SFP investiga a Inapesca

* SFP investiga a Inapesca
* Cancela contrato de barco
* Corrupcion en la Sagarpa 

El flamante Barco de Investigación Pesquera Oceanográfica (BIPO 1),  adquirido por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) para maniobras de investigación oceanográfica que podrían alcanzar los 8 mil metros de profundidad, se convirtió en un Caballo de Troya al interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que encabeza Enrique Martínez y Martínez.

La licitación para asignar un contrato de servicios especializados para la administración, operación y mantenimiento antecedió al despido del contralor interno de la Sagarpa, Salvador Esquer, el funcionario que, precisamente, estaba a cargo de una investigación que inició con una inconformidad presentada en su oficina para indicar que la empresa Famalval de Marco Antonio Álvarez Alonso, no cumplió con las bases del concurso al presentar cartas de recomendación de compañías estadounidenses para avalar su experiencia en la operación de barcos que no fueron debidamente apostilladas por las autoridades de ese país.

Además, aseguran que incumplió con los requisitos bancarios y las fianzas para demostrar el capital exigido en las bases. La oferta de Famalval superó en 40 millones de pesos a las otras propuestas que se le hicieron a Inapesca.

En estos días, a petición del secretario Martínez y Martínez se oficializaría la salida del director general del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo; sin embargo, este funcionario se resiste a las presiones y sostiene que no abandonara el cargo hasta que el presidente de la República se lo ordene, pues su nombramiento lo hizo Enrique Peña Nieto.

La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Julián Olivas Ugalde, aún no da a conocer el resultado de las auditorías para determinar las irregularidades que provocaron la recisión del contrato a la compañía Famalval, a la cual, finalmente, se le cancelaron los servicios para la operación del barco que ahora trabaja bajo la responsabilidad de la Secretaría de Marina.

El Inapesca decidió que sería una empresa privada – como en España – la que operara el BIPO 1 para evitar problemas de huelgas y por ello salió a buscar capitanes, marinos, mecánicos y eléctricistas.

El BIPO I fue abanderado en abril pasado por Enrique Peña Nieto y, como comentamos en columnas anteriores, en el acto protocolario el mandatario estuvo acompañado todo el tiempo por el excontralor de la Sagarpa, Juan Salvador Esquer, un amigo de sus días de estudiante. 

En la compra del BIPO I está involucrado un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por al menos 26 millones de dólares, por lo que la transparencia y buen manejo de los recursos resulta imprescindible.

Hasta ahora, la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre la licitación nacional mixta con el registro 008RJLOO1-N1-2014 se concentra en el contrato de servicios y sería hasta el próximo año cuando las autoridades decidan si revisan las condiciones bajo las cuales se adquirió el buque construido en España, en la provincia de Vigo, en el astillero Armon.

Ya en Pemex se había demostrado que la intermediación para la compra de barcos era innecesaria y sólo incrementaba el costo final. La opción, ya lo vimos en el caso de los controvertidos floteles, fue la orden de construcción directa con los astilleros, sin brokers.  Aunque Pemex exageró al convertirse en socio de los astilleros españoles en medio de una crisis diplomática.  

Después, con Oceanografía también se confirmó que, el verdadero negocio de la contratista en desgracia, fue que Amado Yáñez logró cerrar jugosos contratos para operar las embarcaciones además de cobrar la renta. Así que los antecedentes en el mercado de barcos del gobierno federal se prestan para estar alertas.  

Pero volviendo al caso del BIPO I, en la Secretaría de la Función Pública el caso se considera como reservado por el despacho a cargo de Olivas Ugalde, quien se prepara para iniciar los procedimientos disciplinarios previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos si se confirma que en la asignación de un contrato por 286.2 millones de pesos se registraron omisiones por parte de funcionarios de Inapesca. Por lo pronto, Olivas Ugalde asegura que a nadie más que a él le correspondió el despido del excontralor interno de la Secretaría de la Función Pública, pero guarda silencio respecto al despido del director del Inapesca.

Aquí comentamos que  Raúl Adán Romo Trujillo, un político cercano a Manlio Fabio Beltrones,  recibió una reprimenda directa del titular de la SAGARPA por los problemas que generó esta licitación cuyo proceso inició desde 2011, todavía durante la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. Al parecer, Martínez y Martínez no estuvo al tanto de la licitación del contrato, o al menos de eso se queja el. 

Esta situación habría provocado una comunicación directa entre la Sagarpa y la Secretaría de la Función Pública. Fue en junio pasado cuando a Juan Salvador Esquer se le comunicó que estaba despedido del Órgano de Control Interno de Inapesca y que en su lugar se nombraría a Francisco Cárdenas Elizondo. 

