Política derechista: leyes contra las marchas

La política de prohibir o restringir las marchas y protestas sociales responde, por un lado, a un mecanismo de defensa de los sectores poderosos que se sienten vulnerables ante la capacidad de respuesta ciudadana, organizada generalmente en las redes sociales y expresada en las calles.

Empresarios, legisladores, funcionarios y políticos, de cualquier partido que sean, suelen defender sus propios intereses y privilegios, que ocasionalmente se ven cuestionados en algunos espacios críticos de la prensa y cotidianamente en el ciberespacio y en las calles. Por eso, tales personajes ven con agrado las leyes que restringen las críticas espontáneas y directas de la sociedad.

Por otro lado, la supresión de las marchas es, en particular, una maniobra derechista ante su incapacidad para manifestarse en las calles, pues no cuentan con el apoyo social necesario. La derecha quiere prohibir las marchas porque éstas suelen ser afines a la izquierda y a los sectores progresistas.

La derecha y las marchas

Empero, la derecha también ha tratado de recurrir a las protestas callejeras, lo cual cada día le es más difícil.

La famosa marcha de 2004 contra los secuestros y la inseguridad fue, en los años recientes, la única ocasión en que la derecha logró reunir a mucha gente, aunque haya sido ocultando sus motivos reales.

En esa ocasión, las televisoras y muchos espacios radiofónicos estuvieron animando a la gente a participar en el evento organizado por la ultraderecha y encaminado en realidad contra el gobierno del Distrito Federal. Hoy, la televisión ya no tiene el mismo poder de convocatoria que hace 10 años.

En 2007, la ultraderecha trató de movilizar a la gente de la capital contra la despenalización del aborto, pero no lo logró, ni obtuvo ningún resultado positivo para sus integrantes. En el caso del matrimonio homosexual, ni siquiera lo intentó.

El declive moral de la Iglesia Católica en el mundo actual también es un factor que afecta a la derecha mexicana, de raíz católica; de suerte que en 2012 la visita del papa retirado, Benedicto XVI, no despertó un gran entusiasmo popular, ni siquiera en la muy religiosa entidad de Guanajuato.

En contrapartida, las principales movilizaciones populares en los últimos años, si nos referimos concretamente a la Ciudad de México, han sido: las marchas contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y en apoyo a su triunfo electoral, de 2005 a 2007, y las movilizaciones contra las privatizaciones y alzas de servicios y bienes nacionales, que a su vez derivan de políticas económicas de tendencias neoliberales.

Hoy en día las protestas sociales suelen expresar demandas afines al bienestar de los sectores populares y contrarias a los grandes intereses económicos.

Enemigos de las protestas

Tanto en México como en España, personajes vinculados al Opus Dei han promovido leyes para restringir las protestas sociales.

En México, el diputado panista Jorge Francisco Sotomayor Chávez, egresado de la Universidad Panamericana, del Opus Dei, ha cobrado notoriedad por promover la iniciativa para restringir las protestas públicas, mientras que en España, donde acaban de aprobarse normas en el mismo sentido, su promotor fue el ministro del interior Jorge Fernández Díaz, personaje vinculado a grupos ultracatólicos, como el Opus Dei (La Jornada, 30 de noviembre de 2013).

El propio Fernández se refirió públicamente a sus afinidades con ese grupo, por ejemplo en entrevista concedida a La Gaceta (www.intereconomia.com/noticias-gaceta/iglesia/nuevo-ministro-interior-explica-su-reencuentro-dios-despues-anos-darle-espal).

También promotora de la ley contra las marchas es la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Laura Iraís Ballesteros Mancilla, conocida porque en 2008 se hizo público que una empresa creada por Iraís recibió del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 1 millón de pesos para llevar a cabo labores de espionaje en el Congreso de la Unión.

Otra panista enemiga de las protestas sociales es Mariana Gómez del Campo, quien durante el sexenio pasado llegó a los primeros niveles de la política derechista, avalada por sus relaciones familiares, pues es prima segunda de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón.

La hoy senadora y exintegrante de la asamblea de representantes del Distrito Federal, de 2009 a 2012, ha promovido, desde hace tiempo, medidas para limitar la libertad de expresión, imponer horarios a las marchas y protestas y en algunos casos aplicar sanciones a sus participantes.

Como ella misma ha señalado, para sus proyectos contra la protesta social se inspira en experiencias como la de España, donde, de acuerdo con el comentario de Víctor Martínez González (“Prohibido quejarse”, Contralínea 365, 16 de diciembre de 2013), “a partir de ahora, protestar […] puede salir muy caro […]. El gobierno español prepara una ley de seguridad ciudadana que contempla multas de entre 1 mil euros por insultar o fotografiar policías, hasta 30 mil euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales […].

“[…] La nueva ley busca también sancionar un mayor número de conductas en la vía pública, como convocar y participar en protestas frente a las principales instituciones del Estado, paralizar desahucios, acudir ‘encapuchado’ a una manifestación o los abucheos y las concentraciones frente al domicilio de los políticos […].”

Por otra parte, Mariana Gómez del Campo se ha jactado de contar con el apoyo de legisladores y políticos de otros partidos: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido de la Revolución Democrática (www.revistapersonae.com.mx/?p=1185), lo que es comprensible si atendemos a que la política contra las protestas sociales es una defensa de los poderosos contra los débiles, de los ricos contra los pobres.

A los privilegiados no les gusta que los débiles los critiquen libremente, como ocurre en las marchas y protestas callejeras, sino que quisieran recibir siempre el trato convenenciero y servil que les prodigan muchos de los llamados “grandes” medios de comunicación.

Por su parte, la derecha quiere anular, mediante leyes represivas, las expresiones populares que suelen ser contrarias a sus ideas y proyectos.

Otro enemigo de las protestas sociales es el ultraderechista Federico Döring, coordinador de la bancada panista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien ha proclamado abiertamente que una de las primeras aplicaciones de la legislación contra ellas será la defensa de la denominada “reforma energética”.

Leemos en su artículo publicado en Excélsior el 15 de diciembre de 2013: “en unos meses se verán manifestaciones en contra a las modificaciones emanadas de la reforma energética cuando se discutan las leyes secundarias; así lo han expresado los opositores a la reforma, por ello es importante darle garantías al Congreso de la Unión para que realice su trabajo de manera adecuada […]”.

En suma, la legislación contra las protestas sociales es un episodio más de los poderosos y del PAN contra el pueblo de México.

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México