El Pacto por México, en sus acuerdos para la transparencia (también tocante en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción) ha propuesto reformas en torno a tres problemas centrales:
1. Realizar una reforma en materia de rendición de cuentas contables, en la que los tres órdenes de gobierno se vean obligados a responder a reglas comunes y mecanismos homologados que permitan que el ciudadano pueda disponer de información sobre el gasto público gubernamental.
2. Realizar una reforma constitucional que permita que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) sea un órgano autónomo que tenga facultades ampliadas e injerencia en todos los poderes públicos federales, que cuente con capacidad de revisión de resoluciones de los órganos locales, así como contar con atribuciones de atracción.
3. Realizar una reforma que permita que los órganos de transparencia locales cuenten con autonomía, se organicen de manera colegiada y se especialicen en transparencia.
La reforma en materia de rendición de cuentas contables está vinculada a los cambios que requiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dicha ley se propone transparentar, mejorar la rendición de cuentas y detectar actos de corrupción que ocurran en el ejercicio gubernamental, pues los necesarios sistemas de control al interior de la administración pública requieren fortalecer la vigilancia en la asignación y uso de los recursos públicos. La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción no debe desvincularse de esta reforma, ya que perseguir la corrupción –así sea sólo para legitimar la imagen pública del gobierno– requiere de cambios que posibiliten enfrentarla con éxito en cualquiera de los órdenes de gobierno y en la administración pública federal.
Sin embargo, hay que estar al pendiente de que la rendición de cuentas que se propone ataque las causas y no sólo las consecuencias del uso indebido de los recursos públicos. Por eso hay que atender los cambios a la ley, los reglamentos y manuales que regulan el uso de recursos públicos para garantizar que los gastos del gobierno sean auditables, ya sea por su uso u omisión.
La segunda reforma requiere la adecuación del Artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para convertir al Ifai en un órgano constitucional autónomo de alcance nacional, así como para homogeneizar la legislación local con los cambios y adecuaciones federales. Es un paso requerido para blindar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Esta reforma también ofrece la oportunidad de contar con un instituto que tenga la facultad de atracción de asuntos de interés o trascendencia pública. Es así que el Ifai se convertiría en garante de transparencia y rendición de cuentas, ya que sería un órgano de última instancia, que además establecería “criterios nacionales” en la materia.
El Ifai asumiría un papel clave para garantizar qué actores no sujetos a la rendición de cuentas o transparencia lo hicieran. La reforma está en sintonía con la iniciativa de ley que en la Cámara de Diputados se discute, pues considera que sindicatos, partidos, personas físicas y morales, órganos autónomos, poderes públicos, fideicomisos, fondos públicos, en fin, todo aquel que se encuentre en uso de recursos públicos estará sujeto a la ley. Se trata de una medida de alcance incierto, ya que hay límites para su ejecución, toda vez que los sindicatos, como consecuencia de la autonomía sindical, están en un supuesto de difícil solución. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, que no dejan de ampararse ante los tribunales especializados en la materia para evitar la regulación electoral, muy a pesar de que son reconocidos como sujetos de interés público.
Lograr la transformación del Ifai requiere que el nombramiento de los integrantes no recaiga en el presidente de la República. En la iniciativa que se encuentra en el Poder Legislativo se considera que con el voto de dos terceras partes de la Cámara de Senadores se elijan a los comisionados a propuesta de los grupos parlamentarios. Dichos candidatos a ocupar el cargo de comisionados esperarán la observación del Poder Ejecutivo, quien sólo tendrá derecho de objetar hasta por dos ocasiones dicha designación. Lo interesante del cambio legal es que la sociedad intervendría en el proceso a través de una amplia consulta.
La tercera propuesta de reforma es la más compleja de todas, ya que busca arrancar de las manos de los gobernadores los órganos encargados de la transparencia en los estados. El objetivo es claro: dotarlos de autonomía para que se transformen en órganos colegiados que asuman la defensa y protección de los derechos ciudadanos en materia de transparencia. Bajo esta lógica, el país rompería con un sistema de accountability (rendición de cuentas o transparencia) que se ha organizado en beneficio y protección de una visión unívoca, favorecedora del gobierno. Es recurrente la opacidad y/o reserva de información pública con que se evita contar con un mecanismo virtuoso de transparencia. Por eso asumimos que lograr un esquema de autonomía hace posible un modelo de pesos y contrapesos que, junto con la compleja articulación y participación de la pluralidad política, garantiza la existencia de una cultura política de accountability que México necesita impulsar desde los estados.
*Maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y doctorante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; profesor asociado B de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública
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Fuente: Contralínea 321 / febrero 2013
