Carlos Miguélez Monroy*/
A pocos kilómetros de los resorts de lujo, de las arenas blancas y de las aguas cristalinas de varias islas del Caribe palpita otra realidad. El estallido social amenaza la tranquilidad de quienes buscan ahí un paraíso natural para vacacionar; o fiscal, para evadir impuestos. Los miles de millones de dólares evadidos sangran a países que necesitan fondos para escuelas, hospitales y para el resto de servicios públicos que garantizan derechos fundamentales.
Esa “política de austeridad” resaltaría más la brecha social en paraísos para turistas y para evasores, construidos encima de una población local sin trabajo ante los altos niveles de inflación. Miles de millones de dólares virtuales se manejan desde edificios blindados, a pocos metros de las calles donde deambulan personas sin hogar, enfermos mentales, adictos a las drogas y niños que no asisten la escuela; algunos sí lo hacen, pero sin poder desayunar antes, lo que perjudica su aprendizaje…
El crimen organizado se ha instalado en un vacío de poder ante la degradación de las instituciones públicas. El periodista estadunidense denuncia que cárteles mexicanos de la droga han recorrido los kilómetros de distancia que los separaba de estos paraísos y encontrado el caldo de cultivo que necesitaban para instalarse: la falta de oportunidades en la sociedad y un creciente vacío de poder. Ni siquiera necesitarían viajar para guardar las ganancias de su negocio sin necesidad de justificar su procedencia.
El secreto bancario constituye la esencia de los paraísos fiscales. Pero como denunciaba Javier Ortiz, un conocido periodista español que murió en 2009, las economías de los países ricos dependen de estos centros offshore:
“¿Que por qué no acaban las grandes potencias con los paraísos fiscales? Porque son parte de su modus operandi. Un capitalismo sin paraísos fiscales sería como un jardín sin estiércol”.
Dentro de los propios países, los tribunales encuentran todo tipo de obstáculos para investigar casos de corrupción y de tráfico de influencias, que suelen derivar en desvíos millonarios hacia paraísos fiscales. Muchos delitos económicos no están tipificados en los códigos penales, y la existencia de paraísos fiscales dificulta seguir la pista del dinero.
Jamaica tiene uno de los índices más elevados de crimen y de homicidios en el mundo. Sus cárceles hacinadas tienen un exceso de presos condenados por delitos menores relacionados con la mariguana. Algunas voces exigen una despenalización similar a la de algunos estados en Estados Unidos, más cuando la mariguana forma parte de la cultura local. El gobierno enfoca la inseguridad de las calles desde una perspectiva policial en lugar de invertir en educación, en fortalecer la economía local y en crear puestos de trabajo. Además, los recortes que impone el FMI para “renegociar la deuda” ponen en peligro esas necesarias inversiones sociales que despertarían expectativas de futuro en las generaciones más jóvenes. La clase media desaparece en Jamaica, como ya ha ocurrido en otros países que han seguido las recetas de organismos internacionales. En Barbados se ha congelado el sueldo de los funcionarios y el gobierno ha despedido a 3 mil de ellos, también por exigencia del FMI.
Las poblaciones de estas islas están aún más expuestas que las europeas por la dependencia que tienen sus economías del turismo. También por la falta de infraestructuras, de inversiones para servicios públicos, por carencias en educación y por un pasado colonial y de esclavitud que todavía arrastran.
China invierte millones en infraestructuras y lanza una ofensiva diplomática, aprovechando el descrédito del FMI por las consecuencias de sus políticas y el cada vez menor interés de Estados Unidos en este patio trasero. Le gana terreno geopolítico a Estados Unidos y a Taiwán, que tenía presencia hasta ahora. Pero el modelo económico del gigante asiático no plantea una alternativa más humana al capitalismo de casino, donde coexisten una riqueza obscena y una creciente miseria en islas tan pequeñas con tan grandes contradicciones.
*Periodista
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