El ambiente electoral en Galicia, España, y la crisis económica que está dejando a millones de españoles en el desempleo se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para profundizar la crisis que protagoniza la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Uno de los astilleros beneficiados por el contrato, la legendaria pero alicaída empresa naval Navantias, ha sido rescatada por el gobierno español, por lo que el contrato de PMI Comercio Internacional, en teoría una entidad del gobierno mexicano, no podía llegar en mejor momento. Las suspicacias, sin embargo, surgieron en ambos continentes. ¿Por qué en Galicia se anuncia con bombo y platillo el contrato en medio de la contienda electoral? ¿Por qué en México no se licita la compra de dichos barcos como marca la normatividad? Pareciera un rescate a marchas forzadas de los astilleros españoles con dinero del erario mexicano, en el cual las preguntas en torno a la obligación de Pemex de informar y buscar al mejor proveedor sobran y llaman a la suspicacia.
En México se tuvo, hasta hace unas décadas, la aspiración de impulsar a la industria naviera nacional. Pero la crisis económica de 1994, con el “error de diciembre” y sus secuelas (el manejo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la devaluación del peso frente al dólar) impidió que empresas como Astilleros Unidos de Veracruz escribieran una historia de éxito. De esta forma, la industria mexicana sólo construye embarcaciones para el mercado local y no muy especializadas. No son, claro, las que necesitan las subsidiarias Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica.
La relación comercial y de negocios en el caso de los barcos que se comprarán en el extranjero no es lo criticable, sino la falta de claridad y el contexto en el que se establecen los negocios con los astilleros españoles.
Fue la opacidad de Pemex y, en especial, de su director general, Juan José Suárez Coppel, la que complicó un caso que nació viciado, al involucrar a PMI Comercio Internacional para no licitar estos contratos en los mercados internacionales. Ahora PMI, sin rendir cuentas, se prepara para comprar barcos en Galicia, para sumarlos a su patrimonio y para usufructuar un servicio logístico. De las ganancias de esta operación tampoco se enterarán los mexicanos, porque esta filial no está obligada a informar.
Así, como si fuera una empresa privada, Pemex usó a su brazo comercial para evadir las restricciones legales a las que se encuentra sujeta. No sabremos qué tan caros serán los barcos gallegos.
Mientras tanto, ya se anuncia que el gobierno de Galicia autorizó a PMI la ampliación y operación de una planta de mezcla de gasolinas en Punta Langosteira, con una inversión de al menos 470 millones de pesos. Llama la atención la celeridad con la que se cumplen los acuerdos de inversión fuera del país, mientras a cuenta gotas se liberan los recursos para la construcción de la refinería de Tula, Hidalgo, que debió operar desde 2010.
*Periodista
Fuente: Contralínea 305 / Octubre de 2012
