Una de las grandes deudas del gobierno federal es la salud pública. Históricamente millones de mexicanos, siempre los de escasos recursos, como son las comunidades indígenas, no tienen acceso a la salud, y aquellos que sí tienen acreditación de alguna institución pública, simplemente se enfrentan a negligencias médicas y deficiencias en el servicio de hospitales.
Una última evidencia de esa trágica realidad mexicana la dio a conocer la agencia gubernamental Notimex, cuando hace unos días informó a nivel nacional que en el ejido chiapaneco Emiliano Zapata, en el municipio de Yajalón, Chiapas, muy cerca de la región de Montes Azules, las lluvias y el frío intenso han causado severas infecciones entre la población infantil.
En el alarmante despacho informativo de la agencia noticiosa se reportó la trágica muerte de cinco bebés menores a 1 año.
Sin embargo, fue la Secretaría de Salud del estado de Chiapas la institución que destacó que en esa región una bacteria se manifestaba con tos y fiebre alta, y que se esparcía con facilidad en las vías respiratorias en lugares de alta marginación, ante la presencia de lluvias y frío intenso.
La dependencia pública detalló que en el ejido Emiliano Zapata, además de la defunción de cinco menores, se encontraban afectados 41 más, cuyas edades fluctúan entre 1 y 12 meses, lo que podría ocasionar más víctimas.
En el mismo comunicado, la Secretaría de Salud de Chiapas aseguró que el titular de esa dependencia, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se había trasladado de inmediato a la comunidad para atender personalmente la situación. Además, se aseguró que a la zona habían ingresado ya tres brigadas de las jurisdicciones sanitarias de Ocosingo y Palenque.
Médicos y enfermeras, según el gobierno estatal, ingresaron a la zona para el tratamiento de los pacientes y para realizar medidas preventivas, como la vacunación de menores, ante la posibilidad de que el padecimiento se encuentre asociado a lo que se conoce como tosferina o tos convulsiva.
El nuevo gobierno chiapaneco determinó brindar todo el apoyo a las familias afectadas y a los deudos de los bebés fallecidos, así como a los habitantes de la comunidad, para evitar que la enfermedad prolifere. Esta emergencia también se dio a conocer en redes sociales, en donde la información llegó a la titular de la Secretaría de Salud federal, Mercedes Juan, quien por su cuenta de Twitter aseguró que la muerte de los cinco bebés reportada desde Chiapas no estaba confirmada, lo que evidenció no sólo la negligencia de la funcionaria federal, sino su incapacidad y su escasa comunicación sobre la crisis sanitaria en las zonas más pobres del país.
La responsable de las políticas de salud a nivel federal decidió girar instrucciones al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, para empezar un trabajo de verificación sobre la información de las presuntas muertes de niños. Es decir, en lugar de disponer de inmediato acciones de atención a víctimas en zonas indígenas, la Secretaría de Salud va a iniciar una investigación para determinar si es verdad que hay niños muertos por enfemedades curables, lo que demuestra no sólo su desconocimiento de la realidad nacional, sino su negligencia médica.
Sin embargo, ésta no es la primera vez que el gobierno federal ignora las severas condiciones de insalubridad en las que viven los indígenas chiapanecos y muchas otras etnias de la República.
En mayo de 2011,
Oficio de papel reportó que además de la negligencia en materia de salud para los pueblos tradicionales, en aquel entonces el gobierno de Felipe Calderón buscaba debilitar a las comunidades autónomas en la región de Ocosingo con el propósito de eliminar obstáculos para la recuperación de una propiedad en una zona considerada clave para liberar, entre otros, los proyectos de captura de carbono. Así, fue el 8 de mayo de 2007, antes de cumplir su primer año al frente del Poder Ejecutivo, cuando Calderón publicó el decreto que expropiaría en el municipio de Ocosingo, “por causa de utilidad pública”, una superficie superior a las 14 mil hectáreas.
Dicha extensión en la zona lacandona se destinaría, según el decreto de Calderón, “a la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales tendiente a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable”.
Hasta marzo de 2012, la Asociación Rural de Interés Colectivo mantenía su negativa a la expropiación de esa superficie. En la zona se libra una batalla contra un decreto expropiatorio y el derecho de los pueblos a conservar su tierra. En 2011, en medio del conflicto por estas tierras, reportamos la desaparición de las Caravanas Aéreas de Salud. En marzo de 2008, ante las protestas de comunidades de la región de Amador Hernández y de zonas vecinas, se detuvo la ejecución física del decreto del 8 de mayo de 2007. Pero en la zona de la discordia por esos terrenos ricos en biodiversidad, no sólo se esfumaron los helicópteros para trasladar enfermos y mujeres en trabajo de parto con complicaciones, sino que también dejaron de abastecerse las vacunas necesarias para contrarrestar enfermedades como la influenza.
Ahora, después del contagio y muerte de los cinco bebés, el titular de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas asegura que vacunarán a la población. Ahogado el niño, a tapar el pozo. En esta zona, como lo ha dicho hasta el cansancio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los niños indígenas siguen muriendo por enfermedades fácilmente curables.
En la zona de Yajalón, por ejemplo, sus habitantes y los pueblos indígenas colindantes han denunciado la falta de médicos y vacunas. La opción es atender sus enfermedades con medicina tradicional, los recursos que la expropiación también les quiere quitar y dejarlos prácticamente sin nada. Como se observa, este problema de salud pública para los que menos tienen se agravó durante los últimos 12 años y todo hace creer que con Peña Nieto este grave problema de salud continuará.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 317 / enero 2013
