Panamá 2017: justicia o impunidad, esa es la cuestión

Panamá, Panamá. La élite económica y política de Panamá siente que la justicia le pisa los talones, mientras hace acciones desesperadas para alejar la posibilidad de enfrentar a los tribunales, lo que lleva a la gente común al escepticismo.

 “Aquí no va a pasar nada”, es una frase recurrente que se escucha a panameños de varias posiciones sociales, quienes miran impotentes los manejos de los centros de poder y acusan a las instancias judiciales de complicidad con los delincuentes de cuello blanco.

Y es que cuando todos los argumentos y pruebas apuntan a la culpabilidad de algunos, como castillos de arena se deshacen los expedientes, muchas veces apelando a lo que expertos consideran “tecnicismos leguleyos”, que con frecuencia utilizan el tiempo procesal para destruir la causa.

Casos internacionales, fuertemente juzgados en otros países, como el de la empresa Finmeccanica en Italia, recibieron sobreseimiento en Panamá, lo que previamente alertó la procuradora de la nación, Kenia Porcell, como tendencia del Órgano Judicial que llevaría a la impunidad.

Sólo 2 días después de este anuncio, se conoció un fallo emitido por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Angela Russo, mediante el cual concedió un amparo de garantías al exministro de Seguridad José Raúl Mulino, quien demandó el plazo otorgado por la ley y con ello quedó en libertad.

La instrucción se refería a que en el gobierno anterior realizaron la compra de radares, que el Servicio Nacional Aeronaval considera inoperantes para el combate al narcotráfico y la Fiscalía presume lesión patrimonial en su adquisición.

Uno de los tantos casos que involucra al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), referido a uso de información privilegiada para obtener dividendos en la Bolsa de Toronto, Canadá, también recientemente la Fiscalía solicitó y el Juzgado Décimo Séptimo ordenó el sobreseimiento por “falta de pruebas”.

Martinelli se encuentra detenido desde el pasado 12 de junio en una cárcel federal de Miami, Estados Unidos, en espera de la decisión para extraditarlo a Panamá, donde deberá responder ante la justicia por espionaje telefónico a sus opositores.

En septiembre pasado, la CSJ no admitió un proceso penal por presunto peculado y corrupción contra el expresidente por un sistema de riego nunca ejecutado, por el cual se pagaron 31 millones de dólares, y la misma magistrada Russo argumentó errores del Ministerio Publico (MP) al entregar el expediente.

El inventario de los pendientes crece por día, y la mayor ofensiva conocida contra la corrupción de funcionarios públicos en los medios legales panameños parece zozobrar en una tormenta, donde la batalla no se centra en demostrar culpabilidad o inocencia, sino en buscar fallas técnicas a las investigaciones.

Otro recurso que frena los procesos, según Porcell, es que algunos jueces se resisten a declarar complejos casos que requieren de asistencia judicial internacional e información de trazas bancarias, los cuales obligan a demoras en la instrucción, pero niegan tal condición y el tiempo los frena.

Así sucedió con el llamado expediente New Business, en el que se investiga la compra de una empresa mediática local con dinero supuestamente obtenido de sobornos; otro tanto ocurrió con el desfalco de la casa de valores Financial Pacific. Ambos involucran a la familia Martinelli.

Tal vez el mayor escándalo de estas investigaciones bloqueadas por representantes del Órgano Judicial fue el de los sobornos de la constructora brasilera Odebrecht y sobre las cuales la suplente del Juzgado Décimo Séptimo, Lania Batista, negó en octubre pasado una prórroga para continuar las indagaciones.

Este caso aborda la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, pero su detención provocó reacciones de la sociedad panameña, y hasta el propio presidente del país, Juan Carlos Varela, se refirió al tema en ocasiones.

Caiga quien caiga

Los sondeos de opinión arrojan que el escepticismo predomina en la sociedad, pero los despliegues mediáticos presentan filtraciones con elementos de las investigaciones, mediante los cuales se presume responsabilidad penal, en lo que constituye un juicio público paralelo.

Acusaciones del MP al Órgano Judicial por lo que el primero considera bloqueos que generan impunidad, reciben respuesta del último arguyendo “errores técnicos” de los fiscales, violatorios del “debido proceso”, mientras tribunales archivan expedientes y detienen investigaciones.

A diario se suceden denuncias públicas entre el tratamiento diferente de un acusado de cuello blanco y el hijo de la cocinera, como llaman aquí a los presos más humildes: mientras unos habitualmente reciben medidas cautelares alejados de las rejas, los otros esperan años en las cárceles para que un tribunal los juzgue.

“Impera la percepción de corrupción e impunidad sobre todo en los casos de alto perfil”, señaló un comentario de la encuestadora Dichter y Neira al analizar la transparencia del gobierno en septiembre pasado, respaldada apenas por el 12 por ciento de la muestra.

En los últimos 3 años, el sistema de justicia solo juzgó y sancionó a un magistrado de la CSJ, mientras fueron investigados decenas de ministros, otros altos exfuncionarios, empresarios y políticos, en su mayoría cercanos al gobierno pasado.

Manifestaciones masivas de sectores diversos claman por juzgar a los corruptos caiga, quien caiga, aunque analistas apuntan a intereses contrapuestos entre quienes están más cerca de los centros de poder, y las capas bajas de la sociedad, porque cuestionan la sinceridad de las clases altas.

Si bien hasta hace algún tiempo los casos más relevantes se centraron en presuntos delitos denunciados en las instituciones estatales durante el mandato de Martinelli, el estallido del escándalo Odebrecht tensionó a la estructura política y empresarial por sus múltiples relaciones sin distingos partidistas.

También el dedo acusador apunta sobre el actual presidente por recibir donaciones no declaradas y desde el esquema financiero alternativo de la multinacional para la corrupción de funcionarios, y voces piden que se le enjuicie por ello.

A pesar de que Porcell reiteró que la investigación se extenderá desde la llegada de la multinacional en 2006 hasta la fecha, públicamente sólo se conocen involucrados relacionados con el gobierno anterior, cuya investigación la frenó recientemente un tribunal.

En tiempos de campaña electoral y cada vez que hay problemas con la administración de justicia, los políticos invocan a una asamblea constituyente como la fórmula para “rescatar” la institucionalidad del Estado, aunque se olvidan de la misma al llegar al poder, opinó en noviembre pasado el diario La Estrella.

Una crisis político-judicial pone en entredicho la capacidad del sistema panameño para juzgar con seriedad los hechos de corrupción, sobre los cuales los panameños reclaman saber la verdad y el castigo a los culpables, pero hasta el momento sólo se repiten uno tras otro los shows mediáticos con presuntos malhechores.

Quizás lo que algunos llaman “la judicialización de la política” y otros “la politización de la justicia” sea la clave de que el modelo impuesto al país tras la invasión estadounidense de 1989 está al borde del colapso, según algunos analistas del patio, quienes hablan de “refundar la nación”.

Osvaldo Rodríguez Martínez/Prensa Latina

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