Más que la elección del próximo gobernador y los integrantes del Congreso local, lo que se definirá en los comicios del próximo 3 de julio en Coahuila es la continuidad o la cancelación del régimen de la familia Moreira Valdez en el poder. Y es que el candidato aliancista Rubén Moreira Valdez, quien de acuerdo con Consulta Mitofsky cuenta con el 60 por ciento de la preferencia electoral, es hermano del mandatario con licencia Humberto Moreira Valdez, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De ganar Rubén, el actual interinato de Jorge Torres López sería el único obstáculo para que el traspaso del poder estatal se diera entre los hermanos Moreira Valdez. Mas el triunfo de uno de los hijos de Evangelina Valdez y Rubén Humberto Moreira garantizaría la continuidad en la forma de gobernar que el estado ha tenido desde 2005, cuando otro de sus vástagos, Humberto, llegó al poder. “Serían seis años de más de lo mismo: más inseguridad e injusticia, más impunidad, más ausencia de la división de poderes, más uso faccioso de los recursos públicos y de los programas sociales, más deuda pública, más opacidad”, considera Rosa Esther Beltrán Enríquez, periodista y profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec). En opinión de la maestra en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, el triunfo de Moreira Valdés también implicaría la continuación del triunfalismo gubernamental o, como ella lo define, “solipsismo político”. Pero es precisamente esta jactancia a la que apela el candidato Moreira Valdez para ganar adeptos. Tan sólo su eslogan de campaña, “Más mejor, más Moreira, mejor Coahuila” (sic), evidencia la pretensión de que se le asocie, positivamente, con la administración de su hermano. El maestro Lerins Varela Castro, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Uadec, no ve con malos ojos una sucesión de facto entre los hermanos Moreira Valdez. Por el contrario, arguye que la herencia de los cargos públicos entre familiares es una práctica común a nivel municipal y que incluso se da en el ámbito legislativo. El integrante del Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC) concibe estos mecanismos de traspaso del poder como parte de la “cultura política” mexicana. “Para muchos en términos éticos o morales puede ser una cuestión que no debe ser, pero no hay nada legalmente que lo impida”, justifica. Pero para Beltrán Enríquez la llegada de Moreira Valdez al gobierno significaría no sólo la continuidad de un régimen en el que prevalecieron la opacidad, la corrupción y el derroche de recursos públicos, sino que supondría el encubrimiento de la administración de su hermano. Según señaló el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Ulises Orta Canales, ante el congreso local, Moreira Valdez elevó la deuda pública del estado a casi 8 mil millones de pesos. Aunque el gobierno coahuilense ha presumido la vasta erogación de recursos públicos en programas sociales, informes de la Auditoría Superior de la Federación descubren que entre 2006 y 2009 hubo irregularidades en el manejo de los recursos transferidos a través de los fondos para la Infraestructura Social Estatal, de Aportaciones para los Servicios de Salud y de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. Entre las anomalías detectadas se enlistan pagos que no corresponden con los objetivos de los fondos, entrega de recursos a personal no vinculado con el propósito de éstos y transferencias a cuentas estatales que no se reintegraron. “Si Rubén ganara, ¿estaría dispuesto a fiscalizar las cuentas públicas de la administración de su hermano?”, se cuestiona la académica.
