En semanas recientes, la inseguridad en Tamaulipas producto de la supuesta “guerra” contra las drogas ha cobrado la vida de decenas de personas. Ése es uno de los costos más graves que ha pagado la sociedad mexicana por una lucha que, en realidad, no se dio. Al menos, no en lo que corresponde al tema del dinero ilícito que ha engordado los bolsillos no sólo de los criminales, sino también de políticos y empresarios.
Entre estos últimos, particularmente, se encuentran los del sector financiero, quienes han permanecido todo este tiempo en la total impunidad. Y es que hasta la fecha sólo seis instituciones financieras han sido sancionadas por facilitar a los criminales, en los últimos 2 años, el lavado de sus activos ilícitos, principalmente producto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
Entre enero de 2012 y diciembre de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les aplicó correctivos por apenas 81 millones 156 mil 833 pesos en total, al encontrar que fueron responsables de violar lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La cifra total contrasta con las estimaciones del dinero que se habría lavado principalmente en el sector financiero en esos mismos 2 años: unos 754 mil millones de pesos, según el International narcotics control strategy report 2014, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y hecho público en marzo pasado.
De acuerdo con ese informe, los cárteles de la droga mexicanos “legalizaron” unos 29 mil millones de dólares por año provenientes de la venta ilegal de narcóticos en el país vecino. Esto es unos 377 mil millones de pesos anuales (a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar). Falta saber cuánto lavaron los secuestradores, los traficantes de personas, los extorsionadores, los roba-autos, los piratas, los traficantes de armas, los traficantes de especies en peligro de extinción, los talamontes, etcétera.
En el mismo periodo de 2012-2013, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un total de 119 denuncias por blanqueo de capitales presentadas ante la Procuraduría General de la República, en las cuales estarían involucradas instituciones financieras; aunque no revela sus nombres.
En el caso de los seis bancos sancionados por la CNBV, se trató de 61 correctivos contra el HSBC, de origen inglés; uno contra el Banco Ahorro Famsa, SA, propiedad de Humberto Garza González; otro contra el Deutsche Bank México, SA de CV, de origen alemán; uno más contra The Bank of New York Mellon, SA, de origen belga; dos sanciones para el ING Bank, de origen holandés; y una para el Barclays Bank México, de origen inglés.
De los 81 millones 156 mil 833 pesos sancionados, el HSBC concentró el 99 por ciento: 80 millones 407 mil 527. El otro 1 por ciento, 749 mil 306 pesos, fue aplicado contra las otras cinco instituciones financieras, revelan las bases de datos de la CNBV.
La penalización para el Banco Ahorro Famsa ascendió a 263 mil 2 pesos; la del Deutsche Bank México, a 252 mil 432; la del The Bank of New York Mellon, a 164 mil 400 pesos; las dos del ING Bank sumaron 53 mil 695 pesos; y la del Barclays Bank México fue por 15 mil 777 pesos.
En las bases de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se enuncia el tipo de comportamiento en el que incurrieron los bancos sancionados. En el caso del HSBC, se detallan irregularidades como “no integrar debidamente sus expedientes de identificación de clientes”, motivo por el cual debió pagar 13 millones 378 mil 896 pesos, la sanción más alta de las 61 que se le aplicaron.
“Por omitir conservar los registros de operaciones celebradas, así como los datos o documentos que integran los expedientes de identificación de clientes durante el período de 10 años, respecto de diversos requerimientos de información y documentación efectuados a la institución de crédito, por diversas autoridades a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, fue sancionado con 12 millones 346 mil 740 pesos. Se trató de la segunda sanción en importancia por monto.
La tercera ascendió a 6 millones 310 mil 800 pesos y fue “por omitir conservar los datos y la documentación de diversos expedientes de identificación del cliente”.
Las sanciones contra el HSBC, sin embargo, fueron producto de los descubrimientos hechos por las autoridades de Estados Unidos sobre los “servicios de lavado de dinero” que la institución inglesa prestó al Cártel de Sinaloa.
En diciembre de 2010, el HSBC Bank Estados Unidos se declaró culpable en el país vecino de realizar operaciones con recursos ilícitos por unos 100 millones de dólares para la organización criminal más poderosa de México, entre 2006 y 2010.
No obstante, la DEA (la agencia federal antidrogas estadunidense) documentó que el banco omitió monitorear más de 9 mil 400 millones de dólares en compras de esa divisa de su filial HSBC México, cuyos “laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles”.
De acuerdo con datos reportados en su momento por CNN Expansión, “como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero del HSBC Bank Estados Unidos, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del Cártel de Sinaloa, de México, y del Norte de Valle, de Colombia, fueron lavados a través de HSBC Bank Estados Unidos”.
Por este motivo, el banco inglés pagó una multa de 1 mil 900 millones de dólares. En México, la filial declaró haber pagado 379 millones de pesos en sanciones. No obstante lo informado a la Bolsa Mexicana de Valores a fines de julio de 2012, las bases de datos de la CNBV sólo reportan 80 millones 407 mil 527 pesos por incumplimientos a las normas antilavado.
En el International narcotics control strategy report 2014, el Departamento de Estado estadunidense califica a México “como un importante país de origen y tránsito de drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos, y un centro de lavado de dinero”.
