Lunes 13 de mayo de 2013

Cuando el gobierno utiliza toda su fuerza para perseguir el delito, difícilmente éste queda impune. Durante muchos sexenios, pero principalmente en los dos últimos, cuando el Partido Acción Nacional asumió el poder, la autoridad fue omisa y cómplice para permitir el robo de combustibles a la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde el país ha perdido miles de millones de pesos, sin que alguien hiciera algo para detener esa sangría a las finanzas públicas.

Sólo en el gobierno de Felipe Calderón, cifras oficiales calculan que el daño causado por el crimen organizado por la sustracción ilícita de productos petrolíferos alcanzó los 60 mil millones de pesos. A esa cifra habría que agregarle las pérdidas en la administración de Vicente Fox y también la correspondiente a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional antes de que perdieran la Presidencia de la República.

Ahora, en la nueva administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno ha echado mano de todos sus órganos de inteligencias para iniciar una importante investigación en contra de ese delito y en la escena del crimen han aparecido actores que nadie sospechaba: funcionarios petroleros, empresarios, líderes sindicales y bandas relacionadas con los cárteles de las drogas.

Con la intervención de la inteligencia civil y militar del Estado mexicano, ya se indaga a empresarios, transportistas, exdirectivos petroleros y trabajadores sindicalizados supuestamente vinculados con bandas del crimen organizado que roban productos petrolíferos a Pemex.

Informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, alertan de la presunta complicidad de transportistas afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) con bandas delincuenciales dedicadas al robo de combustibles.

El amplio documento de ese órgano gubernamental de seguridad nacional señala a Sergio Padilla Corona, director general de Grupo Transportes, que aglutina a seis empresas transportistas (TUSA, AFSA, TCSA, TOSA, TPSA y TSSA) propiedad del empresario Carlos Hank Rhon, de mantener vínculos con Fabián Rodríguez Moreno, jefe de una banda de robo de combustibles que opera en el Noreste del país (Tamaulipas y Nuevo León) y lucra con los petrolíferos robados a Pemex por los cárteles de El Golfo y Los Zetas.

Dicho líder de la banda fue capturado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) a finales de noviembre de 2012, junto a varios cómplices. Les aseguraron 22 camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres contenedores con capacidad para 32 mil litros de productos petrolíferos, los cuales contenían 16 mil litros de combustible, aproximadamente; 19 mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20 mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre otros.

El director general de Grupo Transportes confirma conocer al jefe de la banda de robo de combustibles Fabián Rodríguez Moreno, con quien dice se reunió en varias ocasiones a petición del gerente de Transporte Terrestre de Pemex, Sergio Regino Bueno Salazar, y del líder de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, para permitirle que cinco camiones de carga usados para el robo de petrolíferos fueran enlistados en el Grupo Transportes y, mediante el Convenio Marco que tiene la Canacar con la subsidiarias Pemex Refinación, obtener los permisos correspondientes.

Sin embargo, Sergio Padilla asegura que “desconocía que se tratara de camiones pertenecientes a una banda de robo de combustibles. El favor me lo pidió directamente el gerente de Transporte Terrestre de Pemex, por eso lo hice, y a él se lo pidió el líder petrolero Héctor Sosa Rodríguez, quien es primo de Fabián Rodríguez [jefe de la banda]”.

El directivo del Grupo Transportes explica que el consejo que preside el empresario Carlos Hank Rhon ya lo había reprendido por utilizar al Grupo en beneficio de otros intereses. “Ya me regañaron por lo que hice”, se lamenta.

El vocero de Carlos Hank Rhon, Fernando Solís Cámara, deslinda al presidente del Grupo Transportes y del Banco Interacciones de cualquier acción que haya desarrollado su director general Sergio Padilla Corona, de quien dice “actuó de manera autónoma, sin autorización del señor Hank Rhon”.

Explica que Grupo Transportes tiene seis porteadores (transportadores), uno por cada empresa transportista propiedad de Hank Rhon, y cuenta con 285 permisos para la transportación de productos petrolíferos en igual número de camiones, de los cuales 265 son de Pemex Refinación y 20 de Pemex Exploración y Producción. Dichos permisos tienen antigüedad de entre 10 y 20 años.