Rubén Moreira Valdez, candidato de la coalición del PRI y los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Social Demócrata y el local Primero Coahuila, inició oficialmente su campaña electoral el pasado 16 de mayo. Pero la maniobra para que los Moreira Valdez se sucedieran en el poder había comenzado desde la llegada de Humberto a la gubernatura, en diciembre de 2005. Para entonces, su hermano Rubén ya había ocupado cargos públicos en las secretarías de Gobierno y de Educación Pública estatales, así como en el Consejo Estatal Electoral. Durante la gestión de Humberto, Rubén Moreira fue subsecretario de planeación educativa y subsecretario de asuntos políticos del gobierno estatal, y más tarde fungió como presidente del comité estatal del PRI. El exdirector y profesor de la FCPS de la Universidad Autónoma de Coahuila, Roberto López Franco, refiere que fue entonces cuando el “grupo Moreira” puso en marcha una estrategia de acercamiento con los sectores sociales más bajos en todo el estado. Dentro de ese grupo, López Franco identifica no sólo al exgobernador y a Rubén, sino a todos los hermanos Moreira Valdez y a sus colaboradores, quienes desde entonces comenzaron a configurar un “proyecto político de largo alcance” para los siguientes 12 años. El politólogo afirma que los programas sociales impulsados por Humberto Moreira Valdez tuvieron un impacto “muy positivo”, lo cual se demuestra en que no hay quien se oponga a que sea su hermano quien ahora se postule como candidato a la gubernatura. Beltrán Enríquez disiente de esa valoración. De acuerdo con la socióloga, la estrategia de los Moreira consistió en construir minuciosamente una estructura de apoyo social y electoral, dirigida sobre todo a los sectores populares, “que es donde se concentra el voto clientelar”. En este engranaje, las mujeres fueron las encargadas de gestionar los proyectos sociales, a los que se empató con el eslogan gubernamental “El gobierno de la gente” a través de denominaciones como “farmacias de la gente”, “agua de la gente”, “condones de la gente”. Además del peculiar colofón, estos mecanismos de apoyo social también se distinguieron por su diseño, basado en los colores institucionales del PRI. En esta estrategia a la que nada escapó, a decir de Beltrán Enríquez, los medios de comunicación también fueron cooptados, cuando no censurados. La colaboradora del diario local Vanguardia, en cuyas puertas estalló una granada el pasado 30 de mayo, expone que los medios son doblemente acallados en la entidad, tanto por las bandas del crimen organizado como por el gobierno local. Moreira Valdez también se aseguró de que su administración no pudiera auditarse, para lo cual dispuso que tanto el secretario de finanzas como el fiscal general del estado continúen en sus cargos hasta el término de la siguiente gestión. “Así que la rendición de cuentas será más que imposible; el saqueo de las arcas públicas continuará sin posibilidades de que haya alguien que lo detenga, como hasta ahora”, augura la profesora universitaria y exconsejera electoral del Consejo Local de Coahuila del Instituto Federal Electoral. Pero además de garantizar la opacidad de su gestión, el profesor Moreira Valdez también aprovechó los cinco años en el cargo para incorporar a todos sus hermanos a la gestión pública. Su hermano Álvaro despacha actualmente como secretario de Desarrollo Social en el municipio de Saltillo, mientras que su hermana Monserrat es titular del programa Sí a la Vida, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal. Descendientes de maestros, cinco de los vástagos Moreira Valdez han ocupado puestos relacionados con el magisterio local. Dos de ellos han sido Humberto y Rubén, y los otros Elisa, Iván y Carlos Ariel. La hermana se encarga del área para jubilados, pensionados y adultos mayores en la Secretaría de Educación estatal e Iván se desempeña dentro del Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio. Carlos Ariel ocupa actualmente el cargo de secretario general de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Durante el mandato de su hermano Humberto, tuvo el mismo puesto pero en la sección 5 de dicho sindicato, cuya lideresa, Elba Esther Gordillo, sostiene una relación cercana con Humberto Moreira.
Tratándose de una entidad históricamente priista, con niveles de abstencionismo por arriba del 50 por ciento del electorado y en donde la izquierda política se encuentra prácticamente ausente, la única oposición partidista que Moreira Valdez tiene en Coahuila es la de Guillermo Anaya Llamas. Se trata del candidato de la coalición Coahuila Libre y Seguro, que sostienen el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC). Aunque de acuerdo con Consulta Mitofsky la preferencia electoral de Anaya Llamas es de apenas 15 por ciento, el panista es el único de los cuatro candidatos al gobierno que ha ejercido un contrapeso en la balanza electoral, notoriamente cargada a favor del PRI. En esta contienda, tanto Genaro Fuantos Sánchez, candidato del Partido de la Revolución Democrática, como Jesús González Schmal, representante de los partidos del Trabajo y Convergencia, prácticamente han quedado a la deriva. Pero además de ser los dos únicos contrincantes reales, Moreira Valdez y Anaya Llamas comparten el haber dejado sus encargos como legisladores para contender por el gobierno del tercer estado más grande del país y que alberga a 2.4 por