La alternancia fue, en lugar de un cambio desfavorable, la bendición para la televisora más importante de México. Lejos de ver mermado su poder, lo aumentó por los favores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Por eso, en sus emisiones, las grises y fallidas políticas de ambos señores fueron no sólo aceptadas y justificadas, sino elogiadas. La crítica fue mínima, para no verse y sentirse complacientes.
Ya sabemos que Fox les dio, a través de Marta Sahagún, casi todo lo que pidieron: baja al 10 por ciento del tiempo oficial, apoyos para crecer y, sobre todo, cabildear para que saliera adelante la ley Televisa. Ésta fue frenada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas resoluciones todavía no son acatadas por quienes debieran.
Calderón, por medio de Luis Téllez y Juan Molinar, posibilitó que la empresa de Azcárraga comprara acciones de televisión por cable, haciéndose de la vista gorda por la acumulación de frecuencias. Al no poder captar más dinero por campañas políticas, el Ejecutivo destinó la mayoría de los 10 mil millones que ha erogado en propaganda, de 2007 a 2009, al mencionado consorcio, y, además, le otorgó la licitación 21 en una bicoca: 180 millones de pesos. Otros jugadores que participan en la fibra óptica para hacer el cuádruple play (video, televisión, telefonía domiciliaria y celular), por un tramo similar, deben erogar casi 5 mil millones de pesos, es decir, 30 veces más.
Hay más facilidades donde ha participado el Congreso –algo similar ocurrió en la aprobación inicial de la famosa ley Televisa–. Por ejemplo, el exentar el pago de derechos por 1 mil 800 millones de pesos, en los siguientes dos años, a quienes utilizan las telecomunicaciones mexicanas. Pequeñeces en un momento que el dinero escasea, según el irritable Ernesto Cordero, encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Convocados a la Cámara de Diputados para que explicaran (es un decir) las resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que otorgaban las concesiones a Televisa-Nextel, los que encabezan dichos organismos, Juan Molinar y Mony de Swaan, de la SCT y Cofetel, respectivamente, hicieron malabares para tratar de explicar su autoritarismo. Recordemos que el segundo fue impuesto en su cargo luego de tener como experiencia única en el ramo ¡ser asesor del señor Horcasitas!
Pero, repentinamente, tres jueces otorgaron amparo para evitar que se entregue el tramo del espectro 1.7 de gigahertz.
La primera en dar un fallo al respecto fue Guadalupe Rivera, encargada del Juzgado Cuarto en Materia Administrativa; luego Mónica Soto, del Décimo Administrativo, y el tercero, el 27 Civil.
La reacción de Mony fue estridente. Dijo que de no poder hacer la entrega de la concesión el 31 de octubre, la empresa Iusacell, ligada a TV Azteca, deberá pagar 1 mil millones de pesos, ya que eso se perderá el gobierno en 2011. Algo insólito si únicamente los ganadores iban a pagar 180 millones de pesos.
Además, de Swaan señaló que de haber algún problema, Nextel, de origen estadunidense, ya no invertiría más en nuestro país, pues dicha industria no puede estar a la espera de utilizar sus capitales, y que dábamos un mal ejemplo ante la comunidad internacional.
No importó al especialista al vapor lo que opinaron antes una serie de organizaciones y expertos: lo mismo la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, los especialistas Gabriel Sosa Plata y Raúl Trejo Delarbre, y legisladores como Javier Corral y Porfirio Muñoz Ledo; menos, las impugnaciones que recibió en San Lázaro.
Es un ejemplo clarísimo de que, para los funcionarios actuales, los puntos de vista de los mexicanos tienen poco o nulo valor. Lo que interesa es el apoyo al poder mediático predominante (Televisa) y los que imponen la economía del orbe (Nextel).
Pero además, en la SCT no hicieron caso de sentencias anteriores que en el mismo sentido –detener el proceso– emitieron jueces en Acapulco y Matamoros. En uno de los casos, se alegó que no se notificó a tiempo; en otro, que no llevaron la documentación al sitio indicado. Algo que suena a burla colonial.
Y, sabemos, hay más de 60 litigios al respecto. Mony, nuevamente, dice que son chicanas de Salinas Pliego, el de Azteca, pero evita referirse a que los primeros en mostrar claramente las fallas y tergiversaciones del proceso fueron, como siempre, los defensores de la pluralidad televisiva. Desenlace obvio: los ciudadanos son inexistentes para la burocracia.
Felipe ha pregonado en telecomunicaciones su triple “C”: convergencia, competencia y cobertura; algo realmente ausente en cuatro años. Más bien, la discrecionalidad es lo típico. Ya lo vimos fortaleciendo al canal 11, sin tomar en cuenta propuestas culturales amplias.
Las resoluciones judiciales toman mal parada a Televisa. Ello porque hay líos en un sector que dominaba a placer y era su mina de oro: el futbol.
Por un lado, el equipo Monterrey salió de las ondas televisas, pues desea recibir más dinero por la transmisión de sus encuentros. Esto hizo enojar a quien controla el 70 por ciento de las proyecciones. Ahora se quiere demandar a los motejados rayados del Norte.
En otro frente, los seleccionados de la patabola, luego del juego contra Colombia –¡de hueva! –, fueron descubiertos en una encerrona con mujeres en un hotel. Ellos alegan que esto ocurrió después de la concentración, por lo que pueden hacer de su vida privada lo que les plazca. Algo correcto, pues nadie debe ser un esclavo en pleno siglo XXI. Pero los jefes de ese deporte, nombrados por la multicitada televisora, repartieron castigos al por mayor. Trece de los sancionados se han rebelado y, mediante una carta, se oponen, en el fondo, a Televisa.
Por si algo faltara, Laura Bozzo, la conductora peruana, firmó con Chapultepec 18 para hacer su chou, en el cual exhibirá las miserias humanas.
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