Olivas Ugalde asegura que de entre los 200 titulares de los órganos internos de Control de las dependencias y de los organismos descentralizados, constantemente se generan cambios de posiciones. Es sana la rotación, dice Olivas Ugalde. Por lo tanto, el responsable de la Secretaría de la Función Pública niega que el despido de este funcionario público sólo se encuentre relacionado con el caso del BIPO I. 

En unos días, Olivas Ugalde dará a conocer que hasta el tercer trimestre del año, su gestión logró recuperar, a través de más de 3 mil auditorías, recuperar recursos para el erario por más de  7 mil 294 millones de pesos. 

En estos números – que servirán para sustentar el cabildeo que busca preservar la operación de la Secretaría de la Función Pública en medio de las reformas para el nuevo sistema anticorrupción que se debaten en el Congreso – el responsable de la dependencia no ve con buenos ojos la gestión que realizó Juan Salvador Esquer como encargado de vigilar la normatividad en las operaciones de la Sagarpa y, por supuesto, de Inapesca.

En la Función Pública realizaron una evaluación de todos los titulares de los Órganos Internos y Esquer, según el responsable del despacho, no cumplió con las expectativas y por ello – asegura contundente – se pidió su remoción. En su lugar,  Francisco Cárdenas Elizondo cumpliría con todas las credenciales de un auditor, dice. Fue Magistrado del Tribunal Fiscal y Administrativo de la Federación, instancia en donde se analizan y resuelven los casos de responsabilidad de los servidores públicos.

Las claves de la investigación

Con un segundo barco en puerta, el Inapesca vive ahora la investigación del contrato de servicios del BIPO I. Sanciones por no ejercer los créditos comprometidos y retrasos en los tiempos de la licitación (que debió quedar resuelta en este enero de 2015), son sólo algunos de los problemas derivados de la crisis del BIPO I, cuyas maniobras e investigaciones también se han visto afectadas por el cambio de administración de Famelval a  la Secretaría de Marina.

La Sagarpa tendrá que resolver los retrasos para la adquisición y operación del BIPO II, mientras la Función Pública  analiza, por ejemplo, porque el director adjunto de Inconformidad de esa dependencia anuló el fallo de la licitación a favor de Famalval presentando documentación irregular. En esa fase la Función Pública también podría ejecutar acciones contra funcionarios de Inapesca y hasta de la Sagarpa.

Hasta ahora, las conclusiones de la Secretaría de la Función Pública es que, en efecto, el proceso para asignar el contrato tuvo fallas que comenzaron a revisarse a partir de las inconformidades de otros competidores como Servicios Múltiples del Puerto S.A. de C.V de Ignacio Melo Graf y Naviliera El Ferrol con sede en Mazatlán.  Por ello, se atrajo el caso porque se consideró que el Órgano Interno de Control de la Sagarpa estaba rebasado por falta de recursos y carecer de facultades legales.

Para resolver este caso, la Secretaría de la Función Pública prevé un largo desahogo de pruebas. Algunos de los funcionarios investigados son, precisamente, personajes que operaron la licitación. Mientras tanto, se hará un monitoreo de la licitación que libere la Sagarpa para el BIPO II.

¿Quién es Marco Antonio Álvarez Alonso?

En su perfil de Linked In, la red social para profesionistas, el director de Famelval, se presenta como presidente de esa compañía; exdirector de Servicios Logísticos de Comercio Exterior, directivo en la Corporación Mexicana de Tramitación Aduanal. Es egresado del IPADE, de la Universidad Panamericana y fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la UP entre 1988 y 1989.

Sin embargo, los antecedentes más interesantes de este empresario son los que se encuentran en una nota del reportero Alfredo Méndez en el diario La Jornada, en la que se da cuenta de la acusación por fraude genérico en contra del también hermano de Luis Miguel Álvarez Alonso, extitular del Servicio de Administración y Enajenación de Activos (SAE) durante el gobierno de Felipe Calderón y quien fue inhabilidad por negligencia administrativa.

En 2007, Marco Antonio Rodrigo Álvarez Alonso era acusado de fraude genérico en perjuicio del gobierno del  Distrito Federal y litigó su caso desde San Antonio, Texas. Sin embargo, fue aprendido.  Con autorización para operar como agente aduanal, Álvarez Alonso se asoció en la empresa El Cartujo  con Juan Antonio Zárate García, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del GDF, para participar en una licitación en la que habrían alterado precios para la compra de cinco unidades móviles para el cobro de tenencias.