ciento de la población nacional (2 millones 748 mil habitantes). Otra coincidencia entre los candidatos es que a ambos se les percibe fuertemente respaldados por sus respectivos partidos: a Moreira Valdez por su parentesco con el dirigente nacional del PRI y al panista por su compadrazgo con Felipe Calderón Hinojosa. A decir del profesor López Franco, la relación del exsenador panista con el mandatario es meramente una filiación personal, por lo que no avizora en ese vínculo un hermanamiento ideológico ni una estrategia electoral. Sin embargo, la estrecha relación que sostienen ambos panistas ha motivado la suspicacia de los priistas coahuilenses, quienes incluso han acusado un “intervencionismo” del gobierno federal en la maniobra electoral de Anaya Llamas. A los señalamientos de una fastuosa campaña –que no ha sido exclusiva de los panistas–, se han sumado imputaciones de que el gobierno calderonista estaría financiando una “guerra sucia” en contra del candidato priista. Calderón Hinojosa se convirtió en compadre de Anaya Llamas en agosto de 2006, cuando aceptó apadrinar el bautizo de la hija del exdiputado federal y local y exalcalde de Torreón. De acuerdo con el reportaje “Infiltración total”, que la reportera Patricia Dávila publicó en la edición 1583 de la revista Proceso, entre los invitados a ese evento se encontraba Sergio Villarreal Barragán, capturado el pasado 12 de septiembre por supuestamente ser operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El texto consigna que Villarreal Barragán es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, quien es hermana de Guillermo Anaya Llamas. Por la publicación de esta información, ocho meses más tarde el entonces senador demandó al corresponsal del semanario en Nuevo León, Arturo Rodríguez García, por supuesto daño moral. De acuerdo con la agencia de noticias de Proceso, Apro, la demanda contra el corresponsal se justificó porque al final del texto se lee “Con información de Arturo Rodríguez”, lo que a Anaya Llamas le bastó para inferir que se trataba del autor de toda la publicación. Ni en su demanda ni durante todo el proceso judicial, el ahora candidato a gobernador negó su parentesco político con Adolfo Villarreal, “sino sólo la presencia de Sergio Villarreal en el bautizo, pero ésta no fue literalmente afirmada en el reportaje”, consigna la agencia. En su demanda, Anaya Llamas citó los artículos del Código Penal relativos a difamación y calumnias. Para entonces, esos apartados habían sido derogados e incluso su compadre Calderón se había jactado de su supresión, lo que evitaría que los periodistas fueran perseguidos mediante mecanismos judiciales.
Además de las acusaciones de intromisión por parte de Felipe Calderón en el proceso electoral, la presencia de Antonio Solá Reche como asesor de campaña de Anaya Llamas ha abonado a las sospechas priistas de que el equipo del panista promueve una “guerra sucia” en contra de su candidato. Solá Reche, publicista de origen español y a quien se le vincula con la derecha política de su país, fue el encargado de la “campaña negra” que durante la contienda electoral de 2006 señaló a Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia, de ser “un peligro para México”. A decir de los priistas, ahora el español sería el artífice de la campaña “Di no al hermano”, que a través de volantes, pulseras, calcomanías y espectaculares exponen sus razones para oponerse a la candidatura de Moreira Valdez. Una organización civil llamada Voluntarios Unidos por Coahuila se ha adjudicado la autoría de tal maniobra, la cual comenzó a difundirse antes del arranque oficial de las campañas electorales y que se ha tratado de vincular con el PAN local. En su página en la red social Facebook, la agrupación se define como “un grupo de voluntarios que solo deseamos un coahuila mejor, y expresamos nuestras ideas y puntos de vista, sobre un gobierno que no se hereda, ni queremos un gobernador que solo vea por sus intereses y los de su familia” (sic). El 10 de mayo pasado, Julio César Adalpe y Luis Alberto Zavala Díaz se presentaron ante los medios locales como integrantes de dicha asociación, a fin de desvincularse del PAN, y señalaron a Edmundo Amaya Quiroz como el impulsor de la campaña. Amaya Quiroz habría sido responsable regional del catastro al inicio de la administración de Humberto Moreira Valdez, cargo del que fue cesado en julio de 2006 por supuestas irregularidades, como pedir sobornos, de acuerdo con la nota publicada el 11 de mayo por Violeta Rodríguez en el periódico Vanguardia. La respuesta del PRI a la “guerra sucia” no se ha hecho esperar. Aunque en su arranque de campaña Moreira Valdez se comprometió a un “juego limpio”, los priistas también han arremetido con acusaciones contra el PAN. Una de ellas provino justamente del dirigente del PRI, quien denunció a Acción Nacional de extorsionar a empresarios para condicionar su voto. El pasado 11 de junio, durante una rueda de prensa el diputado local priista Francisco Tobías Sánchez acusó que la campaña “Di no al hermano” habría sido financiada o por el gobierno federal o por el crimen organizado. En su intervención, Tobías Sánchez también aseguró que a la entidad había llegado personal de la Secretaría de Gobernación y del Centro de Investigación en Seguridad Nacional “totalmente equipados para intervenir conversaciones telefónicas y otras tácticas de espionaje” (sic).
