México vive una de sus peores crisis en materia agroalimentaria, que se refleja tanto en el abandono del campo y la miseria de miles de ejidatarios y campesinos, como en la desnutrición y obesidad de millones de personas que no tienen acceso a una canasta básica balanceada y saludable.
Sobre este tema, entrevisté a Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quien afirma que México enfrenta una catástrofe alimentaria.
Para el estudioso de los temas ligados a la producción de alimentos, esta situación es resultado de 35 años de políticas neoliberales y 23 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Y tiene razón: antes de ese convenio tripartita, nuestro país era autosuficiente en los productos más consumidos por los mexicanos, además de que la sociedad no padecía los alarmantes niveles de obesidad y sobrepeso actuales.
Y es que por el TLCAN, micro, pequeños y medianos productores quebraron, y los campesinos y ejidatarios independientes apenas sobreviven en situaciones de precariedad que rayan en lo inhumano. Además de que el país fue incapaz de prohibir la importación masiva de productos chatarra y con bajo contenido nutricional.
Suárez Carrera le pone números a esta crisis: más de 30 millones de personas padecen hambre y desnutrición en México; dos terceras partes de la población sufren obesidad y sobrepeso; importamos el 45 por ciento de los alimentos que consumimos, y el sistema agroalimentario está concentrado en 20 oligopolios que imponen precios, calidades y formas de consumo.
La realidad que describe el director de la ANEC es confirmada por el Informe de nutrición mundial 2017 (Global nutriton report), publicado en noviembre pasado.
Éste da cuenta de la gravedad en la materia, al señalar que 64 y 65 por ciento de hombres y mujeres adultos, respectivamente, padecen sobrepeso y obesidad; y que este mismo problema de salud afecta al 5 por ciento de los niños menores de 5 años, es decir, el futuro de México.
Y es que el sistema alimentario es de baja calidad nutricional, por lo que produce una epidemia de obesidad y sobrepeso, señala en entrevista Suárez Carrera.
La concentración del sector en las 20 grandes compañías sería un factor fundamental en esta crisis. Para el líder de la ANEC, esos oligopolios están guiados solamente por la maximización de la ganancia y no por el derecho de toda la población a una alimentación sana y saludable y el cumplimiento de los derechos de los productores y los consumidores.
Entre ellos, se encuentran Maseca, Vizur, Bachoco, Minsa y Cargill, empresas nacionales y extranjeras que reciben el 80 por ciento de los subsidios gubernamentales, según la ANEC, en perjuicio de millones de campesinos y trabajadores.
Es decir, desde el propio gobierno federal se apoya incondicionalmente la agricultura comercial identificada como de gran escala y altamente rentista.
Por ello, Suárez Carrera indica que a México le urge cambiar de modelo, porque el actual se basa en la dependencia alimentaria y de productos dañinos para la salud.
Aquí, indica, “quien tiene dinero puede comer sano y adecuado y quien no tiene ingresos se ve obligado a padecer hambre, desnutrición o a consumir alimentos de mala calidad, chatarra y refrescos, que afectan su salud y sus ingresos y economía”.
Suárez Carrera está convencido de que México puede transitar a un modelo de justicia social, en el que se privilegie el derecho a la sana alimentación de todos los mexicanos.
Un modelo, dice, “de autosuficiencia alimentaria centrado en el rescate de la función productiva del 85 por ciento de los pequeños y medianos productores de México, que en estos 35 años han sido abandonados, despojados de su función productiva, para sólo catalogarlos como pobres y darles ayuda de pobres con medidas asistencialistas”.
Para el experto, el país sí puede alcanzar esa autosuficiencia alimentaria si reactiva la función productiva de ese 85 por ciento de pequeños y medianos productores.
Para ello, indica, deberá impulsar un nuevo modelo de producción agroecológica que preserve el agua, el suelo, el aire y los alimentos, de la contaminación de agroquímicos y otros venenos del modelo de revolución verde.
Además, se deberá “fomentar un programa integral de fomento que incluya precios remunerativos al productor, certidumbre en la comercialización de las cosechas, acceso universal al crédito y al seguro agrícola y de precios en condiciones competitivas, acceso a apoyos productivos que generen una nueva época de reactivación de la agricultura mexicana centrada en los pequeños productores, en un nuevo modelo de producción sustentable y en el derecho humano a la alimentación para toda la población, principalmente para los niños lactantes, las madres en gestación y la población de la tercera edad”.
Y ello no se debe confundir con el estigma que últimamente se le ha cargado al concepto de populismo, pues lo que plantea Suárez Carrera no es más que justicia social, pero tampoco es menos. Y de eso urge bastante en este país tan desigual.
Y es que como bien dice Suárez Carrera, México no puede transitar a la modernidad y el progreso con una tercera parte de su población en situación de hambre y desnutrición y con las otras dos terceras partes afectadas por la obesidad y el sobrepeso.
“Urge terminar ya con la pesadilla de la tecnocracia neoliberal que se ha impuesto en México en los últimos 35 años. Y también urge recuperar la soberanía alimentaria, la autodeterminación del pueblo, de la nación sobre qué y cómo producir y qué y cómo consumirlo. Es una situación que está en nuestras manos pero para eso debemos decidirnos a abandonar ese modelo fracasado del neoliberalismo en el sector agroalimentario”, refiere
Nancy Flores
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