Vigilancia contra la libertad

Irene Casado Sánchez*/Centro de Colaboraciones Solidarias

Amnistía Internacional y Liberty & Privacy han denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al gobierno británico por su política de vigilancia y espionaje. Pero Reino Unido no es el único país que viola la privacidad y la libertad de expresión de forma masiva. Hace sólo unas semanas la sociedad francesa se movilizaba contra el proyecto de ley destinado a legalizar las mismas prácticas.

El programa de vigilancia británico conocido como Tempora, así como la Loi Renseignement, en el caso francés, permiten al Ejecutivo acceder a cantidades ingentes de información de millones de personas. Facebook, YouTube, Google o Twitter dejan de ser redes personales y privadas para convertirse en escaparates a la vista de los servicios de inteligencia y comunicaciones. “La vigilancia masiva es una violación de nuestros derechos fundamentales" denuncia Carly Nyst, directora de Asuntos Jurídicos de Privacy International–. Interceptar millones de comunicaciones todos los días y recibir en secreto millones más de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos por la puerta trasera es innecesario y desproporcionado”.

Ambos gobiernos se han servido del miedo de la población para justificar sus leyes abusivas. “El gobierno afirma constantemente: ‘Confíen en nosotros, actuamos en interés de la seguridad nacional’”, apunta Nick Williams, asesor jurídico de Amnistía Internacional. Ante la amenaza terrorista, la desconfianza o el miedo a un posible atentado, una ley de vigilancia parece necesaria y justificable; sin embargo, “la seguridad nacional y los derechos humanos fundamentales no son mutuamente excluyentes”, recalca Williams.

La era de la comunicación, del progreso, la época que ha democratizado el acceso a la información, ahora amenaza la libertad y la intimidad. Desde que Edward Snowden denunciara las prácticas de vigilancia masiva indiscriminada, éstas no han cesado, y la preocupación de los gobiernos se ha centrado en justificarlas.

Se legaliza así la violación de derechos fundamentales como la vida privada y la libertad de expresión. “Esta ley impone una sociedad bajo vigilancia. Aprovechando el potencial técnico de la revolución digital y las oportunidades políticas que ofrece la sensación de seguridad, esta ley autoriza al Estado más profundo, a la parte más oscura del Poder Ejecutivo que no tiene rostro y nunca rinde cuentas, a espiar a todos y cada uno, en cualquier momento y en cualquier lugar”, denuncia Edwy Plenel, fundador del diario digital Mediapart, con respecto del proyecto de ley francés.

Las prácticas de vigilancia masiva son “contrarias al derecho humano a la privacidad, a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación”, principios garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, apunta Amnistía Internacional en su demanda contra el Ejecutivo británico. La normativa británica, así como el proyecto francés de vigilancia masiva, permite la recopilación y la conservación indiscriminada de información recopilada de ordenadores, teléfonos o tablets, en definitiva, de todos los dispositivos tecnológicos personales que forman parte de la vida cotidiana.

Estas leyes abusivas no sólo ponen en riesgo la vida privada de millones de ciudadanos, también entorpecen la labor de organizaciones destinadas a proteger los derechos humanos y el trabajo de los periodistas. Si bien los servicios de inteligencia tendrán acceso a cantidades ingentes de información de carácter personal, se limitará la consulta de información de interés público y se desprotegerá a las fuentes confidenciales que facilitan el trabajo de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

 “Al cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía, el gobierno no debe hacer dejación de sus demás obligaciones para con los derechos humanos, y ha de permitirnos someterlo a escrutinio público y pedirle cuentas”, señala el asesor jurídico de Amnistía Internacional. La responsabilidad de todo gobierno es proteger los derechos de sus ciudadanos y su seguridad. Ambas tareas son compatibles, y la subordinación de una sobre la otra no es justificable. Si la era de la comunicación ha sido, hasta ahora, símbolo de progreso, ningún poder estatal puede abandonar y magullar la libertad de su sociedad. Ni el pánico, ni la oportunidad política deben pasar factura a la libertad, pues no hay mayor amenaza para ésta que un Estado securitario que viola derechos fundamentales y desdeña a su pueblo.

Irene Casado Sánchez*/Centro de Colaboraciones Solidarias

 

 

*Periodista

[Sección: Opinión]

 

 

 

Contralínea 438 / del 25 al 31 de Mayo 2015