En este escenario de confrontaciones, la autoridad electoral, representada en el estado por el IEPC, prácticamente ha estado ausente. Apenas el pasado 14 de junio, el Instituto sancionó a la coalición Coahuila Libre y Seguro, al PAN y a Anaya Llamas por actos anticipados de campaña y por distribuir propaganda electoral en edificios públicos. Las quejas que el IEPC valoró procedentes, y que fueron presentadas por el Partido del Trabajo local, derivaron en multas por más de 1 millón de pesos. Pero en contraste, el órgano autónomo se ha mostrado omiso en investigar la coacción del voto que tanto el PRI como el PAN ejercen a través de sus tarjetas llamadas “Más Mejor” y “La Poderosa”. En un modelo también socorrido en otras entidades donde el próximo 3 de julio habrá elecciones, las tarjetas se anuncian abiertamente como canjeables por votos. Aunque el Código Electoral de Coahuila establece que el voto es libre y secreto, y prohíbe actos que generen presión o coacción de los ciudadanos, el PRI condiciona la entrega de los programas públicos (a través de la entrega de su tarjeta) sólo si Moreira Valdez resulta ganador. La promesa de Anaya Llamas es que con su tarjeta los coahuilenses recibirán 1 mil pesos una vez que él haya ganado.
A decir del maestro López Franco, el próximo gobernador de Coahuila va a recibir un estado “en cierta armonía, con una estabilidad social muy fuerte y con indicadores económicos hasta este momento sólidos”. En efecto, hay datos que apoyan la opinión de López Franco, pues Coahuila es una de las entidades con menores niveles de marginación, presenta altos índices en educación y servicios de salud y ocupa el séptimo lugar como entidad con más alto valor en el sector industrial. Sin embargo, también se trata de uno de los estados más vulnerados por la inseguridad y la violencia que ha generado el enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano, que supuestamente los combate. Ello ha derivado en otros problemas como las extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas, tanto de coahuilenses como de migrantes que transitan por la entidad en su camino hacia Estados Unidos. El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, señala que en poco más de un año han registrado 180 desapariciones. Y la cifra se refiere tan sólo a los casos que llegan al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, adscrito a la diócesis de dicha ciudad. Vera López, quien es reconocido por su labor de defensa de los derechos humanos, define a la inseguridad y a la impunidad como la tónica actual de Coahuila. Aunque el prelado no desestima que la información que actualmente se difunde sobre la inseguridad en el estado tenga visos electorales, recalca que se trata de una realidad que ya existía pero que se callaba. Ahora, considera, “es imposible invisibilizarlo”. La inseguridad también ha vulnerado el ejercicio periodístico en el estado. De acuerdo con el informe Violencia en México y el derecho a la información, publicado por Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social, entre 2007 y 2011 tres reporteros fueron asesinados en Coahuila, uno más se encuentra desaparecido y otro fue exiliado por amenazas, además de que cuatro fueron privados arbitrariamente de su libertad y liberados una semana después. En la entidad también se han registrado ataques a las instalaciones de medios de comunicación, entre ellos el periódico Zócalo y El Sol de la Laguna. El control que ha ejercido el gobierno local sobre la prensa también ha vulnerado el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad. Durante la administración de Moreira Valdez, el caso más evidente de silenciamiento de la prensa fue el cierre del diario Palabra a finales de 2008, debido a su postura crítica sobre la gestión del exgobernador. Entre los pendientes que tendrá que resolver el nuevo gobernador también están los casos de las 13 sexoservidoras que fueron violadas por miembros del Ejército Mexicano en el municipio de Castaños, así como el de la muerte de 65 mineros a causa de una explosión en Pasta de Conchos, a las que se han sumado los decesos de otros 61 mineros. Todos éstos, impunes durante el mandato de Moreira Valdez. Ante lo que se perfila como el triunfo del hermano del exgobernador, la socióloga Beltrán Enríquez se lamenta de que el modelo utilizado en Coahuila para asegurarle un triunfo al PRI sea replicado en todo el país. “Es un modelo que significa degradación. Es una amenaza para la exigua democracia que los mexicanos hemos alcanzado con tanto sacrificio y con alto costo económico”. Concluye: “Los Moreira van por el botín y nada más”. Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011
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