Urgente, limitar las emisiones atmosféricas tóxicas

Irene Casado Sánchez*/Centro de Colaboraciones Solidarias

Derrames cerebrales, cardiopatías, bronquitis crónica, asma o cáncer de pulmón son algunas de las enfermedades relacionadas de manera directa con la contaminación atmosférica. Si no se ponen en marcha medidas drásticas, entre 2020 y 2029, 71 mil personas podrían fallecer en Europa por la mala calidad del aire. Así lo asegura el estudio de Greenpeace Carbón tóxico: impactos sobre la salud y la economía de unos límites de contaminación insuficientes.

Los límites de contaminación atmosférica establecidos en el último borrador de la Unión Europea suponen un peligro para la salud pública y el medio ambiente, alerta la organización no gubernamental. Según apunta el estudio de la organización, “bajo el marco de la Directiva de Emisiones Industriales, la Unión Europea esta? actualizando los límites de emisiones atmosféricas de las grandes instalaciones industriales, incluyendo las centrales térmicas de carbón y de lignito”, y no para bien. Sin restricciones ni técnicas de control, las muertes por enfermedades pulmonares y cardiovasculares podrían multiplicarse. Los casos de bronquitis aguda y los ataques de asma afectarían de forma violenta a la población más frágil, la infancia.

 “Las emisiones procedentes de las centrales térmicas de carbón de la Unión Europea fueron responsables de 22 mil 300 muertes prematuras en 2010”, recuerda un estudio de la Universidad de Stuttgart para Greenpeace publicado en 2013. La exposición a las partículas tóxicas se ha convertido en la mayor amenaza ambiental contra la salud en el Continente Europeo. La contaminación del aire no sólo aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardiacas y respiratorias, también acorta la esperanza de vida entre 6 a 12 meses en la mayor parte de los países de la región.

Este dramático panorama puede sortearse. “Los fallecimientos y enfermedades, así como los costos resultantes, se pueden evitar si la Unión Europea cumple su cometido”, apunta Greenpeace. Establecer unos “estándares responsables” y emplear “las mejores técnicas disponibles en las centrales de lignito y carbón bajo condiciones económicas viables” son los pilares fundamentales para evitar esta catástrofe ambiental.

En este mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuesta por “el uso de técnicas que prevengan o reduzcan las emisiones y, por tanto, mejoren la calidad atmosférica europea”. No permite concesiones un escenario que promete acabar con miles de vidas.

En el centro de esta polémica se encuentra el Proceso de Sevilla. Se trata de una cadena de toma de decisiones destinada a establecer los nuevos límites europeos sobre las emisiones atmosféricas tóxicas: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, mercurio y partículas en suspensión. Una vez aprobada, esta normativa será vinculante durante los próximos 10 años. “El proceso de la Unión Europea no tiene en consideración los grandes costos y el impacto negativo que supondrán unos límites insuficientes contra la contaminación atmosférica”, recalca Greenpeace en su estudio. Según la organización, la línea que impone la Unión Europea no se basa en la protección de la salud pública, sino en evitar “proponer unos límites de emisión que obliguen a los operadores de las centrales a realizar grandes inversiones”.

El carbón es desde hace siglos una de las principales fuentes de energía. Energía a cambio de un daño irreparable en la salud y el medio ambiente. Greenpeace y la Oficina Europea de Medio Ambiente han instado a la Unión Europea a eliminar de forma progresiva el carbón y a “liderar el cambio hacia un futuro rentable basado en un sistema ciento por ciento renovable”.

Si no se invierte en las técnicas necesarias para frenar y reducir la contaminación, las consecuencias pasarán, literalmente, factura. Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el aumento del riesgo sanitario por contaminación atmosférica costaría cerca de 52 mil millones de euros a la ciudadanía europea a lo largo de 10 años. Idear normativas que favorecen a corto plazo a la gran industria del carbón supone poner en peligro la salud pública en un futuro muy cercano. Invertir en la mejora de las técnicas de control es asegurar o, al menos, tratar de proteger el bienestar de millones de ciudadanos. Aún es posible evitar la catástrofe. La Unión Europea tiene la responsabilidad en sus manos.

Irene Casado Sánchez*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista

[OPINIÓN]

Contralínea 441 / del 15 al 21 de Junio 2015