Medios de comunicación, portavoces gubernamentales y servidores de la elite económica en España pregonan el peligro de la cuantiosa deuda pública y la culpable responsabilidad colectiva en la misma: la estúpida falacia de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Tan es así que un gobierno pretendidamente socialista reformó con alevosía la Constitución, “sagrada e intocable” para otras cuestiones, con un artículo 135 que proclama que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública […] se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. ¡En la Constitución!
La deuda pública ha crecido por una política fiscal regresiva al servicio de la elite económica y por un gigantesco y continuo fraude fiscal de grandes empresas y capitales; más el cuantioso rescate de una banca privada potencialmente quebrada. España es modélica en el saqueo que es convertir deudas privadas en deuda pública.
Conviene recordar ahora que en la década de 1970 arrancó la nueva versión del capitalismo que llamamos “financiarización”, que es reducir a producto financiero especulativo cualquier valor, bien o servicio que pueda ser vendido y comprado, hoy o mañana. Mientras, se extiende el uso y abuso del apalancamiento: endeudarse hasta las cejas para especular mucho más allá del patrimonio habido.
El endeudamiento se convirtió en motor principal de una economía de humo. Se creó dinero de la nada, porque la gran banca daba abundantes créditos baratos, sobre todo a los estados y, en 1 década, la deuda pública se multiplicó por siete.
¿Irresponsabilidad económico-financiera? No. Nuevo régimen para aumentar los beneficios de la elite económica que el marxismo denomina “clase dominante”. La deuda ya es un régimen que “el poder financiero utiliza para saquear los recursos públicos y atacar los derechos humanos”, denuncia Maria Lucia Fattorelli, auditora fiscal e impulsora del movimiento ciudadano global de auditoría de la deuda.
Por medio de organismos internacionales nada democráticos (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Organización Mundial del Comercio o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el régimen de la deuda impone ajustes presupuestarios, contrarreformas fiscales, laborales, de pensiones públicas, de control de inflación, “ingeniería financiera” y cambio de leyes nacionales en beneficio del sector financiero y de la prioridad del pago de la deuda. Mientras, los grandes medios de “información” ocultan, manipulan y desinforman sobre la realidad económica y financiera y maquillan sus graves consecuencias sociales.
Así pretenden ocultar la responsabilidad de la banca privada en la crisis financiera. Y luego el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presionan para asegurar la transferencia de recursos públicos a los bancos privados responsables de esta poliédrica crisis. Porque la elite económica logró enormes beneficios con el creciente endeudamiento que hinchó las burbujas inmobiliaria y financiera e hizo imparable la crisis.
De todo se tiene cumplida experiencia en el Reino de España. Como denuncian Gerardo Pisarello y Jaume Asens, “cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de retraso de la edad de jubilación, cada recorte de derechos sociales se ha presentado como imprescindible para pagar las deudas y obtener más fondos”.
La deuda pública era apenas del 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2006 y hoy es del 96 por ciento. ¿Por qué tal aumento? Por un generoso rescate bancario. Lo último es que el gobierno regala 40 mil millones de euros a la banca privada por activos fiscales diferidos. Es evidente que aumentar en 5 años casi un 60 por ciento el volumen de la deuda pública respecto al PIB no ha sido por estímulos para que la economía real se recupere ni para satisfacer los derechos sociales de la ciudadanía.
¿Hasta dónde llegarán los explotadores del régimen de la deuda? Hasta donde los dejemos, pues son insaciables. Una primera respuesta son las auditorías ciudadanas de la deuda pública. Para determinar su origen, conocer quiénes son poseedores de deuda y cuánta. Y qué parte es ilegítima. Extender el conocimiento de esos hechos y no pagar deuda pública hasta averiguar cuánta es ilegítima. Eso para empezar.
*Periodista y escritor
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