En su “Volume II: money laundering and financial crimes”, el reporte indica que los recursos derivados del tráfico ilícito de drogas en el país vecino “son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”.
Agrega que el narcotráfico no es el único delito que deriva en operaciones con recursos de procedencia ilícita: “otras fuentes importantes de ingresos ilegales lavados son la corrupción, el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de personas y el tráfico de armas de fuego”. Sin embargo, de estas “otras fuentes” no se tiene un estimado económico.
El Departamento de Estado refiere que los criminales también “legalizan” el dinero sucio como si formara parte del flujo de remesas legítimas enviadas por los migrantes a sus familias. Los delincuentes también aprovechan el alto volumen de comercio legal para ocultar sus transferencias ilícitas a México.
El contrabando de embarques de dinero a granel y la repatriación a través de “mensajeros” o vehículos blindados también es un método empleado para blanquear los ingresos de la droga que se vende en aquel país.
El reporte reconoce que “desde 2002, México ha incautado poco más de 500 millones de dólares en envíos de divisas a granel”.
En su Primer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto dio a conocer los resultados de su administración en materia de combate al lavado de dinero. En éste se detalla que “se aseguraron 2 millones 89 mil 932 pesos en efectivo; 210 millones 263 mil 327 pesos en cuenta bancaria; 3 millones 65 mil 74 dólares estadunidenses en efectivo y 594 mil 77 dólares en cuenta bancaria; 2 [sic] libras esterlinas y 68 mil pesos colombianos”.
También se agrega que por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se iniciaron 399 averiguaciones previas, entre enero de 2012 y junio de 2013. En ese mismo periodo se despacharon 316 averiguaciones, se consignaron 121, se declararon 114 incompetencias; en otras ocho se dictaminó el no ejercicio de la acción penal, y se libraron 52 órdenes de aprehensión por ese mismo ilícito.
A la fecha, sin embargo, ningún directivo de las instituciones bancarias ha sido llamado a cuentas y, menos aún, ha sido encarcelado por cooperar con el crimen organizado.
La semana pasada tratamos el tema de la opacidad en los fideicomisos y su relación con el lavado de dinero. Como explicábamos, estas figuras contravienen las políticas internacionales contra el blanqueo de capitales, que recomiendan la identificación y conocimiento de los clientes y usuarios por parte de las instituciones de crédito. Y poníamos como ejemplo el caso de la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, constituyó como privados para apoderarse del dinero proveniente del cobro de derecho de trámite aduanero.
Pues resulta que esta figura sigue siendo bastante socorrida por los sucesores de Gil Díaz en el gobierno federal. De acuerdo con su más reciente informe trimestral respecto de este tema, al cierre de 2013 la administración federal contaba con 356 fideicomisos sin estructura en los cuales se almacena la nada modesta cantidad de 427 mil 225 millones 300 mil pesos. Esta multimillonaria suma se maneja fuera del presupuesto y en la opacidad total.
De esos 356 fideicomisos, fondos y contratos análogos, 25 concentran el 93.5 por ciento del total, según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Se trata de las siguientes figuras fiduciarias: Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo saldo al cierre de 2013 ascendió a 49 mil 834 millones 800 mil pesos; Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con recursos por 5 mil 183 millones 400 mil pesos; Fondo de la Financiera Rural, por 4 mil 629 millones; Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, por 3 mil 335 millones 500 mil pesos.
También están el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, con un saldo de 49 mil 487 millones 700 mil pesos; el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (antes Aduanas I), con 18 mil 233 millones 400 mil pesos; el Fideicomiso e-México, con 9 mil 140 millones 200 mil pesos; el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, con 3 mil 435 millones.
Otros fondos incluidos en la breve lista de fondos multimillonarios son: Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, con 36 mil 982 millones 900 mil pesos; Fondo de Desastres Naturales, con 22 mil 854 millones 200 mil pesos; Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, con 20 mil 307 millones 600 mil; Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, con 5 mil 355 millones; Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, con 4 mil 429 millones 400 mil pesos.
Entre los 25 más onerosos se encuentran también los de las pensiones: Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural, con 18 mil 243 millones 200 mil pesos; Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, con 15 mil 380 millones 200 mil; Fideicomiso de Pensiones, del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, con 14 mil 820 millones 300 mil pesos; Plan de Pensiones de los Jubilados de Banobras, con 13 mil 662 millones 500 mil pesos; Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad de Nacional Financiera, con 11 mil 302 millones 300 mil pesos; Fondo de Pensiones del Banco Nacional de Comercio Exterior, con 10 mil 644 millones 300 mil.
Además se cuentan el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, con 15 mil 129 millones 800 mil pesos; el Fondo para la Participación de Riesgos, con 8 mil 483 millones 800 mil; el Fondo Sectorial Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, con 4 mil 364 millones 300 mil; el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, con 3 mil 778 millones; el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, con 14 mil 511 millones 300 mil; el Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y Préstamos de Corto y Mediano Plazo para Jubilados bajo el Plan de Beneficio Definido, con 2 mil 717 millones 800 mil pesos.
Estos 25 fideicomisos multimillonarios, aunados a los otros 331, deberían ser vigilados con lupa, como marca la nueva normativa antilavado para evitar desvíos de recursos como los que ya han ocurrido en el pasado y que mucho han costado al pueblo mexicano, cuya mayoría sobrevive en la miseria.
*Periodista
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