A escasos 9 meses de concluir el actual gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyo titular es el general Salvador Cienfuegos, pretende vender a privados un terreno de 125.5 hectáreas (actualmente Campo Militar 1-F) para uso habitacional y comercial en la zona de Santa Fe, Ciudad de México.
Esa operación de compra venta que busca convertir una propiedad federal en un negocio comercial, que de concretarse habría que seguir el origen y destino del dinero para evitar algún posible acto de corrupción o, peor aún, de lavado de dinero, debería ser vetada por la Presidencia de la República y en lugar de ello donar esa gran extensión de tierra a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para construir allí una extensión de instalaciones académicas y poder así desahogar la sobrepoblación que actualmente hay en el principal campus que es Ciudad Universitaria.
Para entender la dimensión del terreno que alberga actualmente las instalaciones universitarias de CU, es el antiguo casco de la UNAM: incluye su primer circuito y más de 50 edificios, y se ubica en una extensión de 176.5 hectáreas, que representa apenas la cuarta parte de las 730 hectáreas totales del campus universitario.
Ello significa que las 125.5 hectáreas que la Sedena pretende vender a particulares podrían ser utilizadas por la máxima casa de estudios del país para ampliar sus instalaciones y dar cabida a más egresados del bachillerato que aspiran a continuar sus estudios en una carrera universitaria, pero que por la falta de espacio en la UNAM, decenas de miles de jóvenes se quedan sin estudiar y por la crisis económica que agobia a la mayoría de la población no pueden ingresar a escuelas privadas.
¿Por qué el gobierno debe apoyar más a la UNAM? Porque es una institución académica pública en donde alumnos, profesores, investigadores y trabajadores administrativos expresan y discuten con libertad sus ideas y defienden la democracia en un país que tanto lo necesita. Además, ha permitido por más de 70 años que cientos de miles de estudiantes de escasos recursos concluyan sus carrereas y se incorporen a la actividad productiva con mejores opciones laborales y económicas.
Un ejemplo más de la excelencia académica de la UNAM se dio la semana pasada, cuando se informó que esa casa de estudios encabeza la lista como la mejor universidad de Latinoamérica, además de ubicarse dentro del top 50 de las mejores universidades del mundo, según la última edición del QS Rankings. Como no apoyar, querer y defender a nuestra excelente universidad nacional pública.
Lo que se conoce hasta ahora sobre el negocio que pretende hacer la Sedena con ese extenso terreno del Campo Militar 1-F antes de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con notas de Víctor Fuentes e Iván Sosa publicadas en el diario Reforma, es que el gobierno federal apresura los trámites para que el gobierno de la Ciudad de México le cambie el uso del suelo y poder venderlo en el transcurso de los próximos 9 meses, sin importar la oposición de vecinos, los problemas de suministro de agua y la complejidad en la movilidad de Santa Fe.
Según el proyecto que tiene la Defensa, trata de vender el terreno que actualmente alberga 30 fábricas de artículos militares, para mudarlas a otra propiedad que le fue donada en Puebla por el gobierno local.
El general Cienfuegos, que le gustan los reflectores, tendría una mejor exposición ante las cámaras si en lugar de vender el terreno lo dona para el estudio de la ciencia, la filosofía y las matemáticas en lugar de engrosar los bolsillos de privados.
Y a propósito de nuestra Universidad Nacional, hay un espinoso tema interno que ha sido tratado equivocadamente por las autoridades universitarias, igual como lo ha hecho el gobierno federal en todo el país, y tiene que ver con la venta y consumo de drogas.
Es claro para muchos universitarios que el gobierno federal se ha equivocado en la lucha contra el crimen organizado y el combate al tráfico de drogas, pues por más recursos públicos que destine e involucre a las Fuerzas Armadas en esas tareas, el problema lejos de disminuir se ha agravado, mientras que la violencia e inseguridad también van en aumento.
Una alternativa que especialistas en la materia han propuesto, es la legalización de la venta y consumo de drogas en espacios destinados para su uso lúdico, a fin de que sea la población adulta la que se responsabilice del consumo y de su salud, pero en cambio el gobierno federal pretende sólo con acciones bélicas enfrentar el problema y el resultado es un frustrado fracaso que ya ha costado cientos de miles de vidas de mexicanos.
Por ello la UNAM, con toda su autonomía, debería actuar distinto a las directrices de las políticas públicas equivocadas que criminalizan a los consumidores, que son la cadena final del negocio de la droga, la cual en todo el mundo es una industria boyante y, por consecuencia, nunca va a desaparecer y la sociedad tiene que aprender a vivir con ella sin violencia.
El rector Enrique Graue y el Consejo Universitario deberían poner el ejemplo el país y permitir su uso en áreas específicas de la universidad y evitar con ello que estudiantes consuman las drogas en salones, pasillos y jardines de todo el campus universitario.
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