Un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días, la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, expresidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de Economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato habría blanqueado 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que él mismo fundó, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el Ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según un informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de Economía), como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas “élites” que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1 mil 378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70 por ciento de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular (PP), pero no sólo del Partido Popular.

El caso de los Papeles de Bárcenas, llamados así por el extesorero del PP, es un sumario por apropiación indebida, en el que habría también implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picada, pero el último sondeo aún le adjudica 33 por ciento de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, haya empleos y suficientes y salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no sólo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la “modélica” transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista, miembro de ATTAC

[OPINIÓN]

Contralínea 537 / del 01 al 07 de Mayo 2017