Solís Cámara asegura que el director general del Grupo Transportes cuenta también con permisos propios, porque él tiene una empresa transportista, “y si tuvo alguna relación con el líder de la banda Fabián Rodríguez es a título personal, nunca representando a las empresas de Carlos Hank Rhon”.

Fuentes de inteligencia confirman también que fue el secretario general de la Sección 34 del Sindicato Petrolero quien habría solicitado al gerente de Transporte Terrestre de Pemex que los camiones, tractocamiones y semirremolques de la banda dedicada al robo de combustibles fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos oficiales y evitaban ser detenidos cuando trasladaban petrolíferos robados de la misma paraestatal.

Número dos en la estructura del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana –apenas abajo del máximo dirigente Carlos Romero Deschamps–, Héctor Sosa Rodríguez desmiente las afirmaciones de directivos del Grupo Hank y niega, en entrevista, conocer a quien dicen es su “primo”, Fabián Rodríguez, y mucho menos recomendarlo en Pemex y al Grupo Transportes para que dieran de alta sus camiones para el transporte de petrolíferos.

Entrevistado en sus oficinas de la Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal por el rumbo de Azcapotzalco, el dirigente petrolero rechaza cualquier parentesco con el líder mafioso capturado; y aunque sí acepta conocer al gerente de Transporte Terrestre de Pemex y al director general del Grupo Transportes, dice: “Nunca he hecho negocios con ellos”.

En la investigación, el Cisen da cuenta de que “Pemex Refinación y empresas transportistas de productos petrolíferos agremiadas a la Canacar se encuentran en proceso de renovar un convenio marco, firmado el 28 de diciembre de 2008, para el transporte de petrolíferos.

“El ingeniero Carlos Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones, representa a Pemex en la negociación y su propuesta afecta intereses de un grupo de la Canacar, encabezado por Sergio Padilla Corona, director general de Transportes Unidos (TUSA).

“Sergio Padilla articula denuncias administrativas y penales por el supuesto incumplimiento del convenio y una demanda por actos de corrupción en contra de Carlos Murrieta, con el fin de presionar a éste para que modifiquen las condiciones del nuevo convenio. Incluso organiza artículos y notas en periódicos y revistas en contra del ingeniero Murrieta.”

El Cisen explica que Sergio Padilla se asesora con varios abogados, entre quienes menciona a José Néstor García Reza, quien fuera abogado general de Pemex de 2004 a 2010 y a quien ha consultado en varias ocasiones sobre sus problemas legales; a Roberto Jensen Valverde, quien auxilió a Padilla en la elaboración de un oficio dirigido al director general de la paraestatal, donde se asienta la denuncia en contra de Carlos Murrieta y el problema de la tarifa; y Gerardo Ramírez Ornelas, quien ganó un amparo para Padilla en 2003.

La información del Cisen precisa: “Sergio Padilla recurrió a Néstor García cuando se enteró que Fabián Rodríguez Moreno fue detenido por dirigir una organización de compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de refinados robados de ductos de Pemex, en el Noreste del país, actualmente desactivada.

“Rodríguez Moreno fungía como porteador (transportista) de Transportes Unidos”, empresa propiedad de Carlos Hank Rhon.

En otra ocasión, Sergio Padilla obtuvo información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), por conducto del abogado Néstor García Reza, sobre los contratos entre Pemex y la Canacar.

Investigan a exabogado general de Pemex

Abogado general de Petróleos Mexicanos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (del 20 de septiembre de 2004 al 1 de diciembre de 2010), José Néstor García Reza es identificado por órganos de inteligencia como parte de un complot orquestado por empresas transportistas de productos petrolíferos afiliadas a la Canacar, para desestabilizar a la paraestatal petrolera y obtener rentables contratos que, de lograrlo, ahorcarían las finanzas de la empresa.

El exabogado general de Pemex es investigado también por el delito de enriquecimiento ilícito por parte de la Secretaría de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda.

El exfuncionario petrolero también es sujeto de investigaciones por parte del Cisen, por la PGR y por la propia empresa petrolera paraestatal, porque después de trabajar por más de 6 años como responsable de la Oficina del Abogado General de Pemex, lo que le dio acceso a información confidencial y “sensible” de la petrolera, ahora sirve a intereses privados para supuestamente articular denuncias administrativas y penales en contra de funcionarios de la paraestatal, como una forma de presión para lograr contratos leoninos en perjuicio del presupuesto público.

