Irregularidades detectadas en 2002 marcan la carrera de la actual funcionaria encargada de integrar, actualizar y depurar el padrón electoral del país, que comprende a más de 81 millones de votantes. Con dos sanciones y amonestaciones en su paso por el Instituto Electoral del Distrito Federal, Marisela Montoya Jiménez escala cargos en el IFE con la venia del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita
Sería el segundo cargo de importancia que ocuparía en el órgano electoral luego de haber sido suspendida como servidora pública en dos ocasiones al detectarse diversas irregularidades administrativas en 2002, cuando fungía como directora de Tesorería del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Los expedientes UCI/RESP/007/2002 y UCI/RESP/005/2002 –de los que Contralínea posee copia– indican que la extitular administrativa formó parte de un grupo de funcionarios que realizó pagos anticipados indebidamente, así como el pago de facturas apócrifas mientras se desempeñaban como funcionarios locales. Por lo que fue sancionada y amonestada públicamente por la Contraloría Interna del instituto local.
Desde octubre de 2010, Montoya Jiménez es la encargada de integrar, actualizar y depurar el padrón electoral. Una de sus labores es acreditar las credenciales de los más de 81 millones de electores que podrían hacer válido su voto en 2012.
El 5 de noviembre de 2002, la Contraloría Interna del IEDF realizó la recomendación AEP-112-00-08-IEDF para que se llevara a cabo la revisión de la Cuenta Pública de 2000, para aclarar pagos anticipados a la empresa Lisara, por un monto mayor a los 2.5 millones de pesos.
Lo anterior contravenía las “condiciones de pago” de las bases de licitación LPN-IEDF-03/2000, ya que los pagos a Lisara, por 2 millones 158 mil 700 pesos y 320 mil 700 pesos, no estaban en las bases y no fueron informados a las autoridades superiores del Instituto.
Entre los implicados en esta irregularidad, también se encontraban Jorge San Vicente Garibay y Alejandro Delint García, entonces exdirector de Adquisiciones y Servicios Generales y exdirector de Asuntos Jurídicos, respectivamente.
Según el expediente, San Vicente Garibay fue quien autorizó el trámite de pagos anticipados por 2 millones 4 mil 78 pesos a la empresa Lisara, contratada para el alquiler de 404 vehículos que serían utilizados durante la jornada electoral de 2002. Este exfuncionario también omitió rescindir el contrato con la compañía, toda vez que el proveedor no reflejaba la capacidad financiera para prestar el servicio.
Delint García, por su parte, fue quien suscribió el contrato de arrendamiento CAM- 007-00, el 24 de junio de 2000, por más de 2.4 millones de pesos, sin que éste estuviera contemplado en las bases de la licitación.
El monto por el que la Contraloría Interna abrió el expediente se suma a los contratos millonarios que el IEDF firmó con la empresa, “sin capacidad financiera”. La suma total en ese ejercicio presupuestal llegó a 8 millones 522 mil 709 pesos.
Con estas operaciones, ambos funcionarios quedaron fuera del ejercicio en el servicio público, inhabilitados y sancionados públicamente. No obstante, Marisela Montoya Jiménez continúo escalando puestos en cargos públicos, una vez concluida su sanción, por 30 días, al encontrarse responsable de autorizar el pago de los anticipos, sin pedir la evidencia documental que requería el pago por casi 2.5 millones de pesos.
La segunda investigación que involucra a Montoya Jiménez consta en el oficio IEDF/UCI/DA/DICTAMEN-01-2002, del 23 de de julio de 2002. El expediente también fue abierto por la Contraloría Interna del órgano electoral del Distrito Federal.
El documento indica que una factura expedida por 44 mil 390 pesos a favor de la empresa Grupo Aseban era apócrifa y había sido autorizada para su pago por Montoya Jiménez en calidad de directora de Finanzas.
La investigación se llevó a cabo luego de que en el proceso de auditoría no se encontró el domicilio de la empresa a la que se le habían pagado más de 44 mil pesos. En esta operación, se implicó a Montoya Jiménez, así como a Antonio Aguilar Aguilar, exdirector ejecutivo de Administración y Servicio Profesional Electoral, y Alejandro Guzmán Pérez, entonces director ejecutivo de Administración y del Servicio Profesional Electoral.
El dictamen de la Contraloría Interna menciona que los servidores son responsables de no cumplir con las funciones del Manual de organización del IEDF, “ya que no supervisaron y controlaron el desarrollo de las actividades en materia del sistema de pagos del Instituto”.
La ahora encargada de coordinar el padrón electoral del país fue encontrada “responsable administrativamente porque giró, como directora de Tesorería, adscrita al IEDF, el cheque 4834, el 24 de enero de 2000, por 60 mil pesos”.
Lo anterior, sin haber requerido del exdirector ejecutivo de Administración el documento con el que se manifestara que los recursos se utilizarían para la realización de gastos sujetos a comprobación, así como no contar con la autorización expresa del secretario ejecutivo para el otorgamiento de los recursos de referencia.
Por estas omisiones, la funcionaria que ahora ostenta un cargo en el IFE fue acreedora de una amonestación pública entonces impuesta por Rigoberto Salgado Beltrán, director de Atención Ciudadana y Responsabilidades de la Unidad de la Contraloría Interna del IEDF.
Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE, critica la falta de transparencia con la que opera este ente autónomo. “Habría que ver qué está haciendo el IFE para ver qué mecanismos de control y transparencia se han instrumentado”, dice.
El exfuncionario y ahora diputado federal por el Partido del Trabajo añade que “cualquier escándalo de exceso administrativo siempre demerita la actuación de la autoridad. Los consejeros deberían ser cuidadosos en esas cosas”.
Eduardo Huchim May, exconsejero del IEDF, añade que hay que hacer una revisión puntual de cómo se están operando los recursos administrativos y económicos en el IFE, toda vez “hay dictámenes que hablan de un desorden administrativo y de la necesidad de restructuración general. Esta corrección no la estamos viendo”.
Ambos expertos concuerdan con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, emitida en 2009: en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos, se opera con “opacidad y un exceso de discrecionalidad”.
Información institucional indica que esta área lleva el orden del padrón electoral, que comprende la afiliación de 81 millones 249 mil 62 electores. De éstos, 42 millones 30 mil 264 son mujeres y 39 millones 218 mil 798 mujeres.
Encargada de “integrar, actualizar y depurar el padrón electoral, proporcionar la Lista Nominal de Electores, expedir a los ciudadanos la credencial para votar con fotografía, mantener actualizada la Cartografía Electoral para la ubicación geoelectoral del ciudadano y realizar el seguimiento a la operación de los órganos de vigilancia, en los que participan las representaciones de los partidos políticos”.
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