Las autoridades mexicanas han mantenido en la impunidad, al parecer de manera deliberada, a todos los actores políticos y empresariales ligados a Oceanografía, la contratista favorita de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Los nexos que tejió la empresa de Amado Yáñez Osuna le permitieron crear estructuras trasnacionales de lavado de dinero, según ha revelado la revista Proceso como parte de la investigación periodística Panamá papers.
Pero nada de eso sorprende a los aparatos de inteligencia mexicanos, que ya sabían cómo operó Oceanografía desde 2013, después de que el priísta Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México.
Como lo informó Contralínea desde marzo de 2014, el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) investigó y encontró visos de corrupción en las relaciones de Oceanografía y su principal accionista, Amado Yáñez, con el exsecretario de Energía Jordy Herrera; con los exdirectores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, y con el panista Juan Bueno Torio, quien también fue funcionario de la petrolera.
En la indagatoria –de la cual se tiene copia– el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación enlistaba los nombres de 14 funcionarios y seis exfuncionarios de la paraestatal contra quienes se procedería penalmente por beneficiar a la naviera con contratos por más de 8 mil millones de pesos; entre éstos, destacaban el exdirector de Pemex Exploración y Producción Carlos Morales Gil y el exabogado general Néstor García Reza. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha procedido contra ellos.
El documento, clasificado como confidencial, también revelaba que el gobierno de Calderón declinó proceder contra los hijos de Marta Sahagún por el tráfico de influencias en el que incurrieron para beneficiar a Oceanografía a cambio de dinero.
Ahora, la investigación de Proceso revela que el despacho panameño Mossack Fonseca ayudó a los socios de Oceanografía, Amado Yáñez, Martín Díaz Álvarez y Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio –dueños del Grupo Gasolinero Mexicano y los Casinos Big Bola– a crear empresas offshore para diseminar recursos de origen ilícito.
Recursos a los que las autoridades mexicanas les dieron seguimiento desde antes que se desatara el escándalo por el fraude millonario cometido por Oceanografía en contra de Banamex.
Los expedientes que armaron la Procuraduría General de la República (PGR) y el Cisen, a los que Agenda de la Corrupción tuvo acceso, indican que esos mismos socios de Oceanografía estarían implicados en una red de tráfico de combustibles robados a Pemex y de lavado de dinero para el Cártel del Golfo.
Las investigaciones oficiales que sólo pudieron llevar a la cárcel a Amado Yáñez, documentan que éste y su hermano Carlos Daniel Yáñez Osuna, junto a Martín Díaz Álvarez, Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oliver Fernández Mena y Hermilo Escobedo Obrador habrían blanqueado capitales propios y del narcotráfico a través de cuatro empresas constituidas en Estados Unidos, la Caja Libertad, los casinos Big Bola, el equipo de futbol Gallos Blancos y campañas electorales de políticos panistas. Además, habrían distribuido los productos saqueados a la paraestatal a través de más de 60 gasolineras.
De acuerdo con las indagatorias, los socios de Oceanografía, SA de CV, habrían diseminado dinero ilícito a través de las empresas Sea Horse Miami, Inc; Con-Dive, Llc; Sea Horse Marine, Inc; OSA International, Llc, constituidas en Estados Unidos por Yáñez Osuna ; los casinos Big Bola, propiedad de Rodríguez Borgio; la empresa Libertad Servicios Financieros, que opera la Caja Libertad y que está ligada a Díaz Álvarez; el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, y las campañas político-electorales de dos políticos panistas.
A esta red se habrían sumado las empresas constituidas en Panamá que diseminaron recursos a Suiza.
Según Proceso, el despacho Mossack Fonseca creó tres empresas vinculadas a Oceanografía entre 2011 y 2012: Linard Consultants Inc (accionistas Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez); Fairhaven Trading Resources Limited (accionistas Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio), y Ceresia Services Limited (Martín Díaz Álvarez y Amado Yáñez Osuna), en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
En la investigación que llevaron las autoridades mexicanas desde 2013 destaca que los indicios apuntaban a que el origen del dinero sería, por una parte, el narcotráfico ligado al Cártel del Golfo; y, por otra, el tráfico de combustibles robados a Pemex.
Respecto de este último ilícito, la indagatoria del Cisen y la PGR revela que los empresarios habrían participado directamente en una organización criminal más amplia. También, que habrían utilizado las más de 60 gasolineras que posee Rodríguez Borgio a lo largo del país –por medio de su Grupo Gasolinero Mexicano– para distribuir los productos saqueados a Pemex.
Además de estos delitos, los seis empresarios fueron investigados por evasión fiscal, fraude financiero y cohecho. Todos sus negocios y cuentas bancarias fueron escrutados a profundidad por la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Cisen.
Como se recordará, el pasado 28 de febrero de 2014, Oceanografía fue asegurada por conductas fraudulentas en créditos concedidos por Banamex, filial del estadunidense Citigroup, por 360 millones de dólares. Desde entonces, la naviera quedó bajo disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y el acto se derivó de una averiguación previa cuyo antecedente fue la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública el 11 de febrero.
Como parte de las investigaciones judiciales, se descubrió que la empresa fue contratada irregularmente por Pemex desde 2001, vía cohecho y tráfico de influencias.
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Nancy Flores, @nancy_contra
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Contralínea 483 / del 11 al 16 de Abril, 2016
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