Una de las peores consecuencias del capitalismo neoliberal es, sin duda, la pobreza. Un ser humano afectado por esta condición ve limitado, desde su primer instante de vida, todo su desarrollo (físico, mental, intelectual, cultural, social, económico).
La pobreza va de la mano de otras dos condiciones: desigualdad e injusticia. Y en México, ambas son explícitas en un solo ejemplo: en nuestro país vive uno de los hombres más ricos del planeta (Carlos Slim) y también pueblos completos mueren de hambre (en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, la Sierra Tarahumara).
Para la mayoría de las personas pobres y marginadas, las posibilidades de cambiar su contexto son nulas, pues no depende de ellas –de su esfuerzo por generar riqueza–, sino del modelo económico en el que se desarrollan.
En el caso del capitalismo neoliberal, éste funciona de una sola forma: para enriquecer a un puñado, margina a millones. No hay más. Por ello, alguien que nació en un hogar pobre prácticamente no tiene posibilidades de formar parte de ese puñado de gente rica. Es más, tampoco existe la probabilidad de que, en su etapa adulta, logre siquiera mejorar mínimamente las condiciones que enfrentó en su niñez y juventud.
Para un pobre, los escenarios son catastróficos tanto en la ciudad como en el campo. En las zonas urbanas, si consigue un empleo estable será en condiciones precarias: salarios injustos por jornadas desgastantes.
En zonas rurales, el campo –devastado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte– no representa de ninguna manera una oportunidad de movilidad social. Además, los recursos naturales que antaño auxiliaban a los pueblos originarios, son despojadas y explotados irracionalmente –desde hace unas 4 décadas– por ese puñado de ricos.
Esa lacerante realidad no cambia por más modificaciones que hagan en sus metodologías aquellos que miden oficialmente la pobreza. Por ello, lo hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es un descaro total, una tomadura de pelo.
Como se recordará, el Inegi presentó sus mediciones respecto del ingreso con el que sobreviven los hogares pobres de México. Pero la aplicación de la nueva metodología derivó en un inexplicable aumento del 33.6 por ciento de los ingresos mensuales por hogar.
El cinismo del Inegi es indescriptible, pues las condiciones del país no han mejorado. Por el contrario, la crisis económica ha empeorado y miles de personas han sido despedidos, tanto del sector público como del privado.
Así que nada parece indicar que los 55.3 millones de personas que sufren pobreza en México –según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública– hayan mejorado su nivel de vida. Ni siquiera con los apoyos públicos que, además de ser escasos, se desvían.
Y es que mientras en 2014 –año al que corresponde la más reciente medición– los cálculos oficiales del Coneval reconocían que 20 millones de personas en México sufrían la peor de las pobrezas, la alimentaria, la Cruzada Nacional Contra el Hambre únicamente atendió a 5 millones 499 mil 926 personas a través del Programa Prospera.
Los cambios de metodología en el Inegi, para maquillar más las cifras, sólo se pueden entender en un contexto en el cual las autoridades mienten, pues pretenderían pintar un país próspero que, en realidad, es inexistente. Al tiempo, las nuevas cifras permitirían recortar aún más los subsidios a los pobres.
La Auditoría Superior de la Federación, en su Informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2014, revela que las autoridades son conscientes de que la pobreza se incrementa día a día.
“De acuerdo con los registros de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, en el ejercicio 2014, a los 400 municipios considerados en el decreto original con el que se atendió el 51.7 por ciento de la población objetivo, se les incrementaron 612 en una segunda etapa, para totalizar 1 mil 12 municipios distribuidos en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal [ahora Ciudad de México] en los que se atiende una población objetivo de 5.5 millones de personas; sin embargo, aún cuando se preveía una tercera etapa de inclusión de municipios en el ejercicio 2015, hasta alcanzar el 100 por ciento de la población objetivo estimada en 7.1 millones de personas en pobreza extrema, el crecimiento de la pobreza en el país también se ha incrementado cada año y con ello el número de personas en situación de pobreza extrema, lo que implica que las cifras que reporta la Cruzada Nacional Contra el Hambre se incrementen cada año en tanto no se disminuya la pobreza en el país.”
La auditoría 14-0-20G00-02-0217 indica que el presupuesto del Prospera que se ejerció en los 31 estados y el Distrito Federal por 25 mil 398 millones 722.2 pesos, en 2014, incidió en el abatimiento de las necesidades básicas de la población objetivo (alimentación, salud y educación), “con lo cual se abaten las necesidades fundamentales de la población objetivo establecida en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, del 22 de enero de 2013”.
Según la Auditoría Superior, se comprobó que la incidencia de las acciones de Prospera se realizaron en los 1 mil 12 municipios que actualmente establece la Cruzada y que dichas acciones se relacionan con los objetivos I y II de la estrategia: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; y eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.
Estos resultados alegres sumados a la nueva metodología del Inegi para desaparecer a los pobres de un plumazo podrían derivar en una disminución de las ayudas, pese a que la pobreza en realidad no se ha abatido en ninguno de los municipios atendidos por la Cruzada. Ojalá los gobernantes se dieran un baño de pueblo, incluso en la Ciudad de México, para que conozcan de primera mano las urgencias reales de quienes mueren literalmente de hambre.
Nancy Flores
BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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