y su equipo se vayan del gobierno y, seguramente, del país. Se mencionan como posibles destinos Estados Unidos y España, este último beneficiado hace unos días con contratos petroleros directos (sin licitación internacional de por medio, como lo exigen las leyes en la materia) por miles de millones de pesos, para “salvar de la crisis” a esa nación europea.
La huida del actual presidente panista y algunos de sus secretarios de Estado buscaría evitar represalias o reclamos por parte de millones de mexicanos afectados por su mal gobierno. Fue el mismo Calderón quien mencionó a la Universidad de Texas, en donde pretende un refugio académico y una nueva vida.
Sin embargo, hasta ese estado texano llegaron las protestas: decenas de estudiantes y maestros se pronunciaron en contra de que el mandatario mexicano pretenda arribar a esa institución para impartir cátedra, sin tener los méritos académicos e intelectuales para ello, además del rechazo natural que les produce una persona que fue causante de miles de muertos y desaparecidos por su pésima administración.
Mientras Calderón prepara la huida, en México deja muchos pendientes al nuevo gobierno priísta que encabezará Enrique Peña Nieto. Uno de tantos casos se archiva en un voluminoso expediente abierto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo del maestro Irving Barrios Mójica.
Se trata de la averiguación previa UEIDFF/FISM08/185/2011, que involucra actos de presunta corrupción, contrabando y defraudación fiscal que durante casi 15 años habrían realizado grupos empresariales que adquirían su-puestamente telas de China y Corea, y cuyos cargamentos llegaban primero a territorio estadunidense y después ingresaban a México, amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin pagar los impuestos correspondientes.
Este importante caso, que le ha significado al fisco mexicano dejar de cobrar impuestos por miles de millones de pesos en más de una década, fue descubierto por el Inmigration and Customs Enforcement (servicio de inmigración y control de aduanas estadunidense) e investigado directamente por el Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas. Los agentes especiales de dicha institución armaron un expediente completo, con pruebas y declaraciones suficientes, que entregaron a México por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República y la Administración General de Aduanas.
A pesar de ello, la PGR no ha concluido la averiguación previa y tampoco la ha consignado ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión fiscal, contrabando y lo que resulte.
Abogados de los empresarios involucrados aseguran que la PGR ya envió al archivo la averiguación, porque no había elementos para responsabilizarlos;?ello porque “son empresarios textileros que actuaron de buena fe”, razón por la cual, dicen, nunca se consignó el expediente ante un juez federal.
Sin embargo, en la Subprocuraduría que atiende el caso opinan distinto y aseguran que éste no ha sido cerrado como refieren los empresarios señalados. “Sólo esperamos que las autoridades de Estados Unidos cierren la instrucción para que acá, en México, se continúe con la averiguación previa y se cite a declarar a los presuntos responsables por el delito de contrabando por subvaluación de mercancías”.
El fiscal responsable de la investigación en la PGR explicó que “el caso involucra a miembros de la comunidad judía y se inscribe en una modalidad que nosotros conocemos como contrabando por subvaluación. Sí es una investigación que llevamos aquí en la Subprocuraduría desde hace siete u ocho meses, y estamos colaborando con las autoridades de Estados Unidos, y con Aduanas”.
—¿Algunos involucrados dicen que es un caso que ya se cerró?
—No. Es una investigación que está viva. No se ha cerrado, al menos aquí en la PGR. En Estados Unidos no lo sé. Nosotros estamos armando el expediente a partir de información que nos proporcionan la Secretaría de Hacienda y las autoridades de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no nos entrega toda la información con la que cuenta y no puedo saber exactamente en qué momento está su investigación. En este caso hay un colaborador allá, que es el que ayuda en todo lo de los pedimentos. Lo que sabemos es que cuando llegan a hacerle una auditoría le detectan información de las etapas legales y las ilegales, y que eso sí lo tienen muy bien documentado. Pero ellos, por política, no nos comparten esa información hasta que proceden en contra de los responsables; es entonces cuando nos mandan los datos. Y esto lo hacen así para evitar que desde México algunos abogados ya cuenten con información para usar en los juicios allá.
—¿Cuánto dinero se involucró en este caso de contrabando?
—Nosotros no lo hemos podido cuantificar y, hasta donde sé, tampoco las autoridades de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que es considerable, porque además estas operaciones las estuvieron haciendo durante mucho tiempo.
—¿Ustedes llamarán a declarar a los responsables en México?
—No. Hasta que se integra todo el expediente y se tiene claro de qué son responsables, es cuando se pueden generar las medidas cautelares de arraigo. Pero en este caso hay que ver quién es el responsable, porque el tema se dio en Estados Unidos. Entonces cuando allá se procese al responsable de estas operaciones, acá vamos a ver si podemos interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos.
—Le quedan dos meses a este gobierno. ¿Es tiempo suficiente para terminar la investigación?
—No. Dos meses es muy poco tiempo para terminar de integrar el expediente y empezar el proceso. Entonces, en el acta de entrega-recepción lo que se hace es destacar los casos más relevantes, a los que se considera necesario dar seguimiento.
*Periodista
Fuente: Contralínea 307 / Octubre de 2012
