Una amnistía fiscal anulada sin beneficio

El Tribunal Constitucional español ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente: no se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo sólo 1 mil 200 millones de euros; mucho menos de lo que Hacienda pretendía con la amnistía. Su pequeñez es evidente ante el volumen de la corrupción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España calcula ser de 90 mil millones de euros anuales. Lo que supone muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32 mil evasores fiscales acogidos a esa amnistía pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Borroso e inconcreto.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto-ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como es el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindibles, pero luego, chocolate del loro. Y el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos y como marca la ley tributaria.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda español, pues considera que Cristóbal Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3 por ciento de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97 por ciento de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la correspondiente evasión de impuestos. Riqueza oculta a buen recaudo y amnistía fiscal que no ha conseguido aflorar la riqueza oculta ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a su gente. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3 por ciento) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción supone para obras innecesarias. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5 mil millones de euros como poco.

El Reino de España es también el que tiene más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: 60 por ciento del total sin sacar partido alguno.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del intocable déficit público impuesto. Puede verse al comprobar que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación, para que cuadren las cifras para la Unión Europea. El Estado español es el que más porcentaje de producto interno bruto dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Cuadrar los números al costo de fastidiar a la gente.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista, integrante de ATTAC/Twitter: @xcanotamayo

[OPINIÓN]

Contralínea 545 / del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017