Programa Frontera Sur, el temido rostro de la política antiinmigrante

A lo largo del territorio mexicano se desarrolla, día a día, una atroz política antiinmigrantes, que se basa principalmente en violentos operativos y redadas del Instituto Nacional de Migración, con el acompañamiento del Ejército Mexicano y la Policía Federal, porque la migración indocumentada es un asunto de alta relevancia para el gobierno de Enrique Peña.

Lo peor, sin duda, es el Programa Integral Frontera Sur, que ha derivado en un cerco que se extiende desde el Río Suchiate (Chiapas) hasta los estados centrales, y cuyo objetivo principal es atrapar y expulsar a los migrantes. Por lo cual, organizaciones de la sociedad civil ya han identificado que dichos operativos han creado  una “tercer frontera” en el centro del país.

En ese mismo camino donde operan agentes migratorios, militares y policías, decenas de centroamericanos se topan también con la violencia extrema del crimen organizado, que por deporte los extermina y al que el gobierno, casualmente, no ve. Así, los migrantes o son encarcelados en las estaciones migratorias y posteriormente deportados o son violentados por los criminales.

Dicha política no sólo es inhumana, sino que es muestra de la debilidad de nuestro gobierno: frenar a como dé lugar el paso de las personas indocumentadas es una necesidad de Estados Unidos, no de México.

Para evitar el paso migrante, sin duda, ha servido bastante la terrible mano del crimen organizado, con actos de barbarie como el del asesinato masivo en San Fernando, Tamaulipas, y los miles de macheteados en la ruta del tren, sobre todo en el Sureste mexicano. Además de los secuestros, las desapariciones, las violaciones sexuales y demás atropellos.

El entreguismo del gobierno a las políticas hemisféricas de seguridad determinadas por Estados Unidos es indecible. Tanto así que en la Agenda Nacional de Riesgos –documento elaborado por los aparatos de inteligencia mexicanos, considerado extremadamente confidencial y al que tuvo acceso Contralínea–, los flujos migratorios descontrolados (sic) están identificados como la quinta de 10 peores amenazas a la seguridad nacional.

Para “enfrentar la amenaza”, el gobierno de Peña diseñó el Programa Integral Frontera Sur. Pero resulta que éste ha sido impulsado directamente por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, tal como lo revela el informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond.

Dicho documento, elaborado por la unidad de investigación del Congreso estadunidense, indica que el tercer pilar de la Iniciativa Mérida “involucra el apoyo estadunidense para asegurar las porosas e inseguras fronteras de México con Guatemala y Belice”. Ese apoyo lo ha brindado el Departamento de Estado, y asciende a casi 100 millones de dólares.

El Programa Integral Frontera Sur –creado por la administración de Enrique Peña Nieto– ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes indocumentados, pues vulnera los derechos humanos de las personas en tránsito y criminaliza su paso por el país.

En entrevista, Arturo González –coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes México– señaló que “el problema de la política migratoria tiene que ver con esa visión de seguridad nacional, porque la seguridad nacional tiene otros intereses que no son las personas ni los derechos humanos. Cuando empezó el Programa Frontera Sur, dijimos que era una política de lobo con piel de oveja. Ahora decimos que es una política de lobo con piel de lobo porque los operativos y las agresiones contra migrantes son cada vez más descarados y brutales”.

Los datos del Congreso estadunidense indican que el Departamento de Estado ha proporcionado 24 millones de dólares en equipo (incluyendo quioscos móviles y caninos) y asistencia para capacitación de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que operan en la región fronteriza Sur. Además, “ha comprometido más de 75 millones de dólares más en esa área”.

El informe detalla que el Departamento de Defensa estadunidense también ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas militares mexicanas con  este mismo propósito: colaborar con el Programa Integral Frontera Sur.

Textualmente añade: “Con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno mexicano ha estado instrumentando el plan de seguridad fronterizo en el Sur de ese país desde 2013, que ha involucrado el establecimiento de 12 bases navales avanzadas en los ríos fronterizos y tres cordones de seguridad que se extienden más de 100 millas al Norte de México y la frontera con Belice”.

El informe de la unidad de investigación del Congreso estadunidense detalla que los agentes del Instituto Nacional de Migración han adoptado nuevas estrategias junto con las fuerzas policiales federales y estatales.

 “Estos agentes desarmados han trabajado con el Ejército [Mexicano] y la policía para aumentar los esfuerzos de inmigración a lo largo de las rutas migratorias conocidas. En cambio, los grupos de derechos humanos han criticado a México por los abusos cometidos por sus funcionarios contra los migrantes y por no proporcionar suficiente acceso a los visados ??humanitarios y al asilo a los migrantes que tienen demandas válidas de protección internacional.”

Según el informe, “el mayor financiamiento estadunidense ha sido destinado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para ayudar en algunas de esas áreas y ayudar al Instituto Nacional de Migración a desarrollar un programa de capacitación para funcionarios de migración que se entrevistan con poblaciones vulnerables, así como para llevar a cabo repatriaciones humanitarias”.

Finalmente, de la Agenda Nacional de Riesgos 2015 se desprende que dos temas preocupan sobre manera a los órganos de inteligencia civiles y militares: los flujos migratorios descontrolados y la porosidad en la frontera Sur. Respecto de esta última, alertan que “las estructuras de seguridad son institucionalmente frágiles y presentan poca o nula capacitación, así como altos niveles de corrupción que han permitido la infiltración de la delincuencia organizada”.

Queda clara la intervención de Estados Unidos para este tema. Un asunto que debería corregirse ahora que Donald Trump rompe los principales acuerdos cupulares con las clases política y económica mexicanas. Y así optar por una alternativa humana acorde a los intereses de los mexicanos, no de los gringos.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 536 / del 24 al 30 de Abril 2017