Pero tal vez lo más delicado que señala ese órgano de seguridad nacional en contra de García Reza es una supuesta participación en la asesoría de defensa del líder de una de las principales organizaciones dedicadas al robo de combustibles en el Norte del país, Fabián Rodríguez Moreno, vinculado al cártel del narcotráfico denominado Los Zetas, con operación principal en el Noroeste y el Golfo de México.

Según el Cisen, Rodríguez Moreno –capturado a finales del año pasado–, dirigía la más importante banda delincuencial encargada de la compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de productos refinados que roban de los ductos de Pemex en el Noroeste de México.

En entrevista, García Reza niega los hechos que le imputan, y asegura que nunca ha tenido contacto con el jefe de esa banda de robo de combustibles, aunque sí reconoce asesorar a varias empresas transportistas afiliadas a la Canacar que fueron utilizadas por el crimen organizado para transportar combustibles.

—¿Asesoraste o participaste directamente en las demandas de la Canacar en contra de Pemex?

—La Canacar me llamó para demandar a Pemex, lo cual me pareció de lo más sencillo, porque han incumplido el convenio que tienen con los transportistas y eso es muy fácil de probar. Les expliqué lo fácil que sería y dije cuál sería la estrategia a seguir, pero no llegamos a un acuerdo económico y no se concretó mi participación.

—¿Pero sí conoces a los transportistas demandantes y los asesoras?

—Platico con ellos, son mis amigos. Pero no llegamos a un acuerdo. Yo sí quería que me contratara el Grupo Hank: necesito dinero. Imagínate trabajar para ellos. Pero no se concretó.

—¿Por qué te vinculan con Fabián Rodríguez Moreno [jefe de la banda de robo de combustibles]?

—No lo sé. Es la primera noticia que tengo de eso. Yo ni lo conozco.

—¿Pero Rodríguez Moreno tenía permisos otorgados por Pemex a empresas de la Canacar, para el transporte de combustibles?

—Te repito: no lo sé. No sé quién es esa persona. No la conozco. Tampoco sé cómo me vinculan con él.

—¿Tienes algún conflicto de interés o moral por asesorar a empresas privadas en las demandas en contra de Pemex?

—Pues no. Ya pasó más de 1 año que salí de Pemex, a finales de 2010. Y me tengo que ganar la vida, soy abogado y eso es lo que sé hacer.

—¿Estás tranquilo por las investigaciones en tu contra?

—Pues no. Me preocupan mucho. Estoy nervioso. Me vayan a querer hacer lo mismo que a Elba Esther [Gordillo].

—Pero a ella la acusaron por lavado de dinero…

—Pues sí, pero así me siento.

¿Entonces tampoco defiendes legalmente a la banda que robaba combustibles a Pemex?

—No, para nada.

—Sin embargo hay acusaciones en tu contra que presentó en la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] el despacho de abogados Díaz, Reus y Targ, contratado por Pemex. ¿Qué opinas?

—Sé que hay una denuncia general en la PGR por el caso de Comproca [Sunkyong-Siemens] para quien resulte responsable. No es contra mí personalmente. Bueno, al menos eso es lo que sé.

—¿Comproca es un caso muy delicado donde perdió mucho dinero Pemex?

—Sí. El arbitraje salió desfavorable para Pemex.

—¿Cuánto dinero involucra el fallo en contra de Pemex?

—Son como 350 millones de dólares.

—¿Tú tienes responsabilidad en ese litigio?

—Pues no. Ése es un caso que se llevaba en el área jurídica cuando yo estuve allí, pero no es un asunto personal. Se resolvió el arbitraje hace como 1 año y medio.

—Pero tú eras el abogado general y el gobierno investiga posibles colusiones de abogados de Pemex para perder el caso.

—No. Eso no ocurrió. En mis tiempos [6 años] sólo se manejó el arbitraje, nada adicional.

—¿Pero el arbitraje se perdió hace 1 año y medio?

—Sí. El arbitraje internacional fue desfavorable para Pemex.

—¿Y Pemex sigue defendiéndose en tribunales?

—Sí. Está dando patadas de ahogado para no pagar.

—¿En tribunales mexicanos?

—Sí. Pelea la nulidad en tribunales mexicanos, y sé que en Estados Unidos Pemex presentó algunas denuncias.

—¿La tiene difícil Pemex?

—Sí, porque ya perdió.

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