Con Peña, 112 mil niños migrantes expulsados del país

Lejos de tener una vocación humanitaria, el gobierno mexicano mantiene una política de persecución en contra de los migrantes indocumentados que pasan por nuestro país, sobre todo procedentes de la violenta y pobre Centroamérica, en busca de una oportunidad de vida.

El caso más extremo de deshumanización de la política migratoria tiene que ver con el trato hacia una población altamente vulnerable: los menores de edad que arriesgan la vida y la integridad física para llegar a Estados Unidos.

Entre enero de 2013 y agosto de 2017, México ha expulsado a 112 mil 258 menores de edad que migran sin papeles y sin compañía, refieren datos de la Secretaría de Gobernación. Tan sólo entre enero y agosto de este año fueron ya más de 10 mil los niños y las niñas que México repatrió, a pesar de las difíciles condiciones que enfrentan en sus países.

Los casos de los menores de edad migrantes –y en general de los sin papeles que huyen de la violencia y la pobreza– deberían tratarse como un asunto humanitario, y no como una política de seguridad nacional que sólo beneficia a Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha ignorado que estos niños que viajan sin compañía han sido expulsados de sus lugares de origen por la falta de oportunidades y por la extrema violencia que ejercen en su contra las pandillas y el crimen organizado. Y, por ello, necesitan un trato humanitario.

México debería dar una lección al mundo, al admitir a todo menor de edad como refugiado y darle la cobertura social que en otros lugares jamás tendrá.

Pero, por el contrario, los arroja de vuelta al infierno. Y no sólo eso, el gobierno federal es omiso a la violencia que se ejerce en ellos durante su tránsito por México, tanto de agentes del Estado como de las organizaciones criminales.

Al ser un grupo altamente vulnerable, muchos menores de edad que migran acaban enganchados en redes de prostitución y esclavitud laboral. Otros son violados durante todo el trayecto.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “todos los niños en movimiento son vulnerables a la venta, la trata y otras formas de explotación”. Por ello, el organismo ha pedido a los Estados miembros que estos menores sean protegidos: “deben adoptarse soluciones adaptadas a cada caso, incluidas, según proceda, protecciones adicionales ofrecidas por la legislación nacional en el ámbito de asistencia, protección y estatuto de residencia a los niños cercanos a la edad adulta”.

Pero nada de eso hay aquí para ellos. En nuestro país, algunos menores sufren el peor trato de parte de quienes están más obligados a garantizar su integridad física, emocional y mental: en las estaciones migratorias (las cárceles para indocumentados) se han registrado violaciones sexuales y hasta muertes de adolescentes a manos de los propios agentes del Estado, tal como lo he documentado en Contralínea.

Al respecto, la ONU señala que “la existencia de numerosos casos de explotación sexual de niños, incluso en los campamentos de refugiados y en las instalaciones estatales [como lo son las mexicanas estaciones migratorias], es un indicador adicional del fracaso de un sistema de protección que debería protegerles”.

Sin duda, los niños migrantes se enfrentan al peor rostro de México, con las peores vejaciones y violaciones a los derechos humanos que pueden sufrir, incluso el de la privación de la vida.

Y es que bajo el amparo de realizar actividades de “seguridad nacional”, las autoridades migratorias y sus comparsas (militares, policías federales y estatales que participan en los operativos y redadas) cometen todo tipo de abusos contra los indocumentados.

Y todo ello es solapado totalmente por el sistema: ninguno de esos agresores ha pagado condena, porque los migrantes están totalmente desprotegidos: dentro del gobierno, nadie vela por sus derechos humanos, y fuera de éste, las organizaciones de defensa están tan acotadas y asoladas por la propia autoridad que les es difícil atender cada una de las problemáticas.

Otro aspecto que contribuye a esta gran impunidad es el hecho de que los migrantes –sean menores o mayores de edad– prefieren no denunciar a sus verdugos, pues al hacerlo dejan al descubierto su situación migratoria y, por tanto, ponen en riesgo su objetivo de llegar a Estados Unidos.

ONU pide proteger a niños migrantes

Ante esta vulnerabilidad, la Organización de las Naciones Unidas continúa instando a los Estados miembros a proteger a todos los niños migrantes. Y México está llamado a hacerlo de forma inmediata e irrenunciable.

Para la ONU, resulta necesario que los Estados intensifiquen su trabajo para proteger de la venta, la trata y otras formas de explotación a los menores migrantes.

Al presentar un estudio sobre el trato cruel que reciben los niños en movimiento en el mundo, Maud de Boer-Buquicchio, relatora especial sobre la Venta y Explotación Sexual de Niños, y Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre la Trata de Personas, advirtieron que “muchos niños sufren actualmente de explotación sexual y laboral en medio de una inefectiva respuesta de los países de todo el mundo”.

Recordaron que los menores que huyen de conflictos y desastres enfrentan altos riesgos de explotación, y que son los niños no acompañados quienes enfrentan peligros particulares. No obstante, “los Estados no cumplen con su deber de protegerlos” indicaron.

Para las expertas de la ONU, los países deben reconocer las necesidades de protección internacional de los niños que huyen de conflictos y crisis. “En particular, los Estados deben garantizar que los niños no acompañados y separados se identifiquen, se registren y sean canalizados a sistemas de protección de la infancia”.

Y agregaron que “todos los niños, incluidos los acompañados por los padres u otros tutores legales, deben ser tratados como titulares de derechos individuales, no como criminales”. Algo que, por supuesto, han pasado por alto las autoridades mexicanas.

Nancy Flores

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