Sobre la ilegal intervención en Venezuela

Lo ocurrido durante las primeras horas del 3 de enero de 2026 en Venezuela es alarmante por su escala y el precedente que sienta. Por meses, el gobierno de Donald Trump desplegó en el Caribe una fuerza militar desproporcionada que incluía un portaviones, varios buques de guerra, aeronaves y alrededor de 15 mil elementos. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, esa fuerza fue utilizada para justificar ataques armados contra embarcaciones pequeñas. Con la captura del presidente Nicolás Maduro, esa escalada se convirtió en una intervención armada directa y abiertamente ilegal.

Desde el derecho internacional público, la ilegalidad es manifiesta. El artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Bajo las normas vigentes, tampoco existe autorización del Consejo de Seguridad ni una situación de legítima defensa que pueda sostenerse. En un contexto global atravesado por tensiones crecientes y reglas fragmentadas, una intervención armada de esta naturaleza contribuye a erosionar un sistema ya delicado.

Con independencia de la conducta del régimen venezolano, la experiencia histórica ofrece advertencias claras. Estados Unidos intervino durante 20 años en Afganistán sin lograr un orden político estable. Tras la caída de su dictadura, Libia quedó marcada por la fragmentación institucional. Por su parte, la guerra iniciada en Irak generó efectos políticos y regionales que persisten hasta hoy. En América Latina, las intervenciones estadunidenses en países como Chile, Guatemala, Cuba o Nicaragua debilitaron aún más las estructuras políticas y sociales. Bajo esa trayectoria, el anuncio de administrar Venezuela durante una supuesta transición implica una lógica intervencionista incompatible, una vez más, con la autodeterminación y la soberanía.

Incluso bajo el propio orden jurídico estadunidense, la operación también carece de sustento. La Constitución estadunidense exige la autorización del Congreso para cualquier acto de guerra. En este caso, el despliegue armado y la captura de un jefe de Estado extranjero ocurrieron sin debate legislativo ni aval formal. Aún frente a amenazas reales, el control democrático cumple una función central al obligar al Ejecutivo a rendir cuentas.

Entre las justificaciones ofrecidas, la narrativa del combate a supuestos narco terroristas resulta especialmente endeble y preocupante. Venezuela no es uno de los grandes productores del fentanilo y la cocaína que inundan Estados Unidos. Sin mencionar que el propio Trump indultó al expresidente de Honduras, condenado por encabezar una red de narcotráfico. Resulta más plausible la explicación contenida en la estrategia de seguridad del gobierno estadunidense, la cual retoma la Doctrina Monroe y promete reafirmar su primacía regional mediante fuerza militar.

Desde el derecho y desde una posición de izquierda, es indispensable rechazar el intervencionismo estadunidense y nombrar esta acción como una violación grave a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía estatal. Con esa misma coherencia, defender la democracia exige oponerse a cualquier imposición externa que pretenda decidir el destino de otro país. Frente a ese sufrimiento, corresponde asumir una solidaridad activa y ofrecer, como sociedad, el apoyo que esté a nuestro alcance.

Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho.

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