El pasado 9 de septiembre, la Junta de Gobierno de El Colegio de México (Colmex) consumó la reelección de Silvia Elena Giorguli Saucedo como presidenta de la institución para el periodo de 2020-2025. La doctora fue candidata única. No hubo quién quisiera confrontarla en las elecciones internas. Como los dos anteriores presidentes, acumulará dos periodos quinquenales, es decir, en 2025 habrá sumado 10 años dirigiendo una de las principales instituciones de la elite académica mexicana.
En la Junta de Gobierno que reeligió a Giorguli se estrenó el expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez. Faltaba más, votó a favor de su vieja amiga, con quien en años recientes acordó trasladar recursos de la institución defensora de derechos humanos a la institución académica.
Amor con amor se paga, dice el refrán popular. La cadena de favores no sabemos cuándo inició. Pero podemos encontrarla en 2015, cuando ya la Presidencia del Colmex había recaído en Giorguli Saucedo y al frente de la CNDH estaba González Pérez.
Entre 2015 y 2018, el organismo autónomo defensor de los derechos humanos financió conferencias de investigadores del Colmex en la Universidad de Harvard y otras actividades académicas de esa institución, mediante 15 instrumentos de colaboración, por al menos 9 millones 263 mil 80 pesos. Lo anterior quedó documentado en una investigación que publicamos en Contralínea: “CNDH: transferencias a la UNAM y a El Colmex por más de 80 MDP”.
¿Qué “pagos” efectuó la CNDH al Colmex? Entre las actividades financiadas se encuentran cursos, viajes y conferencias que difícilmente pueden ser justificadas como actividades propias de la defensa de los derechos humanos. Sólo las dos actividades en Harvard costaron 1 millón 508 mil pesos.
Mediante la firma de “convenios de colaboración” la CNDH evitó justificar sus aportaciones al Colmex, así como someter a licitación pública los “servicios” que adquiría a la institución académica.
La oportunidad del Colmex de mostrar su agradecimiento con Luis Raúl González Pérez llegó cuando éste concluyó su periodo como ombudsman nacional en noviembre pasado.
A la propia comunidad del Colmex le sorprendió el anuncio de que González Pérez se integraba como parte de la Junta de Gobierno. Al interior de la comunidad académica, orgullosa y estricta como pocas en el país, se preguntaban qué méritos había hecho el polémico expresidente de la CNDH, acusado de derrochador de recursos en sus anteriores cargos.
Y en la elección del lunes pasado, González Pérez –ya como flamante integrante de la Junta de Gobierno–, se portó muy disciplinado. ¿Qué sigue en la cadena de favores?
Los otros integrantes de la Junta que eligió a Giorguli son Elena Azaola Garrido, Rebeca Barriga Villanueva, María del Rosario Cárdenas Elizalde, Gonzalo Hernández Licona, María Isabel Monroy Castillo y Antonio Yúñez Naude. Por cierto, todos éstos con el grado académico de doctor. Sólo el advenedizo González Pérez carece de ese título entre sus “pares”.
Por cierto, Giorguli llega a un segundo periodo arrastrando acusaciones de violar derechos humanos de trabajadores y académicos. Incluso su proceder fue motivo del ingreso de dos quejas ante la CNDH.
Una de ellas, la CNDH/6/2019/3114/Q, se refiere a los malos tratos contra los trabajadores de la biblioteca. De nada le sirvió al grupo de nueve personas presentar tal queja. Giorguli lo tomó personal y emprendió represalias contra los trabajadores. En la indefensión total, cinco trabajadores fueron despedidos y los otros cuatro viven aterrorizados, evadiendo referirse al tema por temor a perder sus empleos y dejar a sus familias sin sustento.
La otra aqueja es a propósito de una supuesta violación a los derechos humanos del doctor en Economía Cum Laude Gaspar Núñez Rodríguez, quien terminó siendo cesado, caso al que nos referiremos con mayor amplitud en otra entrega.
Fragmentos
La semana pasada alertamos de un fraudulento proceso en la Secretaría de Gobernación (Segob) para elegir a quien se hará cargo de la Dirección de Atención y Vinculación Institucional. El lunes pasado se le aplicó el “examen” a la persona previamente escogida para el puesto. Días antes funcionarios de la Secretaría le pasaron las preguntas con las respuestas correctas, como documentamos en este espacio. El proceso sigue como sin nada, aunque ahora ya el examen circula por internet. Lo raro es que no se enteren la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, ni la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. ¿Seguirán como si nada pasara? El combate a la corrupción es el principal programa de la “4T”… En otro asunto al interior de la Segob también se hacen de la vista gorda. Es el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que encabeza Andrés Alfonso Ramírez Silva. El funcionario se queja, como todos los de la administración de la “austeridad”, de no tener recursos; pero planea meter a la nómina de la institución a tres directores generales adjuntos. Se trata de funcionarios que hasta el momento reciben su sueldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que pronto pasarán a la estructura administrativa del organismo desconcentrado de la Segob y, obviamente, será el erario el que se haga cargo de sus sueldos. No termina ahí. La creación de direcciones generales hará ascender, en el escalafón administrativo, al propio Ramírez Silva. El funcionario cobrará más. ¿Pues no que en este gobierno se suprimirían los puestos de “directores generales adjuntos” por ser innecesarios? Estaremos atentos a ver cómo se resuelve… En Sinaloa el programa Sembrando Vida, que encabezaba el actual secretario de Bienestar, Javier May, se debate en disputas internas entre facilitadores y técnicos que sirven a grupos priístas, panistas y morenistas. Lo peor es que cientos de familias serranas mestizas e indígenas están medio de la reyerta. Por estas disputas, han quedado fuera del programa cientos de ejidatarios, comuneros y campesinos en una zona con altos niveles de marginación. ¿Pues no que los señores de Sembrando Vida iba a poner orden?
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